• El presidente del Consejo de Cuentas expone en las Cortes dos informes del Sector Público Local: cuentas de 2018 y consecuencias de la ley de estabilidad
  • El órgano de control impulsa modificaciones legislativas para mejorar los índices de rendición de las entidades locales y acortar plazos para su cumplimiento, más reducidos en otras comunidades
  • Insiste también en reforzar su independencia y autonomía funcional, dejando de ser el único órgano de control externo de España que no aprueba su Plan Anual de Fiscalizaciones 
  • Amilivia destaca que en el presente ejercicio se aprobarán unos 15 informes de fiscalización pese a la excepcional coyuntura derivada de la pandemia de la Covid-19

En su primera comparecencia del segundo periodo de sesiones del 2020 en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado hoy conjuntamente el informe sobre las cuentas rendidas por el sector público local en 2018 y el relativo a las consecuencias económico-financieras de la aplicación Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las entidades locales de la Comunidad en los ejercicios que van de 2010 a 2017, cuyo contenido recobra plena actualidad en relación al debate suscitado sobre la disponibilidad de los remanentes de las entidades locales.

Con ello, el Consejo de Cuentas registra ya solo 5 informes aprobados y pendientes de comparecencia, uno de ellos del ejercicio 2018, y otros 4 del actual 2020, todo ello sin perjuicio de que se irán incorporando los informes en elaboración. Amilivia destacó que en el presente ejercicio se aprobarán unos 15 informes de fiscalización pese a la “excepcional coyuntura derivada de la pandemia del coronavirus”.

Melero, Amilivia y Jiménez, a su llegada al Parlamento

Actualmente, el Consejo tiene en distintas fases de tramitación 33 trabajos correspondientes a los planes anuales de fiscalizaciones de 2019 y 2020. Hasta el momento, el órgano de control externo ha aprobado 198 informes de fiscalización, 25 de ellos durante el actual mandato. Amilivia precisó que en esta etapa ha comparecido en 13 ocasiones ante la Comisión del Parlamento autonómico para exponer 40 informes que representan el 20% del total histórico, lo que permitirá poner al día la presentación de informes “para que gocen de la mayor actualidad posible en relación a la materia objeto de fiscalización”, apuntó.

Los efectos que está causando la pandemia de la Covid-19 pueden estar alterando de forma muy importante la situación y evolución económico-financiera de las entidades locales que ponen de manifiesto ambos informes y, por ello, también pueden quedar afectadas algunas de las conclusiones y recomendaciones que de ellos de derivan, avisó el presidente del Consejo.

En relación al Informe de las consecuencias económico-financieras la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en las entidades locales, publicado en diciembre de 2018, se analiza la incidencia de la normativa de estabilidad presupuestaria, es decir, el objetivo de estabilidad, la regla de gasto y la sostenibilidad financiera; así como el control del déficit público y las medidas especiales de financiación en la ejecución presupuestaria y especialmente en la evolución de los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones, así como en la evolución del endeudamiento.

Además, se analiza la evolución y utilización del remanente de tesorería para gastos generales en su relación con el destino previsto del superávit en contabilidad nacional, según la normativa de estabilidad presupuestaria.

Mario Amilivia resumió los resultados del trabajo, que recoge 35 conclusiones, siguiendo 4 apartados fundamentales: análisis agregado de los 1.688 ayuntamientos de la Comunidad que han rendido todas sus cuentas del 2010-2016 (que representan el 82% de la población) y de las 9 diputaciones provinciales; análisis de las 9 diputaciones provinciales; análisis de las 9 capitales de provincia y análisis de los 14 ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia.

Otro momento de la exposición

1.- En cuanto al análisis agregado de los ayuntamientos y diputaciones, como consecuencia de la crisis económica, las medidas de control del déficit público y la entrada en vigor de la nueva normativa de estabilidad presupuestaria, se produce una disminución del gasto de las entidades locales, en torno al 20%, pasando de 3.072 millones de euros en 2010 a 2.449 millones en 2017. También los ingresos disminuyen, si bien en menor medida.

Especialmente acusada resulta la disminución de los gastos de inversión, alrededor o superior al 50% para todos los grupos de entidades en la etapa 2010-2012, manteniéndose con carácter general la tendencia decreciente de 2012 a 2016. Los de personal también bajan (en torno al 4%) y de forma más acentuada (10 a 20%) en la etapa 2010-2012.

En el total del periodo, los saldos no financieros (diferencia entre los capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos) pasan de -162 millones de euros a 280 millones. La evolución de los saldos muestra déficit en 2010 y 2011, mientras que de 2012 a 2016 se obtiene superávit, como consecuencia del aumento de los ingresos en todos los grupos de entidades y, en su caso, como consecuencia de la reducción del gasto.

