Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El plazo establecido legalmente, de carácter excepcional con motivo de la pandemia del COVID-19, finalizó ayer
•  El Consejo de Cuentas insta al cumplimiento de esta obligación a todas las entidades locales que no lo han hecho dentro del plazo
• El informe anual sobre el sector público local incluirá todas las cuentas presentadas hasta el próximo 31 de enero

Un total de 1.559 ayuntamientos de la Comunidad ha presentado las cuentas del ejercicio 2019 dentro del plazo legalmente establecido, que finalizó ayer. El cumplimiento de esta obligación legal alcanza así al 69% de los municipios, lo que representa tres puntos porcentuales de mejora respecto al anterior ejercicio.

Aunque con carácter ordinario la fecha legalmente estipulada en Castilla y León es el 31 de octubre siguiente al ejercicio objeto de rendición, la situación excepcional de la pandemia ha motivado en esta ocasión un aplazamiento de casi tres meses para facilitar el cumplimiento de esta obligación al conjunto de las 4.749 entidades que conforman el sector público local de la Comunidad.

Del total de entidades locales de la Comunidad (ayuntamientos, entidades locales menores, mancomunidades, diputaciones y comarca), 2.705 han presentado su cuenta general, lo que representa un 57%, dos puntos porcentuales menos que en el ejercicio precedente.

A pesar de haber finalizado el plazo, el Consejo remitirá un nuevo escrito a todas las entidades locales de la Comunidad que no han rendido la cuenta general de 2019, recordando que el cumplimiento de esta obligación atiende al principio de transparencia que debe presidir la gestión de las administraciones públicas.

Por ello, el Consejo insta a las entidades que no han presentado sus cuentas en plazo, a que las tramiten en todo caso antes de finalizar el presente mes de enero para poder realizar adecuadamente su función fiscalizadora en el “Informe anual sobre las cuentas del sector público local”.

El llamamiento tiene este año una especial relevancia para llevar a cabo las auditorías relacionadas con el impacto de la pandemia del COVID-19 previstas en la propuesta del Plan Anual de Fiscalizaciones presentado por el Consejo de Cuentas para su aprobación a las Cortes de Castilla y León.