Amilivia presenta en las Cortes la auditoría medioambiental que radiografía las medidas de ahorro energético de las entidades locales
- Las capitales de provincia de más de 50.000 habitantes cumplen la elaboración y tramitación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, si bien solo Burgos, Palencia y Valladolid cumplen todas las medidas de la Ley de Cambio Climático y transición energética, como el fijar una zona de bajas emisiones
- El Consejo recomienda a los ayuntamientos de Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Segovia, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo una planificación general de ahorro y eficiencia energética
- La fiscalización sobre el establecimiento de zonas de bajas emisiones en los ayuntamientos (ZBE), que el Consejo acomete actualmente, completa el análisis de las medidas más relevantes que sobre esta materia han debido adoptar los ayuntamientos
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, en su séptima comparecencia del año, el informe de análisis de las medidas de ahorro energético adoptadas por determinados municipios de Castilla y León.
Los resultados de este trabajo, que fue elaborado de manera independiente por cada uno de los órganos de control externo autonómicos, fueron recogidos de manera agregada por el Tribunal de Cuentas para todo el territorio nacional.
Las políticas de eficiencia energética se dividen en muchas líneas de actuación, de ahí que esta auditoría medioambiental del Consejo de Cuentas se centró en la verificación del marco estratégico y la planificación de las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por las entidades locales.
Así, analiza la situación existente a 30 de junio de 2023, actualizando determinadas informaciones a 30 de abril de 2024, y se abordó desde una doble perspectiva. Por un lado, el examen global de la actuación planificadora recayó sobre las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, 25 entidades en total. Por otro, sobre las capitales de provincia de más de 50.000 habitantes que disponen de instrumentos de planificación, se examinó su contenido, procedimientos de elaboración, seguimiento y monitoreo, comprobándose además el cumplimiento de la normativa en materia de eficiencia.
La actuación se centró en el análisis de los planes de acción para el clima y la energía aprobados por las entidades adheridas al Pacto de Alcaldes o los planes generales de ahorro energético y, asimismo, los planes sectoriales o parciales aprobados por las entidades locales.
A la vista de los resultados de la fiscalización, el Consejo emitió la siguiente opinión: "Las capitales de provincia de Castilla y León mayores de 50.000 habitantes han cumplido con sus obligaciones de elaboración y tramitación de planes de movilidad urbana sostenible, si bien no en todos los casos incluyen todas las medidas de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética como, particularmente, el establecimiento de una zona de bajas emisiones". También, "se cumple, con carácter general, con la obligación de publicación en los portales de transparencia de los planes relacionados con el ahorro y la eficiencia energética".
El Consejo de Cuentas anotó tres recomendaciones, orientadas a subsanar los incumplimientos y carencias detectadas en las entidades locales fiscalizadas.
En una de estas, dirigida a las capitales de provincia y a los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, se subraya que estas entidades, dada la diferente situación y grado de avance de las actuaciones llevadas a cabo, deberían efectuar y culminar un seguimiento y evaluación exhaustiva de sus diferentes planes mediante informes que reflejen los indicadores y pongan de manifiesto el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, publicando periódicamente esta información en los portales de transparencia.
En otra de las recomendaciones se apunta que los ayuntamientos de Miranda de Ebro (Burgos); Ponferrada y San Andrés del Rabanedo (León); Segovia; y Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo (Valladolid) deberían elaborar y aprobar una herramienta de planificación general en materia de ahorro y eficiencia energética, como puede ser el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, de forma que a través de dicha herramienta se encaucen sus actuaciones. Y que, por su parte, el Ayuntamiento de Ávila debería aprobar el plan que ya tiene elaborado.
El plan, según el informe expuesto por Amilivia, debería elaborarse con la participación de agentes sociales y económicos e incluir una fase de diagnóstico que analice el contexto físico y geográfico del municipio. Debería, también, contemplar objetivos de mitigación y de adaptación y un Inventario de Emisiones de Referencia para los 4 sectores clave (edificios municipales, terciarios y residenciales y transporte, público y privado). Asimismo, deberían definirse indicadores que permitan su seguimiento y evaluación de forma periódica, emitiéndose informes al respecto.
