Amilivia: “La solvencia de la Universidad de Burgos está fuera de toda duda; los valores de liquidez muestran una tendencia creciente”
- El presidente del Consejo de Cuentas presentó la fiscalización de la UBU en las Cortes, destacando indicadores como el resultado presupuestario de 2020, que alcanzó los 2,07 millones, o el positivo remanente de tesorería
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, detalló ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico la fiscalización sobre el análisis de la situación económico-financiera de la Universidad de Burgos (UBU) y de sus entes dependientes. De este trabajo se desprende que "su solvencia está fuera de toda duda", que "los valores de liquidez muestran una tendencia creciente" y que "la situación de endeudamiento con las entidades de crédito se ha ido minorando cada anualidad alcanzando 1,76 millones de euros a finales de 2020".
La auditoría fue entregada a las Cortes el pasado 5 de diciembre, completándose con ella el ciclo de fiscalizaciones de las 4 universidades públicas de Castilla y León, una vez que estas dejaron de formar parte desde 2016 de la Cuenta General de la Comunidad.
Con este trabajo, que examina las cuentas rendidas en el ejercicio 2020 y en los tres anteriores, se analizó la situación económico-financiera, identificando los indicadores más relevantes, observando su evolución y comportamiento, así como alertando de las desviaciones más significativas detectadas en ellos, poniendo el foco en aspectos relacionados con la financiación y en determinados tipos de gasto.
En primer lugar, en cuanto a la organización, la UBU contaba en el curso 2020/2021 con una oferta de 24 grados, 8 dobles grados, 26 másteres, 11 programas de doctorado y 20 títulos propios.
En los ejercicios objeto de esta auditoría se redujeron las actuaciones de control por las vacantes en el servicio de auditoría interna de la UBU, no habiéndose aprobado un plan de control para el ejercicio 2020. La institución académica ha contado con unas entidades participadas para la promoción y desarrollo de sus fines, pero ninguna cumple con los requisitos normativos para que tengan que rendir cuentas en los mismos plazos y procedimientos que la propia universidad al no tener en ellas una participación mayoritaria.
Con relación al análisis del presupuesto, en el periodo estudiado no disponía de una programación presupuestaria plurianual, si bien aprobó un Plan Estratégico de Investigación, Transferencia del Conocimiento e Innovación 2019-2024. Además, el hecho de no aprobar el presupuesto de 2020, prorrogando el anterior, tal y como sucedió en 2019, genera retrasos que limitan fuertemente su carácter de instrumento de planificación y control.
El presupuesto definitivo alcanzó el mayor importe en 2020 con un incremento en el periodo examinado del 10,04%. El importe de los derechos reconocidos netos en 2020 año ascendió a 64,17 millones de euros. Los ingresos por operaciones corrientes suponen la principal fuente de financiación, representando en los ejercicios analizados entre el 91% y el 89%; los ingresos por operaciones de capital se mueven en un intervalo del 8% al 10% y los procedentes de operaciones financieras representan menos del 1%.
La financiación propia significa una media de algo más del 19% de los recursos y su importe, 10,19 millones de € en 2020, tuvo una tendencia decreciente. Dentro de la financiación propia, la más representativa es la procedente de los servicios docentes, algo más del 83% de media. El mayor peso correspondió a los precios públicos de Grado.
En cuanto a la financiación ajena, esta supone una media de algo menos del 81% del total. Su importe, que en 2020 ascendía a 53,98 millones de €, aumenta en los 4 años 10,25 millones, un 23,45% y de ella, la financiación de la Comunidad representa de media anual un 90%. La financiación autonómica (48,50 millones de € en 2020) se incrementó durante los 4 años en 8,87 millones, un 22,40%. Es destacable, continuó Amilivia, el aumento de las transferencias corrientes en 2020, fundamentalmente para paliar los efectos de la COVID-19, y también de las transferencias de capital.
Por otro lado, la ejecución presupuestaria presentó una tendencia creciente, con una media en todo el periodo superior al 95%, situándose los dos últimos ejercicios en un valor mayor del 97%, expresión de rigor en la previsión de sus ingresos.
