Consejo de Cuentas de Castilla y León

El informe sobre la situación económico-financiera 2015-2018 constata una etapa de recuperación y un descenso de la carga financiera global de la deuda, que pasa del 18% a un 16%

Sanidad y Educación, con 3.714 y 2.123 millones de euros respectivamente, suponen el 55% del gasto total en 2018, habiéndose incrementado un 3% y un 5% desde 2015

El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud padece una insuficiencia estructural, aunque el gasto per cápita de 1.629 euros sitúa a Castilla y León en 5º lugar en el conjunto de lasautonomías

 Las comunidades con mayor población y PIB tienen un gasto sanitario per cápita inferior. Castilla y León fue la segunda con mayor incremento en el periodo 2011-2018, un 17,4%

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico dos informes: análisis de la situación económico-financiera y la ejecución del gasto en el periodo 2015-2018, y evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto. Previamente, destacó los efectos causados por la pandemia, que sin duda están alterando la situación y evolución económico-financiera de la administración autonómica puestas de manifiesto en ambos informes.

El Pleno de la Institución ha aprobado hasta el momento 199 informes de fiscalización, 26 de ellos en el mandato actual iniciado en 2019. El presente ejercicio podría finalizar con la aprobación de en torno a 15 informes, un balance relevante teniendo en cuenta la excepcional coyuntura derivada del Coronavirus.

Con la comparecencia de hoy queda superada la presentación de informes correspondientes al mandato anterior del Consejo de Cuentas por lo que Amilivia confía en que a partir de ahora los resultados de las fiscalizaciones sean expuestos ante la Comisión con la máxima actualidad posible, como así ha ocurrido hoy con el informe sobre ejecución funcional del gasto de la administración autonómica, que fue publicado por el Consejo el 22 de septiembre.

El presidente del órgano fiscalizador realizó una exposición conjunta de ambos informes teniendo en cuenta que la evolución del gasto sanitario es el componente más importante en el análisis de la ejecución general del gasto. Y subrayó la novedad del informe sobre la ejecución funcional del gasto porque proporciona una visión de conjunto sobre la evolución de las principales áreas, políticas y programas de gasto de la administración autonómica, y ante el cual la Junta de Castilla y León no presentó alegaciones, facilitándose así el debate público.

En relación al análisis de la situación económico-financiera en el periodo 2015-2018, el informe constata la etapa de recuperación experimentada tras la crisis económica de 2008. Un ciclo de mejora en el que, aunque el endeudamiento continúa creciendo, su peso relativo disminuye al aumentar las transferencias recibidas del Estado y también los ingresos por la vía de impuestos.

Pese al continuado incremento de la deuda, tal y como refleja la Cuenta General de la Comunidad de 2018 -cuya fiscalización se finalizará en el último trimestre del año-, en este último ejercicio se cumple con los límites de endeudamiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, con un déficit del 0,2% sobre el PIB, inferior, por tanto, al 0,2% establecido por el Consejo de Ministros.

La deuda viva, que alcanza los 12.360 millones de euros, representa el 21,1% del PIB, exactamente el límite fijado. También se respetó la regla de gasto, cumplimientos todos ellos que, sin embargo, no habían sido logrados en dos de los ejercicios del periodo analizado, concretamente en 2015 y 2017.

Magnitudes e indicadores presupuestarios:

- Los gastos presupuestarios ejecutados en 2018 ascienden a 10.668 millones de euros, un 4% más que en 2015. En el periodo analizado, los gastos corrientes suben un 5%, hasta los 8.428 millones. La ejecución de operaciones de capital cae un 14%, situándose en 937 millones. El gasto por operaciones financieras crece un 15%, ascendiendo a 1.303 millones, debido básicamente a la necesidad de amortizaciones. El grado de ejecución de la totalidad de los gastos en 2018 se sitúa en el 94%, menor que en ejercicios anteriores.

- La ejecución de ingresos en 2018 asciende a 10.925 millones, un 2% más que la de 2015. Los ingresos corrientes crecen un 13% hasta los 8.820 millones, correspondiendo el mayor incremento (25%) a transferencias corrientes. También aumentan los ingresos impositivos. Por el contrario, disminuyen los ingresos por operaciones de capital y por operaciones financieras. El grado de ejecución del total de ingresos se sitúa en el 100% en 2018, tres puntos más que en 2015. Asimismo el porcentaje de los ingresos que no proceden de la emisión de pasivos financieros en 2018 se situó en el 85% de los derechos reconocidos, 7 puntos más que en 2015.

