Amilivia apunta a un mejor sistema de financiación para Castilla y León como medio para frenar la despoblación
- Los responsables de las instituciones propias de Castilla y León apelaron hoy en Ávila por abordar la despoblación como un "problema de Estado" y atacar la sangría demográfica con medidas económicas, servicios sociales y legislación, invirtiendo en juventud y aprovechando la longevidad como una oportunidad
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha participado en la jornada de debate sobre el reto demográfico en la Comunidad junto con los responsables de las otras instituciones propias de Castilla y León (Consejo Económico y Social, Procurador del Común y Consejo Consultivo). El encuentro se celebró en la Escuela Universitaria de Educación y Turismo en Ávila, organizado por el Grupo Tribuna de comunicación, que lo ha emitido en directo a través de distintas plataformas.
Amilivia significó las ideas fundamentales del informe sobre despoblación aprobado por el Consejo hace dos años, trabajo de fiscalización operativa que analizó las medidas de la Agenda de Despoblación aprobada por el Parlamento autonómico hace dos décadas.
Recordó que la Comunidad ha seguido perdiendo empleo durante estos años, que ha faltado coordinación entre las instituciones para abordar el problema, sin la existencia de una estrategia de carácter global, que en las entidades locales reinaba el desconocimiento sobre las medidas que pudieran adoptarse dentro de la citada Agenda, etcétera. Por todo ello apeló a actuar cuanto antes porque la merma de población es un hecho y la previsión de futuro no es para nada halagüeña.
Concluyó en este sentido que si no hay actividad económica, no se gana población. La población no está vinculada con la prestación de servicios esenciales "que es una condición necesaria pero no suficiente", porque sin movimientos económicos no se puede producir crecimiento poblacional. "Hay que distinguir entre crear población o mantenerla, especialmente en el mundo rural", señaló, al tiempo que subrayó que de resultas de este fenómeno no se debe estigmatizar el territorio. También incidió, tal y como se apunta en el informe, que solo las nuevas oportunidades económicas son susceptibles de crear población, por eso nosotros planteamos la necesidad de desarrollar "proyectos piloto económicos" para distintos lugares del territorio sustentados, si es posible, por todas las administraciones, al tratarse de un asunto de Estado.
En el debate abogó asimismo por un nuevo sistema de financiación autonómica que pondere la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial ya que hay que tener en cuenta que los servicios públicos esenciales representan el desembolso de 84 de cada 100 euros en Castilla y León, y lo que resta es escaso para impulsar infraestructuras y proyectos de desarrollo. Y defendió además la posibilidad de que provincias como Ávila se acojan a los beneficios de un plan de fiscalidad diferenciado, tal y como se está impulsando para otras provincias de la Comunidad y de otras autonomías azotadas por el problema.
Amilivia mencionó también el Plan de Convergencia, apenas puesto en marcha en la Comunidad, como una de las herramientas estatutarias que se deberían impulsar para reducir los desequilibrios en el territorio. También defendió una mayor implicación por parte de las diputaciones provinciales, instituciones que normativamente deben atender a todas las poblaciones de menos de mil habitantes y que presentan con carácter general una más que saneada siituación económica.
Durante el debate se repasó la ausencia de la ordenación territorial en Castilla y León, los efectos de una posible fusión de municipios, y de la necesidad de aprovechar la situación de los potenciales puntos de desarrollo que en sí mismos cuentan con todas las posibilidades, caso de los centros logísticos, o del aprovechamiento de infraestructuras culturales que tendrían un gran efecto en ciudades como Ávila por su cercanía a la capital de España.
