Amilivia apunta la necesidad de un nuevo modelo de financiación para combatir la despoblación porque el presupuesto es "inelástico"
- El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, aboga por la necesidad de una revisión del modelo de financiación autonómica, así como avanzar en la ordenación del territorio para combatir el fenómeno de la despoblación
- "Adolecemos de victimismo y resignación. Si nos parecemos a un león, deberíamos dar zarpazos, pero estamos en el conformismo y no hay reivindicación", avisa
- Así lo destacó en la conferencia que ha pronunciado esta mañana en el marco del VII Congreso de Despoblación de Diario de León, foro de debate sobre este fenómeno que ha reunido durante dos jornadas a representantes institucionales y sociales
El presidente del Consejo de Cuentas indicó esta mañana en el marco de un congreso celebrado en León que "no estamos condenados irremediablemente a la despoblación. Si hay actividad económica habrá más población". Al respecto, con referencia al informe sobre despoblación que elaboró el Consejo de Cuentas, anotó que este trabajo ya puso de manifiesto que no existía el necesario consenso político para combatir el problema, que tampoco había un plan concertado de todas las administraciones y que los ayuntamientos carecían -y siguen careciendo- de planes estratégicos para luchar contra la despoblación en sus propios territorios.
"Me pregunto -destacó- qué ayuntamiento tiene un plan contra la despoblación; qué ayuntamiento tiene un concejal sobre el reto demográfico; cuál ha hecho un plan contra la despoblación… ¿Pensamos acaso que los demás nos van a arreglar los problemas?", argumentó.
Aseguró en este sentido que "esta provincia (por León) adolece de un "profundo conformismo, de una profunda resignación… y la clase política se está caracterizando por ser estrictamente victimista, no hay reivindicación: si nos parecemos a un león, -tenemos leones por todos los sitios-, deberíamos dar zarpazos. Un león da zarpazos, reivindica, pero aquí estamos en el conformismo, en la resignación y eso no es bueno", enfatizó.
En segundo lugar, aquel informe del Consejo señalaba que existía una relación directa entre la pérdida de PIB y la merma de población, un 5%.
En tercer lugar, revelaba otro dato fundamental: Castilla y León mantiene la prestación de los servicios públicos básicos esenciales en su territorio, básicamente, entre otras cosas, porque es su obligación legal, porque así lo preceptúa el Estatuto de Autonomía. "Pero también decía el informe que en sí mismo la asistencia de servicios públicos esenciales en el territorio no crea población, que, en tal caso, es una condición necesaria, pero no suficiente para ello, luego, a veces, estamos yendo detrás del problema equivocadamente", argumentó.
El informe anotaba además que una cosa es fijar población y otra crearla, subrayando la importancia de la ordenación del territorio. "Me parece muy bien que haya colegios para 3 niños en la montaña leonesa, eso fija población, pero no la crea". Para crear población, continuó, "hay que generarla en torno a oportunidades económicas que, a lo mejor, no se tienen que crear en el mundo rural, si no en los entornos urbanos o en una nueva Comarcalización del territorio".
La ordenación del territorio -pendiente en Castilla y León- "permitiría, desde el punto de vista de los recursos, optimizar y establecer economías de escala, y también nuevas oportunidades económicas; hay ayuntamientos que, de facto, se han convertido en centros comarcales como es el caso de Valencia de Don Juan".
El ejemplo del Parque Tecnológico de León
Con referencia a ello, Amilivia refirió asimismo que únicamente se pueden generar empleos mediante la creación de distintos planes piloto. "Planes orientados a un territorio en concreto, generadores de actividad económica". Planes piloto susceptibles de más esfuerzo económico por parte de las administraciones, también "premiando" las inversiones foráneas.
Como ejemplo de estas potenciales medidas, Amilivia puso como ejemplo la creación, hace dos décadas, del Parque Tecnológico de León, en los terrenos de la pedanía de Armunia. "¿Tiene el entorno municipal de León, 20 años después, algún nuevo parque tecnológico?; ¿hay más suelo industrial tecnológico o competitivo?", se preguntó, para remachar que "no podemos pensar que las empresas van a aparecer como el espíritu, en forma de paloma… hay que generar las condiciones por parte de todas las administraciones. No se puede generar frustración con Torneros, que ya parece una broma". Resumidamente, urgen planes piloto adaptados a territorios en concreto, con el compromiso de todas las administraciones y con un trato preferencial para aquellos que quieran invertir en León.
Nuevo modelo de financiación autonómica
Para esta tarea, es fundamental contar con recursos económicos, de ahí que el Consejo de Cuentas venga sosteniendo la necesidad de una revisión del modelo de financiación autonómica ya que, dijo, el informe que realizó a tal efecto el Consejo puso de manifiesto una infrafinanciación de unos 395 millones de euros anuales solo en tres servicios públicos esenciales: educación, sanidad y servicios sociales. En resumen, en 12 años había habido una infrafinanciación para la Comunidad de más de 5.000 millones de euros.
Considerando que la deuda de la Comunidad ha pasado de 1.415 millones en 2004 a unos 13.445 en la actualidad, se puede colegir que "tenemos un presupuesto totalmente ineleástico".