- La autonomía en el ámbito presupuestario mejora, por tanto, en el periodo 2015-2018 ya que las transferencias recibidas, las corrientes -no así las de capital- se han incrementado, así como los ingresos tributarios, mientras que ha disminuido la necesidad de recurrir al endeudamiento.

- El índice de la carga financiera global de la deuda, entendido como los gastos financieros y amortizaciones en relación a ingresos corrientes, pasa de un 18% en 2015 a un 16% en 2018, lo que provoca un impacto menos negativo al final del periodo para atender el funcionamiento de los servicios.

- El margen bruto de funcionamiento, entendido como la capacidad para generar recursos de las operaciones corrientes sin considerar las transferencias, experimenta una tendencia favorable, alcanzando por primera vez valores positivos en 2018, con 23 millones de euros.

- El ahorro bruto, teniendo en cuenta el impacto de las transferencias corrientes, muestra una tendencia favorable, pasando de -258 millones en 2015 a 392 en 2018.

- Deducidos del ahorro bruto los gastos de intereses y amortización de la deuda, el ahorro neto obtenido resulta negativo por -825 millones en 2018, un 39% menos que en 2015, por lo que el margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a inversiones.

- Las necesidades de financiación, el resultado presupuestario de las operaciones no financieras, ascienden en 2018 a 208 millones, si bien disminuyen significativamente un 76% con respecto a las existentes en 2015, cuando eran de 864 millones.

- El resultado presupuestario, entendido como la diferencia entre ingresos y gastos totales liquidados, presenta una tendencia descendente. En 2015 su saldo fue positivo por 409 millones, mientras que en 2018 el superávit era de 257 millones.

Indicadores obtenidos en relación al número de habitantes, 2018:

- Gasto público: tendencia creciente, 4.428 euros/habitante.

- Inversión: tendencia desfavorable, 389 euros/habitante.

- Carga financiera: tendencia creciente, 598 euros/habitante.

- Ingresos públicos: tendencia ascendente, 4.535 euros/habitante.

- Presión fiscal: tendencia creciente, 2.440 euros/habitante.

-   Superávit: tendencia descendente, 107 euros/h.

Magnitudes e indicadores del balance de situación agregado:

- Entre 2015 y 2018 el activo desciende un 2% hasta los 17.001 millones de euros, mientras el pasivo se incrementa un 6%, hasta los 15.281.

- Patrimonio neto: desciende un 41% desde 2015, y se sitúa en 1.720 millones.

- Fondo de rotación o maniobra (diferencia entre el activo y el pasivo corriente): presenta una situación de desequilibrio, con unas necesidades de financiación para atender sus obligaciones a corto plazo de 239 millones, superior a los 116 necesarios en 2015.

- Endeudamiento general (deuda total en relación al activo total) pasa del 83% al 90% en 2018, aumentando la dependencia de financiación.

- Deuda por habitante: pasa de 5.820 euros en 2015 a 6.343 en 2018.

- Endeudamiento financiero: pasa de representar el 66% del activo total en 2015 al 77% en 2018.

- Deuda comercial: tiempo medio que se tarda en cobrar a los deudores vinculados a la actividad corriente y en pagar a los acreedores consecuencia de gastos ordinarios, 52 y 59 días respectivamente en 2018.

- Solvencia a largo plazo: evolución desfavorable, aumenta la dependencia de terceros al crecer su índice de inmovilización.

Análisis de la estructura y evolución de las áreas y políticas de gasto, así como de los programas presupuestarios:

En este ciclo de recuperación, Castilla y León ha centrado su esfuerzo presupuestario en el gasto social, en detrimento del gasto orientado a los sectores económicos.

- Sanidad y Educación, con 3.714 y 2.123 millones de euros respectivamente, suponen el 55% del gasto total en 2018, habiéndose incrementado un 3% y un 5% entre 2015 y 2018. El área de Protección y promoción social crece un 11% hasta llegar a los 1.160 millones, es decir, el gasto de naturaleza netamente social representa dos terceras partes del total.

- El gasto en Sectores económicos baja en 233 millones, el mayor descenso de todas las áreas presupuestarias con un 10%.

