Se trata de una fiscalización a realizar por mandato legal, recogida en el artículo 10.2 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyo objetivo consiste en:
- Verificar el grado de ejecución de los proyectos de los FCI y su adecuada contabilización en 2018.
- Verificar la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores de los FCI, en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados. La comprobación a efectuar versará sobre si la naturaleza económica de los gastos incluidos en las certificaciones base de la última petición de fondos responde a las características exigidas en los artículos 2.2 y 6.2 de la Ley 22/2001.