En todo el periodo los remanentes de tesorería para gastos generales pasan de 213 a 929 millones de euros. Así, aumentan sustantivamente, un 152%, en la etapa 2010-2012, siendo destacable el saneamiento en los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes. A partir de 2013, son positivos en todos los grupos de entidades, manteniéndose un incremento del 74%.

El endeudamiento por operaciones de crédito pasa en todo el periodo de 1.207 millones de euros a 1.046 millones. Experimenta un importante aumento (42%) en la etapa 2010-2012, siendo especialmente destacado, alrededor del 75%, en las capitales y en los municipios mayores de 20.000 habitantes. Por el contrario, de 2012 a 2016, el endeudamiento se reduce en todos los grupos de entidades locales, siendo la disminución total del 39%.

2.- En cuanto al análisis de las 9 diputaciones, en todo el periodo el gasto no financiero pasa de 774 a 672 millones de euros. Las medidas de control tuvieron gran incidencia en la etapa 2010-2012, ya que produjeron una disminución del 24%. En todas bajan los gastos de personal (entre un 8% y un 17%), así como los de inversión, que se reducen más de un 50% en la mayoría. A partir de 2012, los gastos de personal experimentan un repunte, si bien, con carácter general, en 2017 se sitúan por debajo de las cifras de 2010; con respecto a la inversión, continúa disminuyendo, de forma muy ostensible en diputaciones como la de Valladolid, con un 65%; donde aumenta, no recupera los niveles de 2010.

Los remanentes de tesorería para gastos generales pasan en todo el periodo de 156 a 324 millones de euros. Todas las diputaciones mejoran su cifra en la etapa 2010-2012, excepto Segovia, Palencia y Zamora. De 2012 a 2016 solo la aumentan las de León, Burgos, Zamora y Soria. En todo caso, en ambas etapas, los remanentes de todas resultan positivos. En 2016 destaca la cifra de la Diputación de León, cercana a 150 millones de euros. En el caso de los fondos líquidos, en el conjunto del periodo se pasa de 256 a 421 millones.

La realización de inversiones con cargo al superávit presupuestario, con los requisitos de las inversiones financieramente sostenibles, ha sido, con carácter general, muy baja, un 8% de los remanentes entre 2014 y 2017. La Diputación de Soria no realizó actividad inversora de esta forma y las de Salamanca y León no lo han hecho en 3 de los 4 ejercicios. Tan solo la de Segovia ha mantenido un elevado porcentaje de estas inversiones en todos los ejercicios.

En el conjunto del periodo, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 444 a 239 millones de euros. En la etapa 2010-2012, aumentó en todas a excepción de Segovia, Ávila y Palencia. Destaca el aumento en la de Valladolid, superior al 100%, y en las de Zamora y Burgos. En estos aumentos no tuvo incidencia el Real Decreto ley 4/2012, pues ninguna diputación se adhirió a este mecanismo especial de financiación para el pago a proveedores.

Amilivia repasa un documento

En consonancia con la disminución del endeudamiento en la etapa 2012-2016, el porcentaje de capital vivo sobre los ingresos corrientes disminuyó en todas las diputaciones, destacando la de Soria que, en 2016, no tiene ninguna amortización pendiente. En 2016, todas las diputaciones se sitúan en un porcentaje por debajo del 50%, esto es, muy inferior al 75% legalmente establecido a efectos de la necesidad de autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo para inversiones.

A partir de la Ley 2/2012 todas las diputaciones cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación, con excepción de Burgos en 2017. Con respecto a la regla de gasto, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora cumplen en todos los ejercicios; el resto incumplen en 1 o más. No consta la aprobación de ningún plan económico-financiero por parte de las diputaciones. En todas, los periodos medios de pago se sitúan por debajo de los 30 días en diciembre de los ejercicios 2014 a 2017.

3.- En cuanto al análisis de las capitales de provincia, en todo el periodo el gasto no financiero pasa de 1.113 a 904 millones de euros. En el tramo 2010-2012 disminuyó en todas, a excepción de León. En todas disminuyeron los gastos de personal, entre un 5% y un 17%, así como los de inversión, en porcentajes, alrededor o superiores al 50%. A partir de 2012, con carácter general, si bien tanto los gastos de personal como la inversión aumentan, no se recuperan los niveles de 2010.

