Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El presidente del Consejo asegura en las Cortes, en una comparecencia sobre la evaluación del gasto público de la Administración de la Comunidad, que institucionalizar esta función en el órgano de control requiere de una iniciativa legislativa de creación y funcionamiento para garantizar su independencia
• En un diagnóstico coincidente con lo recogido por la AIReF afirma que la asunción de nuevas competencias resultaría mucho más eficiente con la creación de una nueva sección de fiscalización dentro del organigrama del Consejo para aprovechar su experiencia acreditada en la evaluación de políticas públicas a través de fiscalizaciones operativas

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, subrayó hoy en las Cortes la experiencia de este órgano de control en la evaluación de políticas públicas y consideró que institucionalizar esta función en el Consejo, tal y como ha sido anunciado por el Gobierno autonómico, requiere de una iniciativa legislativa de creación y funcionamiento para garantizar la independencia de la institución autonómica.

Durante su comparecencia de hoy en la Comisión de Economía y Hacienda sobre el análisis de los sistemas de evaluación del gasto público de la Administración de la Comunidad Autónoma, el presidente coincidió con el diagnóstico recogido en un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef)  por encargo de la Junta al destacar que la asunción de nuevas competencias resultaría mucho más eficiente con la creación de una nueva sección de fiscalización dentro del organigrama del Consejo de Cuentas.

Según expone el estudio de la AIReF -continuó- “esta unidad independiente externa que la Junta plantea incorporar dentro de la estructura organizativa del Consejo como agencia de evaluación permitiría aprovechar nuestra experiencia acreditada en la evaluación de políticas públicas a través de la realización de fiscalizaciones operativas”.

El presidente citó textualmente lo expresado por la AIReF en su estudio: “Ello permitiría aprovechar, en alguna medida, la estructura del Consejo y evitaría, sobre todo a corto plazo, algunos de los costes fijos de crear un organismo totalmente nuevo. Además, se aprovecharía el conocimiento y la experiencia ya existentes en la realización de las fiscalizaciones operativas, lo que supondría un apoyo significativo en la primera etapa de funcionamiento de esta unidad”. Para añadir que “dada la práctica de la rendición de cuentas del Consejo ante las Cortes de Castilla y León, los resultados de las evaluaciones promovidas/realizadas por la unidad independiente de evaluación tendrían divulgación y se promovería su utilización en la discusión parlamentaria y en la formulación de políticas públicas más eficaces”.

A la vista de ello, en opinión de Amilivia, es evidente el “reconocimiento expreso” que se realiza al trabajo que viene desarrollando el Consejo en la evaluación de políticas públicas a través de sus fiscalizaciones operativas, “pero institucionalizar la evaluación externa de forma permanente dentro de un nuevo sistema coordinado plantea un nuevo escenario competencial para el Consejo de Cuentas con ampliación de sus atribuciones”.  En este sentido, se mostró “favorable” a asumir nuevas competencias que fortalezcan el servicio que la institución presta al conjunto de la ciudadanía y, muy especialmente, en esta nueva línea de trabajo.

Sin perjuicio de cómo se articulen, en su caso, estas nuevas competencias en la estructura orgánica del Consejo -bien como una agencia o bien con la creación de una nueva sección de fiscalización- señaló que “lo que sí parece obvio es que dicha asunción de competencias, si bien resultaría mucho más eficiente que la creación de un organismo estrictamente nuevo tampoco puede ser planteada a coste cero”. Explicó en este sentido que, tal y como recoge la AIReF en su estudio, la creación de una unidad independiente de evaluación inscrita dentro del Consejo de Cuentas requeriría de una ley de creación y funcionamiento. Este rango legal sería necesario dada la independencia del Consejo respecto a la Administración autonómica. En dicha ley se regularían la creación y las funciones de esta unidad independiente, la composición y forma de actuación, así como el necesario mandato para la dotación de medios del Consejo de Cuentas y el desarrollo de la reglamentación de funcionamiento interno.

Amilivia recordó en este contexto la propuesta de reforma normativa que fue planteada el año pasado a todos los grupos parlamentarios, como conjunto de reivindicaciones que deberían acompañar la iniciativa legislativa necesaria para institucionalizar la evaluación externa de políticas públicas dentro del Consejo de Cuentas. Reformas de índole normativo, precisó, dirigidas tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional del órgano de control externo, como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los entes fiscalizados. Un nuevo impulso con el que se pretende, además, dotar al personal de la institución de un régimen coherente con su alta cualificación a fin de que el Consejo de Cuentas pueda seguir cumpliendo su cometido estatutario con la plena garantía de ofrecer un buen servicio a los ciudadanos.

Informe. El propósito de la auditoría operativa presentada hoy es verificar el sistema de evaluación de las políticas presupuestarias basado en la gestión por objetivos de las entidades del sector público autonómico, regulado por la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León de 2006.

Ley que supuso un hito importante con la implantación de presupuesto por programas, respondiendo a la necesidad de establecer instrumentos para mejorar los procesos de asignación de recursos e incrementar la eficacia y la eficiencia en las administraciones públicas. Y que estableció asimismo que la disciplina presupuestaria debe estar ligada a una gestión eficaz y eficiente, introduciendo unas normas generales para fijar la necesaria correspondencia entre la gestión y los objetivos hacia cuya consecución se orientan los programas presupuestarios.

