ical1 Los primeros antecedentes de la puesta en marcha de un mecanismo de control sobre las cuentas públicas en los reinos de Castilla y León se remontan a los siglos XIV y XV. Las Cortes de Palencia de 1313 hacen ya referencia al oficio especial de "Tomador de Cuentas" y es, precisamente en esa época, cuando surgen órganos como la Contaduría Maior de Contas o la Casa de Cuentas de Valladolid. La necesidad de poner en orden las cuentas reales da lugar en la época medieval a la aparición de una serie de instituciones cuya tarea estaba más dedicada a la ordenación y control de ingresos que al control del gasto. En las Cortes de Valladolid de 1351, reunidas por Pedro I, se alude a unos oficios reales a los que se da el nombre de "Contadores", que en el reinado de Juan I pasan a ser los "Contadores Mayores". Es en el reinado de Juan II cuando la institución alcanza una regulación más completa, lo que se reflejará en distintas ordenanzas: la de 1436 crea la Casa de Cuentas de Valladolid, la de 1437 organiza la Contaduría Mayor de Cuentas y la de 1442 establece la ordenación y control del gasto.

La regulación contenida en las Ordenanzas de Juan II se sustituirá por la que Felipe III llevó a cabo en 1605. Sin embargo, hasta la Constitución de Cádiz de 1812 no cambiará el antiguo concepto de rendición de cuentas al Rey por el de rendición de cuentas al pueblo. En 1851 aparece la primera institución cuya única misión es la fiscalización financiera de la Administración Pública, el Tribunal de Cuentas. Posteriormente, la Constitución de 1876 y la de la Segunda República (1931) recogen también la figura de este Tribunal. Igualmente, en 1870, se había creado el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública que integraba tanto las funciones de control externo como las de control interno del sector público.

ical2 El advenimiento de la democracia impulsó definitivamente la creación tanto del actual Tribunal de Cuentas como del resto de los Órganos Autonómicos de Control Externo (OCEX). La Constitución de 1978, dentro de la sección dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos, establece los criterios a los que han de someterse los ingresos y los gastos públicos y señala, que "el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficacia y economía". Esta norma resulta especialmente relevante para comprender la función fiscalizadora de un órgano de control externo incardinado en un Parlamento Autonómico, como es el caso del Consejo de Cuentas de Castilla y León, institución que, a través del resultado de sus informes, facilita a las Cortes el ejercicio del control político de la ejecución presupuestaria. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado en 1983, contempla en su artículo 90 la institución del Consejo de Cuentas que, dependiente de las Cortes, “realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Castilla y León, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución”.

En 2002 las Cortes aprueban la Ley reguladora del Consejo de Cuentas y en febrero de 2003 (primera imagen) toman posesión de sus cargos los cinco miembros que configuraron el primer Pleno del Consejo: (I a d) Emilio Sierra, Pedro Martín, Miguel Ángel Jiménez, César Huidobro y Antonio de Meer. Posteriormente, en el mes de abril, (segunda imagen) Pedro Martín tomaría posesión como primer presidente del organismo autonómico de fiscalización. En 2011 Las Cortes modificaron por ley la organización y funcionamiento del Consejo, quedando desde entonces reducido su Pleno de cinco a tres consejeros. Desde marzo de 2012 lo integran Jesús Encabo, que ocupa la Presidencia, Miguel Ángel Jiménez y Emilio Melero.