- El mayor aumento de gasto, tanto absoluto como relativo, corresponde a amortización e intereses de la Deuda pública, que crece un 33% hasta los 1.326 millones, un 12% del total.

- Gasto público por habitante en 2018: 4.428 euros, con la siguiente distribución:1.542 euros se destinan a Sanidad; 881 euros a Educación; 550 euros a Deuda pública; 545 euros a Agricultura, ganadería y pesca; 300 euros a Servicios sociales y promoción social; y 143 euros a Infraestructuras.

A la vista del informe, el Consejo de Cuentas recomienda a la Administración de la Comunidad garantizar que el margen de funcionamiento resulte positivo de manera sostenible; afianzar la reducción del índice de carga financiera global; la conveniencia de corregir el esfuerzo inversor y en relación con la solvencia sería aconsejable vigilar el comportamiento, tanto del endeudamiento general como del índice de inmovilización. La Comunidad debería corregir el desequilibrio financiero a corto plazo. Finalmente, en relación con los análisis de los programas y subprogramas de gasto, debería ejecutarlos siendo coherente con las modificaciones presupuestarias que aprueba.

En relación al segundo informe, Amilivia desgranó las conclusiones derivadas del mismo, que deben servir -aseveró- para reflexionar sobre la importancia de preservar la sostenibilidad de nuestro sistema público sanitario. En esta línea, significó que a pesar de que la política de gasto de Sanidad (3.714 millones en 2018) es la que mayor peso representa (35% del gasto) y de que experimenta un incremento del 3% en el periodo analizado, la deuda sanitaria no imputada a presupuesto viene demostrando año tras año que tales dotaciones resultan insuficientes para hacer frente a todas las necesidades asistenciales de la Comunidad. En otras palabras, el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud padece una insuficiencia estructural. En referencia a 2018, los 181 millones de deuda sanitaria no imputada a presupuesto elevaría dos puntos, hasta un 37%, el peso del gasto sanitario sobre el total de obligaciones reconocidas.

A pesar de este déficit de financiación, Castilla y León, con los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2018, tiene un gasto per cápita de 1.629 euros, que la sitúa en el quinto lugar en el conjunto de las comunidades autónomas. Es superada por País Vaso y Navarra, que disponen de un régimen hacendístico diferenciado, y también, levemente, con un gasto casi idéntico, por Asturias y Extremadura.

En este sentido, las comunidades con mayor población y PIB tienen un gasto per cápita inferior: Cataluña y especialmente Madrid (1.289 euros). Andalucía, comunidad con mayor población, es la que tiene menor gasto per cápita (1.265 euros). Castilla y León supera en 168 euros la media de gasto por habitante.

La ordenación sanitaria en la Comunidad está estructurada en 11 áreas de salud. En todo el periodo analizado, el total de las Gerencias de Atención Especializada aglutinan el 94,1% de la deuda, frente a las Gerencias de Atención Primaria, el 5,3%, y la Gerencia de Emergencias, el 0,6%.

El porcentaje más alto de obligaciones pendientes de imputar se produce en los mismos cinco hospitales todos los años (Salamanca, León, Burgos, Valladolid Clínico y Valladolid Río Hortega). La representación de la deuda en estos centros alcanza el 63,6% y la del presupuesto ejecutado, el 48,9%. El hecho de que en estos 5 centros se concentre el mayor importe de la deuda no debe ser interpretado en términos de buena o mala gestión. El comportamiento de los centros en relación con la deuda es muy desigual a lo largo del periodo analizado y, sin embargo, el del gasto ejecutado es muy similar.

En síntesis, el presidente del Consejo de Cuentas subrayó la constatación de que Castilla y León aumentó el gasto sanitario en el periodo 2011-2015 en unos 249 millones de euros, siendo una de las únicas cuatro comunidades en las que creció.

El informe refleja una reducción de 2,7 puntos hasta 2018 en cuanto al gasto en Atención Primaria y en cambio un aumento del gasto en Atención Especializada de 5,9 puntos, mientras que la media nacional fue de 2. También se pone de manifiesto un descenso del gasto en farmacia (recetas) de 4,4 puntos en Castilla y León, 4,2 actualizando los datos a 2018, y una disminución en gasto de personal de 7,5 puntos desde 2011.