En lo referente al total de obligaciones reconocidas netas, en 2020 su cuantía ascendió a 60,01 millones de €, aumentando el 5,54% con respecto a 2017. En la liquidación de los gastos la relevancia de las operaciones corrientes es muy elevada, una media del 86,46% en el periodo. Las operaciones de capital representan de media el 12,25% correspondiendo totalmente a los gastos en inversiones reales. Las operaciones financieras tienen una pequeña relevancia, un 1,29% de media.
El capítulo más relevante en el total de obligaciones reconocidas es el de gastos de personal, representando una media del 69,10% y tendencia creciente, alcanzado su mayor valor en 2020 con 43,39 millones de €. Los gastos corrientes en bienes y servicios alcanzaron 8,47 millones de € en 2020, disminuyendo en el periodo un 8%.
Los gastos de inversión representaron de media el 12%, con una tendencia creciente, aunque con fuerte caída en 2020. Los gastos por pasivos financieros representaron una media algo superior al 1%, con tendencia decreciente.
Por su parte, la ejecución presupuestaria presentó una media del 94,06% en el periodo. La realización de pagos se situó todos los años por encima del 97%, lo que significa que la UBU carece de problemas de control de pagos y de tesorería. El resultado presupuestario de 2020 alcanzó los 2,07 millones de €. Se pasó de tener déficit los dos primeros ejercicios a presentar superávit en los dos siguientes, siendo 2020 el ejercicio con mejor resultado de todo el periodo.
La fiscalización recoge además que los indicadores de ahorro bruto y neto fueron positivos por lo que los ingresos corrientes pueden cubrir los gastos de funcionamiento de los servicios y la carga financiera de la deuda, pudiéndose destinar el exceso a reducir el endeudamiento con entidades financieras o a la financiación de las inversiones.
También, que el remanente de tesorería para gastos generales fue positivo en todos los ejercicios, con una tendencia alcista, ascendiendo en 2020 a 5,69 millones de €, expresión de la situación de liquidez de la institución académica, con solvencia financiera a corto plazo.
Con relación al análisis del balance, el total del activo y patrimonio neto y pasivo entre 2017 y 2020 disminuyó el 1,06%, pasando de 125,73 millones de € a 124,39.
La situación de endeudamiento con las entidades de crédito, que venía siendo importante, se fue minorando cada anualidad, alcanzando 1,76 millones de € a finales de 2020. Tal como expuso Amilivia, los distintos índices de liquidez reflejan capacidad para mantener un equilibrio financiero, estando la solvencia de la UBU fuera de toda duda y mostrando los valores de liquidez una tendencia creciente. Todo ello supone, añadió, una elevada capacidad para atender las obligaciones con vencimiento inferior al año y la existencia, de seguir con esa tendencia alcista, de un excedente de tesorería que no se rentabiliza.
En cuanto al análisis del resultado económico-patrimonial, este fue negativo los dos primeros años y positivo los dos siguientes, con cierta disminución del importe en 2020 con respecto al ejercicio anterior.
Las 4 recomendaciones del Consejo de Cuentas se centran en aspectos como el servicio de auditoría interna, el calendario de aprobación del presupuesto, el grado de ejecución del presupuesto y la mejora de la rentabilidad de la entidad.
Más detalladamente, la UBU debe valorar si el servicio de auditoría interna cuenta con una adecuada dotación de recursos para el cumplimiento de los fines del control interno o, incluso, la necesidad de mejorar su estructura.
Además, debe acelerar todo lo posible el proceso de elaboración y discusión de su presupuesto para conseguir que su aprobación se produzca antes del 1 de enero del ejercicio al que correspondan sin necesidad de la prórroga automática.
Como tercera recomendación, la UBU debe aumentar el grado de ejecución de los distintos capítulos del presupuesto, sobre todo de las operaciones de capital, concretamente de las inversiones reales, así como vigilar y en su caso corregir el comportamiento de algunas magnitudes de gasto corriente en bienes y servicios.
Finalmente, debe establecer fórmulas para utilizar el excedente de tesorería que contribuyan a mejorar la rentabilidad de la entidad entendida tanto en términos financieros como en términos de potencial de servicio o beneficio de la colectividad.