La restante recomendación incide en que, sin perjuicio de las medidas adoptadas por las diputaciones en general, las de León, Soria, Valladolid y Zamora deberían valorar la posibilidad de enmarcar en un plan o agenda sus actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética.
28 conclusiones
El resultado de la auditoría se recoge en 28 conclusiones. Las seis primeras hacen referencia a la planificación en materia de ahorro y eficiencia energética: todas las capitales de provincia, a excepción de Segovia, están adheridas al movimiento europeo del Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía, y en virtud de ello cuentan con un plan de acción general en la materia.
Esta herramienta es predominantemente el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), o bien el anterior Plan de Acción para la Energía Sostenible o PAES. El Ayuntamiento de Soria no disponía de este instrumento, pero sí de un Plan de Agenda Local Urbana 20230, con el que también contaban otras capitales.
Entre los municipios mayores de 20.000 h. no capitales de provincia, Miranda de Ebro y Ponferrada se adhirieron al Pacto de Alcaldes, pero no había aprobado un plan de acción general, si bien Ponferrada lo tenía en elaboración. Aranda de Duero, San Andrés del Rabanedo. Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Laguna de Duero no se habían adherido al Pacto ni contaban con un plan de acción general.
Los ayuntamientos de Aranda de Duero y Ponferrada contaban con un Plan de Agenda Local Urbana 2030. Por su parte, los de Segovia, Miranda de Ebro, Ponferrada, Laguna de Duero y Arroyo acreditaron haber adoptado medidas relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, si bien no enmarcadas en un plan. Además, todos los ayuntamientos (menos Zamora y Medina del Campo) se adhieren a programas de ámbito regional, estatal o internacional.
Las diputaciones, con carácter general, no están adheridas a ningún tipo de pacto por el clima y la energía, si bien, algunas (Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia) disponen de instrumentos de planificación general. La de Ávila cuenta con una agencia específica que planifica actuaciones. En cualquier caso, todas han adoptado algún tipo de medida y han asistido a las entidades locales en la adopción de medidas en la materia.
Otras 11 conclusiones analizan los planes de acción para el clima y la energía (PACES) de las 8 capitales de provincia con más de 50.000 h. La mitad de ellas (Burgos, León, Salamanca y Zamora) se incorporaron al Pacto de Alcaldes tras el Acuerdo de París de 2015 y aprobaron un PACES. Ávila, Palencia y Valladolid ya estaban adheridos al Pacto con anterioridad y contaban con un plan de acción, aunque en Ávila se encontraba pendiente de aprobación a la fecha del informe.
La principal iniciativa con la que están comprometidos 4 ayuntamientos (León, Palencia, Salamanca y Valladolid) es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la UE, que hace referencia a la mejora a largo plazo de las condiciones sociales, económicas y medioambientales de un área urbana determinada. Salvo en el Plan de Salamanca, en el resto de hace referencia al proceso de seguimiento y evaluación de resultados; y salvo en el de Valladolid, en todos se referencia el resultado de la evaluación de riesgos y vulnerabilidades.
Los ayuntamientos de Valladolid y Burgos son los que mayor número de medidas de mitigación contemplan en sus planes. También Valladolid y, en este caso, Zamora son los que más medidas de adaptación prevén, siendo este último ayuntamiento el único que tipifica medidas contra la pobreza energética.
León y Palencia son los ayuntamientos que mayor importe han previsto destinas a las actuaciones incluidas en los PACES, en ambos casos por encima de los 50 millones de euros.
En otro apartado de 4 conclusiones se analizan los planes de Agenda Local Urbana. Así, entre las 8 capitales de más de 50.000 habitantes, Ávila, Palencia. Salamanca y Valladolid han aprobado un Plan de Agenda Local Urbana 2030. También han pasado a tenerlo las de Burgos, León y Segovia, no constando que lo haya hecho Zamora.
