Amilivia presenta en las Cortes la fiscalización de actuaciones medioambientales y la de gestión de residuos en Zamora, Palencia y Soria
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó hoy cuatro informes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes: el correspondiente a la fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, y otros tres sobre la contratación de la gestión de los residuos sólidos urbanos de los ayuntamientos de Palencia, Soria y Zamora.
El primero fue remitido al Parlamento autonómico el pasado 10 de septiembre, es decir, goza de plena actualidad, y con los otros tres, correspondientes al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2016, se ha dado un nuevo paso en relación a las comparecencias pendientes del anterior mandato. Con la de hoy, son ya cuatro las comparecencias realizadas por Amilivia ante la Comisión de Economía y Hacienda en los 8 meses transcurridos desde que tomó posesión como presidente del órgano de control externo, y un total de 14 los informes presentados.
Amilivia subrayó que el informe sobre actuaciones medioambientales es el primero de esta materia que realiza la institución, y responde además a los tres ejes medulares de su Plan Estratégico (2019-2022): es una fiscalización operativa, es decir, se trata de un instrumento útil de evaluación para la mejora de las políticas públicas; da respuesta a la preocupación medioambiental y estimula la implantación de políticas de esta naturaleza, y ha sido desarrollado coordinadamente con el Tribunal de Cuentas al haber sido seleccionada esta materia como de interés prioritario para el desarrollo de fiscalizaciones conjuntas en 2018.
Se trata de una fiscalización combinada, operativa y de cumplimiento, sobre las actuaciones de los 23 ayuntamientos de Castilla y León con población superior a los 10.000 habitantes. Se han analizado las actuaciones llevadas a cabo, si se han acometido, en su caso, con planificación, comprobándose también los programas presupuestarios relacionados con la protección y mejora del medio ambiente, así como, en su caso, la existencia de objetivos e indicadores. En el ámbito de la legalidad, se han examinado las actuaciones y medidas específicas adoptadas sobre la contaminación atmosférica, lumínica, acústica y con la recogida de residuos.
Los resultados del trabajo quedan reflejados en 63 conclusiones que dan lugar a 12 recomendaciones.
-Sobre la planificación medioambiental llevada a cabo por los ayuntamientos: De los 23 ayuntamientos analizados, 18 cuentan orgánicamente con una unidad, área o departamento específico de medio ambiente. El número total de trabajadores que desarrollan estas competencias asciende a 266, de los que 40 son técnicos especialistas en medio ambiente. Hay 5 que no se han sumado a ninguna agrupación de municipios con objetivos medioambientales. Con respecto a la adhesión a compromisos internacionales, 13 han formalizado la Carta Aalborg (ciudades europeas hacia la sostenibilidad) y se han adherido al desarrollo de la Agenda 21 Local. Entre los que no han suscrito ninguna de ellas figuran 3 capitales (Ávila, Segovia y Zamora).
Sobre auditoría medioambiental, 10 ayuntamientos han realizado un diagnóstico y 8 han establecido un plan de acción ambiental. Hay 4 capitales de provincia que no han realizado diagnóstico ni plan de acción (Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora).
La política medioambiental debe establecer los principios e intenciones básicas que orienten la actividad de la entidad local, configurándose como un paso previo a la implantación de un sistema de gestión. Pues bien, tan solo 6 ayuntamientos (Ponferrada, Palencia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Soria y
Valladolid) tienen una política medioambiental aprobada y de ellos sólo 3 (Ponferrada, Salamanca y Valladolid), además de León y Astorga, cuentan con un sistema de gestión medioambiental en su organización interna, si bien no para toda la entidad sino únicamente para determinadas áreas.
Si bien la mayoría de los ayuntamientos tiene previsto en sus ordenanzas la concesión de beneficios fiscales, destacan los concedidos en Valladolid y Burgos por la utilización de energías renovables y vehículos menos contaminantes.
-Sobre los programas presupuestarios e indicadores medioambientales: El gasto declarado por los ayuntamientos en materia medioambiental asciende a 61 millones de euros, siendo el mayor importe el correspondiente a las medidas relacionadas con la Agenda 21 Local (42,4 millones), seguido del gasto de inversión en medio ambiente (19,5) y de las medidas de ahorro energético (2).
En la ejecución presupuestaria por grupos de programas relacionados con el medioambiente, el mayor gasto corresponde a limpieza viaria (64,5 millones), parques y jardines (44), gestión de residuos (41) y gestión del agua (18,7).
En cuanto al ratio gasto en medioambiente/gasto corriente, se desprende que el gasto total agregado se habría situado en un 23% del gasto corriente, destacando Valladolid con el 41,8%, seguido de Palencia, Zamora y Salamanca, que se sitúan entre el 27% y 28%.
