Amilivia: "Fiscalizamos al 28% de los ayuntamientos del país y al 60% de las pedanías, un grandísimo esfuerzo, pero eso es Castilla y León"
- El presidente del Consejo de Cuentas participó esta mañana en la sede del CES junto con los titulares de las otras tres instituciones propias en un foro de la agencia EFE, conmemorativo de sus 40 años de funcionamiento en la Comunidad
- Destaca que ni los ajustes de composición ni la contención presupuestaria han mermado la capacidad de trabajo de la institución, aunque advierte de que nuevos retos, sin acometerse una reforma normativa de impulso institucional, pueden dar lugar a una cierta fatiga en los trabajadores
"Fiscalizamos al 28% de los ayuntamientos del país y al 60% de las entidades locales menores de España, que están en Castilla y León, la mitad en León; no dejan de ser administraciones públicas, no dejan de manejar fondos públicos. Es un grandísimo esfuerzo, pero eso es Castilla y León", y ello es merecedor de una reflexión por parte de la Comunidad, aseguró esta mañana Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas, en un foro de la Agencia EFE conmemorativo de sus 40 años de implantación en esta comunidad autónoma que se celebró en la sede del Consejo Económico y Social, en Valladolid.
En la primera mesa de debate de dicho foro, junto con sus tres homólogos en las instituciones propias, el máximo responsable del Consejo de Cuentas destacó que, desde la aprobación de la Ley 4/2013 de modificación de la organización y funcionamiento de estas instituciones, y, previamente, con la reducción del número de consejeros en la composición de estos órganos, Castilla y León tiene los consejos de Cuentas y Consultivo "más reducidos, en su composición, del país" y además con "los consejeros de los consejos Consultivo y de Cuentas con mandatos más reducidos", cuatro años frente a los 6 habituales en estas instituciones.
En esta línea, valoró como un éxito esta "apuesta por dimensionar el tamaño de lo público" en la Comunidad, aunque subrayó que el Consejo de Cuentas dispone actualmente del mismo presupuesto con que contaba en 2006, 5,5 millones de euros, mientras que en el contexto del país otros consejos o cámaras de cuentas duplican y triplican dicho presupuesto.
Pese a ello, los ajustes de composición y la contención presupuestaria no han supuesto, argumentó, una merma en la labor de control externo ejercida por el Consejo en estos años. Así, en estos cinco años del actual mandato, se han acometido el 40% de las fiscalizaciones realizadas en los 22 años de trayectoría del órgano de control externo autonómico. Con todo ello, añadió, también es cierto que hay una "cierta fatiga" por parte de los trabajadores, que ven mermadas sus condiciones laborales en relación a la situación anterior.
En esta línea, Amilivia se mostró partidario de acometer la reforma de la mencionada ley, desde el punto de vista del refuerzo de la independencia orgánica y funcional del Consejo, del impulso a la rendición de cuentas por las entidades locales y, fundamentalmente, de la mejora de las condiciones de los trabajadores de la institución.
En la actualidad, al Consejo de Cuentas se le acaba de adscribir la Autoridad Independiente en materia de corrupción, "creemos que no a coste cero, separadamente en el ejercicio de sus funciones", pero estando dotada presupuestariamente por las partidas asignadas al Consejo de Cuentas. Una circunstancia que, anotó, supone un nuevo esfuerzo que debería ser conocido y reconocido por la sociedad, pero que, recalcó, "puede producir un cierto grado de fatiga por parte de las instituciones propias".
Durante la mesa del fórum de EFE sobre las instituciones propias, Amilivia expuso que el Consejo de Cuentas realiza tres tipos de fiscalizaciones: de legalidad, económico-financieras, y de rendimiento o gestión u operativas. Y en el ámbito de esta última se realizó un informe sobre el problema de la despoblación y las medidas adoptadas, en su caso, en Castilla y León.
Un trabajo que recogió diversas recomendaciones para la Administración autonómica, aceptadas por esta, y que ponía de manifiesto, básicamente, que la despoblación estaba vinculada a la pérdida de actividad económica. En otras palabras, que la prestación de los servicios básicos esenciales es una condición necesaria pero no suficiente. "Si no hay actividad económica, lógicamente, se produce despoblación".
Este informe, señaló, recoge reflexiones muy interesantes, como el de establecer planes piloto estratégicos vinculados al territorio, "no café con leche para todos, no toda Castilla y León es homogénea ni es igual". Como ejemplo, no se puede crear empleo de la misma manera en Fabero del Bierzo, localidad berciana afectada por el cierre de la minería, que en la Sierra de Gredos. "Nosotros intentamos hacer informes que estén cerca de la posición de los ciudadanos porque la despoblación es el gran problema de Castilla y León", y, en este sentido, recordó que, con 2.248 municipios, el Consejo de Cuentas fiscaliza, comparativamente, al 28% de los ayuntamientos del país y al 60% de las entidades locales menores del país. "No dejan de ser administraciones públicas que manejan fondos públicos, lo que supone un grandísimo esfuerzo, pero eso es Castilla y León".
La institución fiscalizó también en este mandato la implementación de la norma de ordenación del territorio, con conclusiones que están publicadas y que son conocidas. Ley, que, dijo, está pendiente de desarrollo en la Comunidad.
Con relación a los medios de comunicación, al problema de la desinformación y a la importancia decisiva que, para las sociedades democráticas supone contar con una información libre y veraz, Amilivia apuntó que la institución cuenta con profesionales especializados que hacen llegar los informes de fiscalización a los medios, y, en definitiva, a la ciudadanía, mediante notas informativas, también resumidas, que se publican puntualmente en esta misma web, sin perjuicio de otros canales de comunicación que opera el Consejo. Informes que, además, el presidente presenta en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico.
Asistieron también a este foro, que puso de largo el presidente del CESCyL, Enrique Cabero, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos F. Carriedo, el consejero de Entidades Locales del Consejo de Cuentas, Emilio Melero, y quien ostenta desde el pasado 20 de junio la titularidad como Autoridad Independiente en materia de corrupción en Castilla y León, Luis Gracia, entre otros representantes del mundo de la política, la sociedad y los medios de comunicación.