Las siguientes 4 conclusiones analizan la planificación parcial o sectorial. Las 8 capitales de más de 50.000 h. elaboraron antes de finalizar 2023 un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), conforme a lo previsto en la Ley de cambio climático y transición energética, con el objetivo de reducir emisiones. Los ayuntamientos de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora ya habían aprobado un plan antes de dicha norma.
El Ayuntamiento de Burgos cuenta con una ordenanza aprobada, y solamente los planes de Burgos, Palencia y Valladolid incluyen todas las medidas exigidas en la Ley de cambio climático y transición energética. El resto no habían previsto en el plan el establecimiento de una zona de bajas emisiones (ZBE) y, por tanto, tampoco habían integrado los planes específicos de electrificación de última milla con dichas zonas.
Además del PMUS, los dos únicos ayuntamientos que cuentan con otras herramientas de planificación sectorial en la materia son los de Ávila y Salamanca.
En esta línea, el Consejo realiza en la actualidad la fiscalización sobre el establecimiento de ZBE en los ayuntamientos, también en colaboración con el Tribunal de Cuentas. Un trabajo que, señaló Amilivia, conecta con el expuesto hoy, ya que, en el marco de los PMUS, estos debían prever, entre otras medidas, el establecimiento de ZBE antes de 2023, de conformidad con lo previsto en la Ley de cambio climático y transición energética.
Por tanto, con esta nueva fiscalización sobre ZBE se completará el análisis del conjunto de medidas más relevantes que sobre la materia de referencia han debido de adoptar los ayuntamientos y, específicamente, aquellos mayores de 50.000 habitantes. El establecimiento de ZBE está previsto para los ayuntamientos de más de 50.000 h, así como aquellos mayores de 20.000 que superen los valores límite de contaminantes establecidos en la ley de calidad del aire. Al iniciarse esta nueva fiscalización, ningún ayuntamiento de más de 20.000 h. superaba dichos límites.
El resto de las conclusiones del trabajo expuesto esta tarde referencian que todos los PACES, a excepción del de Salamanca, prevén un modelo de seguimiento y evaluación utilizando indicadores de ejecución y resultados, así como técnicas de investigación social. En cuanto a los Inventarios de Seguimiento de Emisiones, que deben presentarse cada 2 años, solo disponen de él León, Salamanca y Valladolid. No obstante, tan solo consta que el Ayuntamiento de Valladolid había finalizado el informe de seguimiento. En Burgos y León, los informes estaban en elaboración y para Palencia aún no había llegado el plazo.
Por su parte, en todas las Agendas Urbanas se han establecido indicadores de seguimiento cualitativos y cuantitativos para cada una de las medidas. Y respecto a los PMUS, todos hacen referencia a la evaluación y seguimiento a través de diferentes indicadores. Aunque solo Burgos, Salamanca y Segovia habían elaborado informes para conocer el cumplimiento de los objetivos. En el caso del Plan Municipal de Ahorro y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Salamanca, si bien no contiene una definición expresa de objetivos e indicadores de cumplimiento, se elaboran anualmente informes de seguimiento.
Finalmente, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, todos los ayuntamientos de más de 50.000 h., salvo el de León, cuentan con un acceso al portal de transparencia desde la web de la entidad donde, con carácter general, pueden verse publicados los planes relacionados con el ahorro y la eficiencia energética.
El marco de la política energética y climática en España está determinado por la UE, que, a su vez, responde a los requerimientos de los tratados internacionales para dar una respuesta global y coordinada al reto de la crisis climática. En diciembre de 2015 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanza el Acuerdo de París, tratado internacional, jurídicamente vinculante, que cubre todos los aspectos de la lucha contra el cambio climático, tanto la mitigación, como la adaptación y los medios de implementación.