-Sobre las actuaciones específicas llevadas a cabo en cuanto a contaminación atmosférica, lumínica, acústica y de recogida de residuos: En relación con la normativa atmosférica y la calidad del aire, el Pleno de los ayuntamientos de Ávila y Soria deberá adaptar sus ordenanzas a lo señalado en la ley y su reglamento. En esta materia, lo mismo deberá realizar el Pleno de los ayuntamientos de Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Ponferrada, Santa Marta de Tormes, Laguna de Duero y Benavente, sobre su planeamiento urbanístico, En relación con la normativa acústica, el órgano plenario de Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Ciudad Rodrigo y Arroyo de la Encomienda deberá aprobar las ordenanzas municipales necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley autonómica del ruido.
El Consejo recomienda a las autoridades locales que deberán llevar a cabo determinadas actuaciones previstas en la normativa sectorial correspondiente, y que los órganos competentes de los ayuntamientos deberían adoptar las medidas presentadas en el Informe, tendentes a mejorar la calidad del aire y minimizar la contaminación atmosférica, así como las dirigidas a prevenir la contaminación lumínica, por un lado, y a mejorar la calidad acústica en el municipio, por otro.
Finalmente, Amilivia se refirió a la aplicación de medidas referidas tanto a la normativa específica como al cumplimiento de la legislación en esta materia.
INFORMES SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN PALENCIA, SORIA Y ZAMORA
Se trata de tres auditorías combinadas (operativas y de cumplimiento de legalidad) para comprobar la legalidad en la tramitación de los respectivos procedimientos de contratación, verificar los distintos sistemas de control sobre la realización del servicio y analizar asimismo los principales indicadores sobre su prestación. Fiscalizaciones sobre la gestión llevada a cabo durante los años 2013 y 2014, que incorporan un análisis de la situación actual.
Los ayuntamientos de Zamora y de Soria prestan servicios y realizan pagos en una situación de hecho de naturaleza extracontractual, incumpliendo la normativa sobre contratación del sector público. Palencia cumple con carácter general la legalidad vigente, salvo en determinados aspectos referidos al procedimiento de contratación.
Los tres ayuntamientos formalizaron en su momento las correspondientes adjudicaciones mediante contratos de gestión en la modalidad de concesión. Con arreglo a la nueva normativa en materia de contratación del sector público, los tres deberán encuadrar las futuras nuevas adjudicaciones en la correspondiente categoría de contratos de servicio.
En relación a las alegaciones al informe, es especialmente destacable el caso de Palencia, que como consecuencia del informe provisional recuperó 145.000 euros indebidamente pagados a la empresa. El Ayuntamiento de Soria intenta justificar la ausencia de contrato, aunque en el posterior seguimiento de las recomendaciones manifiesta su voluntad de proceder a realizar una nueva contratación. El de Zamora no hace referencia a la ausencia de contrato, entendiéndose que comparte las afirmaciones contenidas en el Informe del Consejo de Cuentas.
En relación a reparos de los interventores, la Intervención del Ayuntamiento de Zamora viene reparando sistemáticamente los pagos correspondientes al contrato; no así la de Soria y, desde luego, tampoco en el caso de la de Palencia.
En relación a las cuantías pagadas en 2018. En cuanto a la cuantía económica que han pagado sin contrato en vigor en 2018 los ayuntamientos de Soria y Zamora, tanto por recogida como por limpieza y prestaciones complementarias, de acuerdo con los datos que obran en poder del Consejo, es la siguiente: 2.750.974 euros al Ayuntamiento de Soria y 5.117.392 el de Zamora.
-Seguimiento de las recomendaciones:
En cuanto al informe de seguimiento del 2018 del Consejo de Cuentas sobre las recomendaciones efectuadas:
- En conjunto, de las 15 recomendaciones trasladadas: 6 han sido corregidas total (2) o parcialmente (4). 6 han sido tomadas en consideración, pero aún no aplicadas y 3 resultan imposibles de verificar.
- Por ayuntamientos:
- Zamora: 3 recomendaciones han sido tomadas en consideración y 1 resulta imposible de verificar.
- Soria: las 3 han sido tomadas en consideración.
- Palencia: 6 han sido corregidas total (2) o parcialmente (4) y 2 han resultado imposibles de verificar.
- Se considera, por tanto, con carácter general que el Ayuntamiento de Palencia ha cumplido parcialmente casi todas las recomendaciones, es decir, que manifiesta su conformidad y ha comenzado a poner en marcha procedimientos para su implantación.
- El de Soria manifiesta que está estudiando poner en marcha el procedimiento de contratación, sin que se haya podido constatar su puesta en práctica efectiva.
- El de Zamora también manifiesta que se está poniendo en marcha el procedimiento, constando en su sede electrónica un acuerdo del Pleno del pasado 10 de septiembre de 2019 en el que se delega en el alcalde la realización de “actos de impulso” del procedimiento de contratación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos.