Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El presidente del Consejo de Cuentas aboga por que “las comunidades con problemas de despoblación, pero no vacías, seamos capaces de proponer una alternativa con calidad de vida a la España con mayor densidad de población”

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, considera que la capacidad de aportar soluciones de futuro al desafío poblacional parte, de un lado, de una evaluación rigurosa de los resultados de las medidas aplicadas en materia de despoblación y, de otro, de una posición constructiva en el diseño de nuevas estrategias, con amplios consensos, que permita hacer frente a la preocupante dimensión del problema, pero evitando caer en la estigmatización del territorio.

Así lo ha afirmado en la primera conferencia de la jornada de hoy dentro del III Congreso sobre Despoblación que organiza el Diario de León.

Con una apelación al sentido de responsabilidad en el análisis de los asuntos de la Comunidad, Amilivia abogó por que “las comunidades con problemas de despoblación, pero no vacías, seamos capaces de proponer una alternativa con calidad de vida a la España con mayor densidad de población”. Como acertadamente matiza el geógrafo Juan Carlos Guerra, apuntó, “una cosa es despoblación y otra, abandono. Vincular ambas es un error”.

El presidente del órgano de control externo autonómico se ha referido en su exposición al informe publicado el año pasado sobre la fiscalización de aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales de la Comunidad. Una auditoría operativa cuya aportación más importante, más allá de los resultados obtenidos y de sus recomendaciones, es haber introducido de forma pionera el problema de la despoblación en el sistema de la evaluación de las políticas públicas de las instituciones de control externo, para que este sea objeto de seguimiento y atención permanentes.

La fiscalización en cuestión anotó aspectos sobre la evolución de la población con datos sobre la provincia de León, que pasó de los 500.200 habitantes registrados en 2008 a los 463.746 en 2018, con un descenso del 7,3%.

En las conclusiones del informe se analiza también la evolución de los servicios. Señaló, sobre ello, que los indicadores relativos a la prestación de los servicios públicos esenciales ofrecen variaciones poco significativas en el periodo objeto de análisis. Amilivia desgranó también los indicadores sobre la evolución de la actividad económica con algunos ejemplos como el del desmantelamiento de la minería en las cuencas y su impacto en la pérdida de empleo. Derivado de todo ello, subrayó, “se confirma la hipótesis sostenida por la doctrina en virtud de la cual los movimientos poblacionales se sustentan de forma prioritaria en la búsqueda de empleo, ligado en este caso a la actividad económica. Hay una correlación prácticamente de 1 entre el peso del PIB de Castilla y León en el total nacional y el de su población”.

El otro gran apartado de las conclusiones de la auditoría se centra en las medidas propuestas por las administraciones públicas en materia de despoblación en relación con las entidades locales, constatándose que en la mayoría de los casos no contienen propiamente una definición del problema que pretenden abordar, ni tampoco una evaluación de las causas.

El un tercer apartado se aborda el análisis de las medidas emprendidas por las entidades locales, donde se pone de manifiesto que ninguna de las 32 principales entidades tiene un departamento o área específico dedicado a este asunto.

Las propuestas del Consejo de Cuentas se concretaron en siete recomendaciones. En primer lugar, que las Cortes deberían valorar la oportunidad de aprobar una figura o estructura similar a la del observatorio permanente de estudio de la evolución de la población. A continuación, evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas y en tal sentido concretó que, dado que no se han cumplido los objetivos establecidos por la Junta, el Ejecutivo autonómico ya ha anticipado la elaboración de la futura Estrategia de Dinamización Demográfica 2021-2027 con la participación de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

También, añadió, el Consejo plantea que la ejecución de proyectos piloto de medidas en diferentes áreas puede ser la base que permita medir la eficacia de las iniciativas, debiéndose valorar especialmente las medidas para el incremento de la actividad económica.

Asimismo, las entidades locales deberían identificar el problema que quieren abordar teniendo presente su singularidad y estructurar sus actuaciones en función del análisis previo a través de un instrumento (plan, estructura administrativa, etc.) que les permita dar coherencia a las medidas a desarrollar y evaluar su impacto. Finalmente, recabar información de las diferentes administraciones públicas para participar en las líneas de ayuda, con una visión a medio plazo.

Tras el diagnóstico del problema de la despoblación y la batería de propuestas del Consejo, Amilivia recapituló los apartados más relevantes de las mismas.

-> Por un lado, no ha existido una estrategia de carácter global contra la despoblación. Existen distintos tipos de medidas por parte de las administraciones. Y desconocimiento de su existencia de unas respecto a otras. Se constata igualmente que a pesar de que se trata de un problema que afecta transversalmente a todos los niveles de la administración, en aquella más cercana a los ciudadanos como son las entidades locales no existe una planificación estratégica de medidas que aborden el problema de acuerdo con sus singulares circunstancias.

-> Existe una relación de causalidad entre la pérdida de PIB y despoblación. Las oportunidades laborales son el factor más determinante para la evolución demográfica.

-> La Comunidad ha mantenido la prestación de los servicios públicos esenciales en el territorio, que pueden ser condición necesaria pero no suficiente para crear población. En este sentido, Castilla y León, pese a mantener la estructura de servicios esenciales en su extenso territorio, en términos demográficos es especialmente sensible a los cambios del ciclo económico.

-> Hay que distinguir entre crear población o mantenerla, especialmente en el mundo rural.

-> También hay que distinguir entre la ordenación del territorio y la creación de población. Una mejor ordenación del territorio permitiría una prestación más eficiente de los servicios públicos esenciales y también la generación de nuevas oportunidades económicas.

-> Solo las nuevas oportunidades económicas son susceptibles de crear población, por eso se plantea la necesidad de desarrollar proyectos piloto sustentados, si es posible, por todas las administraciones, al tratarse de un asunto de Estado.

-> Un nuevo sistema de financiación autonómica que pondere la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial es fundamental para Castilla y León. Liberaría recursos para poner en marcha otro tipo de políticas que generen actividad económica.

Hay que tener en cuenta que, según un reciente informe sobre la ejecución funcional del gasto, 84 de cada 100 euros se encuentran previamente comprometidos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, más la deuda pública, un gasto de carácter estructural, irrenunciable e inelástico.

En este sentido, además de la población hay que tener en cuenta las circunstancias de cada territorio, ya que los costes de la prestación de servicios varían. En el ámbito de Castilla y León el gasto sanitario de un mayor de 75 años multiplica por 5 al de uno menor de 45. En materia educativa se mantienen abiertas las escuelas con 3 niños y la educación en el medio rural es entre un 40 y 50% más caro que en el urbano.

Por tanto, no se trata solo de tratar de fijar unos niveles de población, sino también de establecer cómo tiene que estar distribuida en el territorio para que la ordenación de infraestructuras y servicios públicos esenciales sea eficiente, conforme a la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma.

Y al mismo tiempo, concluyó, resulta imprescindible identificar las potencialidades económicas del territorio para que los estímulos públicos de las diferentes administraciones, siempre limitados, sean capaces de generar actividad productiva.