301 ayuntamientos de Castilla y León presentan incumplimientos reiterados en rendición de cuentas en el periodo 2014-2019
- El Consejo de Cuentas publica el informe anual sobre las cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2019
- El 60,6% de los ayuntamientos que rindieron cuentas (944 de 1.559) validaron sus presupuestos fuera de plazo, pero más del 80% los liquidaron en plazo legal
El objetivo de esta fiscalización de mandato legal es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna. Asimismo, presenta las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras del sector público local. Además, verifica el cumplimiento de la obligación de remisión de información sobre la contratación administrativa.
Rendición de cuentas. El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.747 entidades locales y 181 entes dependientes. A fecha de 21 de enero de 2021 (plazo de rendición ampliado por la normativa especial dictada en el marco de la pandemia COVID-19) 2.705 entidades locales rindieron la cuenta general del ejercicio 2019, que representan el 57% del total. En relación al ejercicio 2018, se produce una disminución de la rendición en plazo de 1,5 puntos porcentuales.
Atendiendo al tipo de entidad, el mejor nivel de rendición corresponde a los ayuntamientos, con el 69%, que experimenta un incremento de 3,6 puntos porcentuales. Aumenta en todas las provincias, con la única excepción de León. El aumento más significativo se registra en Zamora, con 13 puntos, destacando también el aumento de la rendición en plazo de Burgos, Soria y Valladolid.
La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas, pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional (64,7%), pero alejados de los mejores resultados (tres comunidades superan el 80%). En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas. La Comunidad de Castilla y León ha comenzado a aplicarlas este año.
En referencia a los incumplimientos, tomando como referencia el periodo 2014-2019, hay 301 ayuntamientos, el 13% del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios y, entre ellos, 27 que no han rendido ninguno. De estos últimos, 5 ayuntamientos tienen entre 500 y 1.000 habitantes y los 22 restantes son menores de 500 habitantes.
En cuanto a la evolución de la rendición de cuentas de las entidades locales menores, se produce un retroceso interanual de siete puntos porcentuales, situándose en el 52%.
Análisis de las cuentas. Entre las 868 cuentas del ejercicio 2019 que han sido objeto de revisión, inicialmente solo 225 se presentaron completas y sin incidencias, y las 643 restantes contenían incidencias de diversa índole, que fueron comunicadas a las entidades locales. Tras el proceso de subsanación de incidencias por las entidades correspondientes, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 268, esto es, el 31% de las revisadas.
En cuanto a la naturaleza de las incidencias, un 41% son de carácter formal y están relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario y contable, y el resto, definidas como sustanciales, tienen que ver con la coherencia de la información (38%) e integridad de la misma (21%).
Principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras. En cuanto a la liquidación presupuestaria, en conjunto, las 2.705 entidades locales que rindieron cuentas reconocieron obligaciones (gastos) por importe total de 2.011 millones de euros, lo que en relación a los derechos reconocidos (ingresos), por importe de 2.080 millones, arroja un resultado agregado de 69 millones de euros. El 72% de las entidades locales liquidó con resultado positivo, porcentaje que se eleva al 75% en el caso concreto de los ayuntamientos.
Los municipios gestionan en torno al 72% del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 24% del total.
En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, en el 99% de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado un total de 900 millones. Además, en el periodo analizado (2016-2019) presenta una trayectoria ascendente en todos los ejercicios, con un crecimiento global del 27%. Asimismo, los fondos líquidos de tesorería experimentan también una tendencia creciente en el periodo, con un incremento del 29%, hasta alcanzar 980 millones de euros.
En cuanto al pasivo financiero, en 2019 descendió un 12% el importe de la deuda viva de las entidades locales, que de forma agregada sumaba 549 millones de euros al cierre del año. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 49% y a las diputaciones el 20%. La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2015 y 2018 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios, con una disminución global del 31%.
Contratación administrativa. Las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Al cierre de 2020, un total de 1.228 entes del sector público local (26% del total) habían remitido la información contractual, habiéndose producido un descenso con relación al ejercicio anterior de 15 puntos porcentuales.
La información comunicada refleja la formalización en 2019 de 25.024 contratos por las entidades locales de la Comunidad (el 96% de ellos son contratos menores), con un importe de adjudicación de 238 millones de euros.
Recomendaciones. Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos (OCEX) con fecha 21 de junio de 2017: “Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales” y “Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público”.