Se trata de una fiscalización combinada, de cumplimiento y operativa, de carácter horizontal, sobre las actuaciones de los ayuntamientos en materia medioambiental. De cumplimiento, en cuanto a la verificación de la aprobación por los ayuntamientos de las normas exigibles en materia medioambiental. También es operativa, en la medida que se han analizado las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos y la eficacia alcanzada. Además se han analizado los programas presupuestarios destinados a la protección y mejora del medio ambiente y aquellos otros que pudieran estar relacionados con los mismos.
De acuerdo con ello, se presentan los siguientes objetivos específicos:
1) Se verificará el cumplimiento y aplicación por los ayuntamientos de la normativa medioambiental y su plasmación, en el marco de sus competencias, en reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones.
2) Se comprobarán las actuaciones, medidas y políticas existentes en materia medioambiental y la existencia de una planificación al respecto.
3) Se analizará la ejecución de los gastos y programas relacionados con la protección y mejora del medio ambiente así como la existencia de objetivos e indicadores.
