Consejo de Cuentas de Castilla y León

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, desgranó hoy en su primera comparecencia de la X Legislatura del Parlamento autonómico las principales actuaciones emprendidas por el órgano de control externo desde el inicio del mandato el pasado mes de febrero. Antes de dar cuenta de cuatro informes de fiscalización, se ha centrado en los objetivos del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, que fue presentado al presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, el pasado 31 de julio.

 Además de su función fiscalizadora ordinaria, con 29 informes en elaboración en la actualidad, el Consejo ha venido impulsado en estos meses una serie de reformas necesarias para que la institución aborde con garantías los principales desafíos de futuro a fin de profundizar en la utilidad del servicio que presta a los ciudadanos. Así, el Plan Estratégico incorpora 4 objetivos supeditados a sendas modificaciones normativas necesarias para impulsar, entre otras cuestiones, la independencia, la autonomía funcional y una regulación precisa del procedimiento de presentación de los informes en las Cortes. Además del Tribunal de Cuentas, en los últimos años los órganos de control externo autonómicos han venido incorporando esta herramienta dentro de sus prácticas de buen gobierno y transparencia, siendo el Consejo de Cuentas de Castilla y León el séptimo de los doce existentes en aprobarlo.

  Entre los principales objetivos, Amilivia destacó ante la Comisión de Economía y Hacienda la propuesta de reforzar la independencia del Consejo, asumiendo la aprobación de su propio plan anual de fiscalizaciones. Como es sabido, Castilla y León es la única comunidad autónoma en la que su órgano de control externo no goza de autonomía en la aprobación del plan de fiscalizaciones. En consecuencia, se plantea una modificación legal para corregir esta excepcionalidad y homologar el procedimiento de aprobación del plan al conjunto de los órganos de control externo autonómicos de España. Todo ello, sin perjuicio de la existencia de mecanismos de incorporación al plan, de aquellos trabajos que pueda encomendar el Parlamento autonómico.

   Asimismo, también incidió en otros objetivos como garantizar la autonomía del Consejo de Cuentas en la gestión de sus recursos humanos y materiales, acortar y homogeneizar los plazos de rendición de cuentas, el establecimiento de una regulación precisa del procedimiento de presentación de los informes en las Cortes, o la aplicación de multas coercitivas y medidas tendentes a condicionar el pago de subvenciones y transferencias a la rendición de cuentas.

   La actual indefinición en cuanto a los plazos para la tramitación y debate de los informes de fiscalización genera situaciones como la acumulación de los mismos pendientes de comparecencia. Por ello, un acortamiento de los plazos favorecería, afirmó, una mayor actualidad de los trabajos y una mejor labor de control para las Cortes en relación a los entes fiscalizados.

  En la actualidad, además de los 18 informes del plan anual de fiscalizaciones de 2019, el Consejo de Cuentas continúa trabajando en otras 11 fiscalizaciones. Con los cuatro nuevos informes presentados hoy por el presidente del Consejo de Cuentas, quedan pendientes de comparecencia un total de 17. Ante esta circunstancia, Amilivia planteó como reflexión ante los miembros de la Comisión, de cara a la tramitación del próximo Plan Anual de Fiscalizaciones, que, en un ejercicio responsable de realismo, este se ajuste a la capacidad de los recursos humanos y materiales del órgano de control.

   Dentro del Plan Estratégico, también aludió al impulso en la identificación de áreas de riesgo al objeto de emprender fiscalizaciones en ámbitos de gestión pública en los que pudieran apreciarse la existencia de irregularidades. En este aspecto, anticipó la total disposición a estudiar la asunción de competencias en materia de prevención y lucha contra el fraude, ya incorporadas en otros órganos de control externo autonómicos como los de Galicia o Canarias.

   Para la puesta en marcha de estas medidas resulta necesario introducir distintas modificaciones normativas, caso de la Ley 2/2002 del Consejo de Cuentas y la Ley 4/2013 de reforma de la organización y funcionamiento de las Instituciones Propias de Castilla y León, entre otras iniciativas reguladoras.

   En relación a otras actuaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en estos primeros meses del actual mandato, se ha aprobado una nueva norma interna para mejorar la estructura, contenido y formato de sus informes de fiscalización. Así los informes son redactados a partir de ahora con una extensión máxima razonable y una estructura más accesible.

   En cuanto a la publicación de las fiscalizaciones en la web, se ha reforzado la divulgación de los informes mediante un resumen, una nota informativa y un glosario de términos que hagan accesible su contenido a cualquier persona.

   También se ha fortalecido la colaboración con el Tribunal de Cuentas mediante la firma de un convenio para mejorar la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales.

Informes presentados hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda

• Seguimiento de las recomendaciones, ejercicio 2018:

Se trata del sexto análisis realizado por el Consejo sobre el seguimiento de sus recomendaciones, tomando como referencia las contestaciones remitidas por los entes auditados. En 2018 se cumplieron total o parcialmente un 42% de las recomendaciones y fueron tomadas en consideración un 19%, registrándose un grado de aceptación de las mismas del 61%. En relación a la elaboración de este informe, dentro del primer cuatrimestre del año, Amilivia abogó por establecer plazos más razonables para poder obtener una imagen más afinada sobre la voluntad de cumplimiento de las recomendaciones por parte de los entes fiscalizados.

En este sentido, actualmente se da la circunstancia de que informes aprobados en el mes de diciembre por el Consejo de Cuentas, contienen recomendaciones sobre las cuales se solicita a los entes fiscalizados una respuesta sobre su cumplimiento en los dos meses siguientes, resultando imposible su aplicación, aun siendo tenida en consideración.

• Informes de fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicios 2016 y 2017

Al encontrarse pendiente de comparecencia el informe referido a 2016, se consideró aconsejable unir su exposición al correspondiente a 2017, publicado el pasado 15 de julio. En el conjunto nacional la cuantía global de los Fondos previstos para 2016 y 2017 mantiene la de 2015, cifrada en 432 millones de euros, lo que representa tan solo el 0,2% de los recursos de que han dispuesto las comunidades autónomas. Desde esta perspectiva, según el presidente del Consejo cabe reflexionar sobre la capacidad para cumplir con el objetivo constitucional corrector de desequilibrios de un fondo que para Castilla y León representa unos 19 millones de euros anuales en la actualidad. La Comunidad ejecutó en 2016 el 81% del FCI y en 2017 el 100%.

• Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2017.

A 31 de diciembre de 2018 habían rendido sus cuentas 3.667 entidades de un total de 4.751, es decir, el 77,2%. El dato supone una leve mejora respecto al año anterior, que fue el 76,6%. La rendición de cuentas de los ayuntamientos, con datos al cierre de cada ejercicio, disminuye 3,1 puntos porcentuales, al pasar del 82,7% correspondiente a las cuentas de 2016 al 79,6% de las relativas a 2017.

La comparación de los niveles de rendición de los ayuntamientos por comunidades autónomas pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional (78,3%), pero cada vez más alejados de los mejores resultados (5 comunidades se sitúan entre el 88% y el 97%). En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas. En este sentido, las recomendaciones del Consejo de Cuentas insisten en el contenido de las declaraciones suscritas en 2017 por el Tribunal de Cuentas y todos los órganos de control externo autonómicos, para el impulso de medidas que permitan mejorar la rendición de cuentas y el acortamiento de los plazos en el cumplimiento de esta obligación legal.