Amilivia apela a una reflexión sobre la oportunidad de una reforma normativa que valore el encaje institucional de la AICCYL
- Dada su adscripción e independencia, señala que "lo más lógico sería una reforma que contemplase la regulación de la competencia directa sobre prevención por el propio Consejo de Cuentas o, en caso contrario, la plena autonomía, también orgánica y presupuestaria, de la Autoridad"
- Las Cortes acogen el I Seminario sobre los canales internos de denuncia. La carencia de medios y las dudas que provoca la normativa están dificultando la implantación efectiva del sistema
- El consejero Emilio Melero destaca que el control externo ejercido por el Consejo de Cuentas sobre las administraciones locales incide decisivamente en la integridad de estas
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha apelado esta mañana por una reflexión acerca de la oportunidad de una regulación normativa sobre la figura de la Autoridad Independiente en materia de corrupción (AICCYL), que, adscrita al órgano autonómico de control externo, inició su andadura el 11 de junio de 2024 tras el nombramiento de Luis Gracia por la Mesa del Parlamento, a propuesta del propio Mario Amilivia.
Durante casi año y medio, el Consejo de Cuentas ha afianzado el nuevo organismo, no sin dificultades presupuestarias. Sin perjuicio de ello, se preguntó si la adscripción de la Autoridad en el Consejo es el encaje institucional más adecuado.
Y es que, al estar adscrito estrictamente tanto orgánica como presupuestariamente al Consejo de Cuentas y actuando con plena autonomía e independencia, consideró que "parecería más lógica una reforma normativa que contemplase, entre otros aspectos, la regulación de esta competencia directa en materia de prevención por el propio Consejo de Cuentas, o, en caso contrario, la plena autonomía -también orgánica y presupuestaria- de la Autoridad anticorrupción".
En su intervención de apertura del I Seminario sobre integridad en el sector público y canales de denuncia que se ha celebrado en las Cortes bajo la organización de la AICCYL subrayó que el Consejo de Cuentas carece -al contrario que otras comunidades autónomas como Galicia y Canarias- de competencias en materia de prevención de la corrupción.
Argumentó al respecto que los Órganos autonómicos de Control Externo (OCEX) son sin duda "un antídoto contra las prácticas fraudulentas, pero no son estrictamente organismos anticorrupción". Lo que no es óbice -prosiguió- para que "la labor de control externo sea un instrumento fundamental en la garantía de una adecuada gestión de los recursos públicos que, por definición, se debe adecuar a los principios constitucionales de economía, eficacia y eficiencia. Tanto desde el punto de vista legal como desde el de la dimensión ética del servicio público".
Ante ello, la solución ofrecida por los OCEX en relación con la prevención de la corrupción ha sido absolutamente heterogéneo en el ámbito estatal.
Recordó en esta línea que la Directiva de la UE 1937 vino a exigir la determinación de canales de información "externos" con el fin de ofrecer a los ciudadanos una comunicación con una autoridad especializada como cauce para denunciar prácticas irregulares en el sector público con garantías de protección al informante.
Directiva que fue transpuesta en el ámbito estatal con la Ley 2/2023 que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Normativas que han representado un avance significativo en el empoderamiento de la sociedad civil a la hora de hacer frente a dichas prácticas.
La protección del denunciante requiere que los canales internos de denuncia se integren adecuadamente en los Sistemas de Integridad Institucional de la entidad correspondiente, y que se gestionen con independencia funcional para asegurar la actuación de quienes lleven a cabo esas tareas, siguiendo patrones morales y éticos estrictos.
El enfoque central es la protección de quien denuncia, para lo que se requieren procedimientos y garantías, así como un modelo institucional que asegure la independencia del órgano responsable, garantice la confidencialidad, la protección de datos y el secreto en sus actuaciones.
En las comunidades autónomas que ya contaban antes de la aprobación de la Ley 2/2023 con agencias u oficinas en esta materia, estas pasaron a asumir dichas funciones. También ha habido casos singulares: en Galicia, a finales de 2023, se creó la Autoridad Gallega de Protección a la Persona Informante, adscrita al Valedor del Pueblo; en Madrid, el canal externo de denuncias se atribuyó al Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
También, ciertamente singular fue Castilla y León. Con la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas se creó la AICCYL, adscrita al Consejo, dándose cumplimiento a la Directiva UE y a la normativa estatal.
Este organismo actúa como canal externo de denuncias respecto de la gestión administrativa del sector público autonómico y local, tiene potestad sancionadora y también desarrolla funciones de prevención.
De todo ello disertó acto seguido Gracia, de la importancia de que los canales internos se establezcan en las entidades del sector público y se comunique a la Autoridad a tal efecto, ya que, si estos no resultan efectivos, se virará hacia un sistema externo de sanción, administrativa o penal.
En lo que va de año se han tramitado 114 denuncias, algunas de las cuales han sido derivadas a la fiscalía.
En la actualidad, la carencia de medios y las dudas que provoca la normativa, como por ejemplo sobre los derechos acerca de la protección o sobre la aplicación de la propia Ley con relación a las infracciones, están dificultando la implantación efectiva del sistema. De ahí la importancia de esta Jornada, que se ha enfocado en la colaboración con las entidades del sector público obligadas a implementar un sistema interno de información que cumpla con todos los requisitos legales, aclarar las dudas sobre la implantación y funcionamiento de estos sistemas internos y proponer mínimos para el sector público territorial de Castilla y León.
Todo ello, con el objetivo de fomentar la cultura de información en clave de seguridad jurídica y acorde al derecho a una buena administración.
En el año y 5 meses transcurrido desde su nombramiento, el Consejo ha impulsado la puesta en marcha y rodaje de la AICCYL con la incorporación de 4 personas y una quinta plaza ya convocada de los 6 puestos previstos en su plantilla inicial.
Una diligente puesta en marcha, que, como manifestó Amilivia, ha estado afectada por la prórroga presupuestaria en la Comunidad durante el presente ejercicio. Por ello, el Consejo ha tenido que asumir el coste económico del nuevo organismo sin ninguna dotación adicional, "situación que, esperamos, pueda quedar superada con la aprobación de un nuevo presupuesto para la Comunidad".
Las mesas de debate de esta Jornada giraron en torno a la integridad institucional y los sistemas internos de información, con experiencias prácticas de algunos ayuntamientos y universidades.
En la primera de estas, el consejero del Consejo de Cuentas Emilio Melero expuso el destacado papel que ejercen los órganos autonómicos de control externo en la integridad de las instituciones locales.
En el caso específico del Consejo de Cuentas, hace 20 años que aprobó su primer informe, referido a las cuentas del sector público local. Desde entonces, son 311 las fiscalizaciones realizadas, de las cuales, prácticamente la mitad (147) están referidas a entidades del sector público local.
Melero destacó la importancia de la rendición de cuentas como obligación legal para un sector público conformado por casi 4.800 entidades en la Comunidad, lo que no es óbice para que Castilla y León presente valores superiores a la media nacional, situada en el 65%, con un diferencial de 6,1 puntos porcentuales. El consejero valoró en esta línea el apoyo y asesoramiento que vienen realizando las diputaciones provinciales a los pequeños municipios.
Además, anotó que la función fiscalizadora se completa con el posterior seguimiento de las recomendaciones que contiene cada uno de los informes, que son fundamentales para la mejora de la gestión de las Administraciones públicas. Específicamente, en el ámbito del sector público local, el Consejo de Cuentas ha emitido en estos 20 años más de 1.400 recomendaciones para la mejora de la gestión de diputaciones, ayuntamientos y demás entes locales.
A continuación, el vocal del Observatorio de Integridad del Sector Público y director del Gabinete de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Ignacio Sáez, radiografió cómo se está percibiendo la corrupción en el ámbito internacional, al tiempo que achacó el incremento de la desafección ciudadana por la política a los episodios de malas prácticas que estallan en la vida pública.
En la segunda mesa de debate, se expusieron algunas experiencias prácticas sobre los sistemas internos de información.