A tal efecto, a modo de reflexión, afirmó que el Estatuto de Autonomía señala en su artículo 83.6 que Castilla y León defenderá un modelo de financiación autonómica que pondere la despoblación, el envejecimiento, la dispersión territorial, es decir, las características de la Comunidad. Por lo que al tratarse de una ley orgánica, subrayó, el Estatuto ya es expresión del necesario consenso político.
Como complemento de su argumentación, Amilivia puso sobre el tapete las conclusiones de otro importante trabajo del Consejo, como fue el relativo al informe funcional del gasto de la Comunidad.
Respecto a esto, señaló que el 84% -más de 8 euros de cada 10- van destinados a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y amortización de la deuda pública-, quedando solo 2 euros para otras políticas públicas. "Si queremos que la comunidad autónoma tenga esa capacidad de impulso para poder combatir la despoblación, haría falta un nuevo modelo de financiación autonómica. Tenemos un presupuesto inelástico que da poca capacidad a la Comunidad para hacer otro tipo de políticas, más allá de sus competencias estatutarias".
El Consejo de Cuentas propuso en su día que el sistema de financiación autonómica debería ponderar variables no poblacionales. El sistema opera bajo el indicador de población ajustada y en este las variables no poblacionales solo computan el 3%. Hay que tener en cuenta que Castilla y León tiene el 19,3% de la masa arbórea del país, una de cada 5 hectáreas está en este territorio, por lo que -subrayó- "nadie puede dudar que el tema de los incendios sea un problema de Estado". Porcentajes a los que se pueden añadir los kilómetros de carreteras en el ámbito nacional, con el 17%. "Por estos conceptos no recibimos ni el 3% en el sistema de financiación, luego es muy difícil acometer otros tipos de políticas públicas".
El futuro de la Comunidad y dentro de esta, el de la provincia, pasa, concluyó, por la generación de actividad económica y por un trato diferenciado por parte de todas las administraciones para compensar el doble impacto que supuso la crisis económico financiera y la de la minería, con una pérdida de más de 30.000 empleos directos en León.
"No se puede seguir hablando de que el Teatro Emperador siga cerrado… no se puede hablar de la segunda fase del Hostal de San Marcos, del asunto del desarrollo de Torneros. Hay que ampliar el Parque Tecnológico, Villadangos debe seguir ampliándose porque funciona de maravilla. Hay que pasar de la filosofía a la realidad y necesitamos en ese sentido compromisos de verdad", reclamó.
La pérdida de actividad económica trajo como consecuencia en las postrimerías de la primera década de este siglo la merma de población. Castilla y León alcanzó su mayor número de habitantes en el año 2022 con en torno a los 2,5 millones. La crisis económico-financiera iniciada en torno a 2008 impactó en la Comunidad, perdiendo aproximadamente 250.000 habitantes (de estos, unos 50.000 en la provincia de León).
En este contexto, desde el inicio de dicha crisis, Castilla y León perdió el 3,8% de población y León cerca del 12%. Comparativamente con León, debido igualmente a la crisis añadida de la minería del carbón, Asturias también ha sufrido un impacto similar. "León, que comenzó el siglo XXI con 502.000 habitantes, ha perdido 52.000 mientras que Asturias perdió casi 80.000, hasta el punto de que en la actualidad la previsión es que el Principado será el territorio que más habitantes perderá en los próximos 30 años", señaló.
El Consejo de Cuentas es la institución autonómica que fiscaliza al Sector Público de la comunidad autónoma, esto es, a la Junta de Castilla y León y a sus entes dependientes, también a las universidades públicas, y a los entes locales: 2.248 ayuntamientos y 2.208 entidades locales menores, así como otra serie de entes asociativos, casi 5.000 entes locales.
Castilla y León: el 27% de los ayuntamientos de España para sólo el 5% de la población.
En conjunto, señaló, el Consejo de Cuentas tiene la obligación de fiscalizar con carácter ordinario unos 20.000 millones de euros. "Antes, hace 20 años, lo hacía el Tribunal de Cuentas. Ahora, el Tribunal de Cuentas realiza estrictamente fiscalizaciones de carácter horizontal y la fiscalización ordinaria la hace el Consejo de Cuentas, que ha multiplicado por seis la capacidad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas en nuestro territorio".
El Consejo de Cuentas realiza tres tipos de auditorías: de legalidad; de carácter financiero y las operativas -de rendimiento o de gestión-. En esta línea, las auditorías operativas tratan de determinar si en una gestión pública concreta se han cumplido los principios de economía, eficacia y eficiencia.
Este tipo de trabajos -las auditorías operativas- aportan, además, un enfoque evaluador, es decir, no solamente si la gestión ha sido correcta desde el punto de vista económico, sino qué impacto ha tenido, en su caso, en la sociedad.
Algunos de estos trabajos del Consejo de Cuentas, que fueron novedosos en el contexto autonómico y nacional, han sido los referidos a la estrategia sobre el cambio climático, a los planes de igualdad en el ámbito municipal de la Comunidad o los de seguridad informática en ayuntamientos de tamaño intermedio y capitales de provincia.
