Amilivia reclama que rendir cuentas sea un requisito legal de las entidades locales a la hora de acceder a las subvenciones de la Junta
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El presidente del Consejo de Cuentas presentó esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes tres informes: el de las cuentas del sector público local del año 2020 y dos análisis relacionados con la repercusión de la COVID-19, su impacto sobre los ingresos en las capitales de provincia y la aplicación de los recursos adicionales recibidos por las entidades locales como consecuencia de la pandemia.
- El 87% de los ayuntamientos de Castilla y León rinde cuentas en un contexto de avance del cumplimiento de esta obligación
El primero de los informes expuestos por Amilivia presenta un total de 36 conclusiones en su análisis del sector público local de Castilla y León, actualmente integrado por 4.749 entidades locales y 182 entes dependientes. La rendición de cuentas, aseveró Amilivia, "además de una obligación legal, representa sobre todo un deber democrático que contribuye a una mejor gestión y una garantía de transparencia para que el conjunto de los ciudadanos pueda conocer el uso de los fondos públicos por parte de sus representantes locales y la situación económica de sus municipios".
El presidente del Consejo reclamó que la rendición de cuentas se extienda como requisito legal de las entidades locales para acceder a todas las subvenciones de la Junta de Castilla y León.
Dentro del plazo legalmente establecido, hasta el 31 de octubre de 2021, 2.750 entidades locales rindieron la cuenta general del ejercicio 2020, el 57,9%, lo que representa una mejora interanual de un punto porcentual. Las entidades locales que no rindieron cuentas en plazo legal (1.999) se desglosan en 680 ayuntamientos, 2 diputaciones, el Consejo Comarcal de El Bierzo, 139 mancomunidades y 1.177 entidades locales menores.
En concreto, fueron las diputaciones de Ávila y Zamora, sin bien rindieron la cuenta con posterioridad. Dentro de los ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, Segovia, Ponferrada y Medina del Campo, que también la rindieron posteriormente. En cuanto a los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes fueron 13: Candeleda, Medina de Pomar, Astorga, Bembibre, Sariegos, Valencia de Don Juan, Villablino, Villaquilambre, Alba de Tormes, Villamayor, Cigales, Simancas y Tordesillas. Todos ellos rindieron la cuenta de 2020 posteriormente al plazo establecido.
El Consejo Comarcal de El Bierzo sigue sin rendir la cuenta, así como las de los dos ejercicios precedentes.
Los niveles de rendición de cuentas en plazo se incrementaron en 5 de las 9 provincias de Castilla y León, destacando Zamora con 6,5 puntos porcentuales; León con 4,3; Palencia (2,6); Burgos (2,4) y Salamanca (1,7).
La Comunidad, que cuenta con 2.248 ayuntamientos (el 28% del total nacional) y acapara además el 60% de las entidades locales menores, presenta un 70% de media en la rendición de cuentas de los ayuntamientos, superando la media nacional, pero con margen de mejora respecto a comunidades como Galicia, Aragón o Valencia, que superan el 80% al tener establecidas medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de esta obligación.
El año pasado, recordó el presidente, comenzaron a aplicarse este tipo de medidas en Castilla y León, que suponen un avance en atención a uno de los planteamientos históricos del Consejo de Cuentas. El informe revela que 15 ayuntamientos no han rendido cuentas en diez u once ejercicios durante el periodo 2010-2020. Entre ellos, dos tienen una población de entre 500 y 999 habitantes y los restantes son menores de 500 habitantes.
Es muy destacable el hecho de que, con relación al último ejercicio 2020, a fecha actual ha cumplido ya el 87% de los ayuntamientos de la Comunidad, con una horquilla que oscila entre el 75% de Segovia y el 91% de León. Le siguen a León en el ranking de rendición de cuentas los ayuntamientos de Soria (90,7%); Salamanca (89,8%); Valladolid (88%) o Zamora (87,5%). También mejoró el porcentaje de rendición de las entidades locales menores.
Entre las 918 cuentas del ejercicio 2020 que fueron objeto de revisión por el Consejo, inicialmente solo 199 se presentaron completas y sin incidencias y las 719 restantes contenían incidencias de diversa índole que fueron comunicadas a las entidades locales. Tras el proceso de subsanación por las entidades correspondientes, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 237, el 26% de las revisadas. Un 49% de las incidencias fueron de carácter formal, relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario y contable. El resto, definidas como sustanciales, tuvieron que ver con la coherencia de la información, en un 29%, y con la integridad de la misma, en un 22% del total.
El informe pone de manifiesto también que entre las entidades locales se produjo un incumplimiento elevado de los plazos de aprobación del presupuesto del ejercicio 2020, con 1.771 entidades, el 64% de las que rindieron cuentas, que lo hicieron después del plazo legal establecido (31 de diciembre de 2019). Incumplimiento que también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, pero en mucha menor medida, pues en este caso son 604 las entidades que rebasan el plazo legal, el 22% de las que han rendido la cuenta general.
En cuanto a la liquidación presupuestaria, en conjunto, las 2.750 entidades locales que rindieron cuentas reconocieron obligaciones (efectuaron gastos) por 2.530 millones de euros, que, con relación a los derechos reconocidos, con ingresos por importe de 2.743 millones, arroja un resultado agregado de 213 millones de euros. Además, el 76% de las entidades locales liquidó con resultado positivo, porcentaje que se eleva al 82% en el caso concreto de los ayuntamientos.
Los municipios gestionan por encima del 72% del total de los recursos y gastos que suman todas las entidades locales. La mitad de este porcentaje corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes que representan una cuarta parte del todo el sector público local.
En cuanto al remanente de tesorería, en el 99,1% de las entidades locales resultó positivo, alcanzando el importe agregado un total de 1.331,8 millones de euros. Todas las diputaciones liquidaron con un remanente de tesorería positivo, al igual que todos los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes. En el periodo (2017-2020) mantiene una evolución positiva, pasando de 1.003 millones a 1.332, con un incremento global del 33%.
Amilivia significó por otro lado la destacada mejora de 32 puntos relacionada con la remisión de la información sobre contratos por parte de las entidades locales. Así, a la fecha estipulada, remitieron la información contractual del ejercicio 2020 un total de 1.938 entidades locales de la Comunidad, es decir, el 41%. La información comunicada refleja la formalización en 2020 de 42.023 contratos por las entidades locales, con un importe de adjudicación de 264 millones de euros.
La mejora en los niveles de rendición de cuentas no es ajena a medidas como la introducida por la Consejería de la Presidencia de la Junta, en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar en 2021 por primera vez como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias la rendición de cuentas. En la convocatoria de 2022 se refuerza este requisito al exigirse no una declaración responsable de haber rendido la cuenta general, sino un certificado emitido por la secretaría de la entidad local de la rendición de la cuenta al órgano de control externo dentro de los plazos previstos en la normativa vigente.
Esta novedad representa el cumplimiento de una de las reivindicaciones históricas del Consejo de Cuentas para mejorar la transparencia, para beneficio de las entidades locales y del conjunto de los ciudadanos. El Consejo defiende la extensión de esta medida al resto de subvenciones y ayudas, para lo cual sería conveniente elevar el rango normativo de este requisito, subrayó Amilivia. El propio Tribunal de Cuentas ha vuelto a insistir en la necesidad de aplicar esta reforma legislativa con carácter general.
La principal conclusión del informe es que las entidades locales de Castilla y León, analizadas de forma global, siguen gozando de una situación económica saneada. Mantuvieron en el primer año de la pandemia la senda creciente en superávit, remanentes de tesorería y fondos líquidos, mientras la deuda viva continuó su tendencia decreciente.