Los remanentes de tesorería para gastos generales de las capitales pasan en todo el periodo de -63 millones de euros a 156 millones. Todas mejoran su cifra en la etapa 2010-2012, excepto Valladolid y Burgos. Los ayuntamientos de León, Salamanca y Zamora pasan de cifras negativas a positivas. De 2012 a 2016 todas incrementan su remanente, menos León y Soria, y en 2016 en todas tiene carácter positivo. Destacan las cifras de Burgos, más de 55 millones y Valladolid, más de 41 millones. En el caso de los fondos líquidos, en el conjunto del periodo se pasa de 162 millones de euros a 192 millones.

El porcentaje de inversiones con cargo al superávit presupuestario es muy bajo, del 2% del remanente en 2014 al 11% en 2017. Ávila, León y Soria no realizan inversiones de esta forma en ningún ejercicio. Palencia, tan sólo un año, menos del 1%.

En el conjunto del periodo, el endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 739 a 680 millones de euros. Aumentó en el tramo 2010-2012 en todas, a excepción de Segovia y Valladolid. El aumento, en el que destacan Zamora y León, tuvo que ver con la adhesión al mecanismo de financiación del Real Decreto-ley 4/2012. Segovia y Valladolid no se adhirieron a esta medida especial. Su efecto tuvo una particular incidencia en las capitales donde el remanente, en la etapa 2010-2012, pasó de negativo a positivo, o en otras, donde experimentó un aumento considerable o se atenuó de forma relevante su carácter negativo.

Amilivia con una de las procuradoras

En la etapa 2012-2016, la deuda se reduce en todas las capitales, destacando Zamora, Valladolid y Salamanca. En consonancia, el porcentaje de capital vivo sobre los ingresos corrientes disminuyó en todas, destacando Zamora, donde, en 2016, se sitúa en el 9%. En este ejercicio, todas se sitúan por debajo del 75%, con excepción de León y Soria.

Tan solo tres capitales han incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en la fase de liquidación en el periodo 2013-2017: Burgos, en 2016, León, en 2014 y Salamanca, en 2015. El resto lo cumplió en todos los ejercicios. En relación a la regla de gasto, Ávila, Palencia, Segovia y Soria cumplieron en todos los ejercicios; el resto, la incumplieron en 1 de ellos.

Los ayuntamientos de Burgos, León, Salamanca y Valladolid han aprobado planes económico-financieros por el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y/o de la regla de gasto.

Tan solo en el ayuntamiento de Burgos, en 2015 y 2016 el periodo medio de pago en el mes de diciembre ha superado el plazo de 30 días. El resto se ha situado por debajo en todos los ejercicios.

4.- En cuanto a los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia. En el periodo analizado, el gasto no financiero en el conjunto de los 14 ayuntamientos pasa de 308 a 237 millones de euros. En la etapa 2010-2012 en todos se redujeron los gastos de personal (entre un 10% y un 30%) y los de inversión por encima del 50%, con carácter general. A partir de 2012, los gastos de personal aumentan en la mayoría, si bien, con carácter general, no se alcanza el nivel de 2010; con respecto a la inversión, disminuye en la etapa 2012-2017, y en los ayuntamientos donde no lo hace, no llega a recuperar los niveles de 2010.

En el conjunto del periodo, los remanentes de tesorería para gastos generales pasan de -55 millones de euros a 53 millones, de tal forma que en 2016 todos tienen remanente positivo. El porcentaje de inversiones realizadas con cargo al superávit presupuestario es muy bajo.

El endeudamiento por operaciones de crédito pasa de 124 a 150 millones de euros. En la etapa 2010-2012 el incremento tuvo que ver, en la mayoría de los casos, con el mecanismo de financiación del Real Decreto-ley 4/2012. En la etapa 2012-2016 la deuda baja en todos los ayuntamientos.

De los 14 ayuntamientos, 5 incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación de algún ejercicio del periodo 2013-2017. En relación a la regla de gasto, 3 ayuntamientos cumplen en todos los ejercicios; el resto ha incumplido en algún ejercicio.

Seis de los 14 ayuntamientos aprobaron planes económico-financieros por incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y/o la regla de gasto. En cuatro, el periodo medio de pago en el mes de diciembre de alguno de los ejercicios 2014 a 2017, ha superado el plazo de 30 días.

El presidente departe con otro procurador

El Consejo de Cuentas formuló tres recomendaciones que, explicó Amilivia, deben ser contextualizadas en el momento de aprobación del informe, situación actualmente alterada como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. En todo caso, en ellas se anticipa un debate de absoluta vigencia, como es la utilización de los remanentes de tal forma que las entidades locales eviten la existencia de capitales líquidos inmovilizados por encima de las necesidades de tesorería.

Amilivia significó durante su intervención ante los miembros de la Comisión que “las entidades locales ya no forman parte del problema del déficit público, pero pueden formar parte de la solución a nuevos problemas como las necesidades generadas por la pandemia, con independencia de cuáles sean los mecanismos que se instrumenten para favorecer la utilización de los remanentes”.

En relación al Informe anual sobre las cuentas del sector público local correspondientes al ejercicio 2018, publicado el pasado mes de julio, los resultados del trabajo se recogen en un total de 37 conclusiones. Las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras dan continuidad al análisis relatado en el primero de los informes expuestos, consolidándose aún más las tendencias descritas. Los municipios gestionan en torno al 74% del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 22% del total.

En conjunto, en 2018 las entidades locales de la Comunidad reconocieron obligaciones (gastos) por importe total de 2.650 millones de euros y derechos (ingresos) por 2.820 millones, de lo que resulta un resultado presupuestario de 169 millones. El 70% de las entidades que rindieron la cuenta de este último ejercicio liquidó su presupuesto con un resultado presupuestario positivo.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales en el 99% de las entidades locales resultó positivo y mantiene su tendencia creciente, alcanzando el importe total de 1.105 millones de euros. Entre ellas, todas las diputaciones y todos los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes. Asimismo, los fondos líquidos de tesorería siguen aumentando hasta alcanzar 1.238 millones de euros.

En relación al pasivo financiero, en 2018 descendió un 11% el importe de la deuda viva de las entidades locales, que sumaba 876 millones de euros al cierre del año. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 63% y a las diputaciones el 15%.

El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.750 entidades locales (suma de 2.248 ayuntamientos, 9 diputaciones, 1 consejo Comarcal, 273 mancomunidades y otras entidades asociativas y 2.219 entidades locales menores) y 187 entes dependientes.

A 31 de diciembre de 2019 (fecha de cierre a efectos del informe), había rendido la Cuenta General del ejercicio 2018, un total de 3.343 entidades, que representan el 70% del Sector Público Local de la Comunidad, lo que supone una bajada de casi 7 puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente.

En cuanto a los ayuntamientos rindió la cuenta de 2018 el 77,1%, lo que representa una leve disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto al 79,6% registrado el ejercicio anterior. Por provincias, se reducen los niveles de rendición en plazo todas con la única excepción de Soria.

La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas, pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional (75%), pero cada vez más alejados de los mejores resultados (cinco comunidades se sitúan entre el 86% y el 97%). En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.

En cuanto a las entidades locales menores, debe recordarse que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableció como causa de disolución de dichas entidades la falta de rendición de sus cuentas, lo que provocó que se pasase de índices del 2% en 2009 al 94% en la cuenta de 2013, con datos a cierre de los ejercicios. Sin embargo, posteriormente se produce un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 65% para la cuenta de 2018, con una caída de 11 puntos respecto al año anterior.

Impulso a modificaciones legales

A la vista de todo ello, el Consejo de Cuentas vuelve a proponer la necesidad de impulsar modificaciones legales para favorecer un nuevo avance en la rendición de cuentas.

Por una parte, mediante el establecimiento de las cuantías para la aplicación de las multas coercitivas como mecanismo para hacer valer el deber de colaboración de las entidades fiscalizadas y, por otra, condicionando el pago de subvenciones y trasferencias a la efectiva rendición de cuentas. Al mismo tiempo, se pretende acortar los plazos para el cumplimiento de esta obligación legal con el propósito de dotar a los informes de fiscalización de la mayor actualidad posible.

Estas propuestas obedecen al Plan Estratégico del Consejo de Cuentas aprobado en julio del pasado año para el periodo 2019-2022. También, el Consejo de Cuentas plantea una vez más reforzar su independencia y garantizar su autonomía funcional, en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos de España. Asimismo, propone mejorar la gestión de sus recursos humanos, tratando el régimen y retribuciones del personal en coherencia con la dependencia orgánica de las Cortes de Castilla y León.

Propuesta de modificaciones que es consecuente con el ejercicio constante de modernización y mejora que inspira la actuación de este órgano de control externo. En esta línea, “manifestamos asimismo la disposición institucional a colaborar con aquellos organismos que eventualmente pudieran existir y que no generen un solapamiento de las competencias que el Estatuto de Autonomía establece en relación al Consejo de Cuentas. Competencias del Consejo que, en todo caso, podrían ampliarse en razón de las exigencias que la transparencia y la rendición de cuentas vayan demandando”.


Consejo de Cuentas de Castilla y León / Fotografías Cortes de Castilla y León