Resumidamente, el informe concluye que, si bien la Administración autonómica se dotó con esta ley de una avanzada normativa para incorporar un sistema de evaluación de las políticas públicas que permitiera medir el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, en su aplicación práctica se detecta un importante margen de mejora en la práctica de las evaluaciones. Un diagnóstico que es coincidente con el contenido en el estudio “La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León: situación actual y propuestas”, elaborado por la AIReF a resultas del encargo de la Junta, y que fue presentado el 1 de octubre. Este estudio propone un nuevo marco de planificación que refuerce la vinculación de la evaluación en la planificación estratégica y la programación presupuestaria, mejorando la coherencia entre ambas. Propone además la creación de un nuevo sistema de indicadores que incluya no solo variables de ejecución sino también de resultados e impacto basados en un sistema integrado de información.

En la fiscalización del Consejo de Cuentas se ha examinado el contenido del balance de resultados anual, acompañado de un informe que, finalizado el ejercicio, realizan los órganos gestores responsables de la ejecución de los programas. Las actuaciones tomaron como base el ejercicio 2018, última cuenta rendida para la que se pueden analizar los objetivos e indicadores del último año en que se aprobó una ley de presupuestos. Analizándose también aspectos necesarios de los informes de gestión de la Cuenta General de 2019 y del proyecto de ley de presupuestos de 2021.

Una de las principales evidencias de la fiscalización es que el sistema diseñado no somete a evaluación todos los programas de gasto. De los 63 programas del presupuesto de 2018, sólo 11 están sometidos al seguimiento regulado, si bien su importe representa el 60% del total. No forman parte del sistema de evaluación programas como el de Deuda pública de la Comunidad (1.326 millones de euros) y otros como los de Regularización mercados (956 millones); Enseñanza universitaria (348) o Pensiones y otras prestaciones económicas (194).

En segundo lugar, no se demuestra documentada la relación entre el grado de consecución de los objetivos previstos y el importe que se asigna a los programas de gasto. Faltan, en este sentido, concreción y claridad en la definición de un número relevante de objetivos, actividades e indicadores.

Recomendaciones. En primer lugar, la Junta debería desarrollar, bien mediante la elaboración de nuevas normas y/o modificación de las existentes, el procedimiento de evaluación a efectos de que el sistema diseñado, regulado y aplicado someta a evaluación a la totalidad de los programas de gasto público y no solamente a una parte, disponiendo a su vez de instrucciones y manuales que permitan regular aspectos que afectan al análisis de impacto en la asignación de recursos como son:

-El procedimiento exigido a los centros gestores y sus responsabilidades en el seguimiento de los objetivos.

-El contenido de las memorias descriptivas de los programas presupuestarios referido a la estructura y concreción de objetivos, actividades e indicadores.

-La coherencia entre el nivel de obtención de los objetivos y las dotaciones correspondientes en las propuestas de asignación de recursos mediante la priorización de los indicadores.

-La valoración del grado de cumplimiento de los objetivos, la causa de las desviaciones detectadas de acuerdo con criterios de racionalidad económica y su impacto en las dotaciones presupuestarias y reasignaciones de recursos.

Como segunda recomendación, a efectos de garantizar un diseño más eficaz del sistema de evaluación de los programas de gasto, los centros gestores deberían:

-Cuantificar el gasto previsto que suponen las líneas y metas de las secciones presupuestarias y sobre todo los objetivos y actividades, con el fin de poder medir mediante indicadores el grado de cumplimiento de objetivos y su impacto en la asignación de recursos. También debe mejorarse la información a suministrar en las fichas presupuestarias relativas a los recursos personales y materiales.

-Aumentar la concreción de los objetivos y su vinculación con las actividades e indicadores que pretendan medirlos y garantizar su conexión a los programas, planes o estrategias aprobados para llevar a cabo las políticas públicas. Para ello es necesario que los objetivos del programa presupuestario contemplen una serie de subobjetivos relacionados con las actuaciones a medir.

-Definir más indicadores asociados a cada actividad, para medir de manera más correcta el resultado y el grado de cumplimiento del objetivo asociado.

-Mejorar la definición de indicadores, más claros y que guarden relación suficiente con los objetivos y las actividades cuyos resultados pretenden medirse. A su vez, se deben implantar indicadores con variables no solo físicas, sino también monetarias, compuestos, que permitan medir el impacto que implica un programa de gasto sobre la población en el tiempo.

Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda debería reglar las actuaciones de la Comisión Funcional del Presupuesto y de las comisiones de análisis de programas para dejar constancia de las valoraciones del cumplimiento de los objetivos, de las causas de las desviaciones detectadas y de sus efectos sobre la asignación de recursos a los programas de gastos conforme a las prioridades y criterios de presupuestación que se establezcan.

Además, la Consejería de Economía y Hacienda debería impulsar la homogeneización y sistematización de los informes de balances y resultados, con una estructura estandarizada y el contenido necesario para que reflejen la evaluación de impacto de los programas de gasto ejecutados y su efecto en la asignación de recursos.

Finalmente, la Junta, teniendo en cuenta los centros gestores implicados, debería valorar o bien modificar el actual sistema de evaluación, o bien garantizar la incorporación de la evaluacióndel impacto socioeconómico de las políticas públicas sobre el empleoy de las intervenciones cofinanciadas con fondos europeosal sistema de seguimiento de objetivos, así como la evaluación de impacto de género.

Balance. Con la de hoy son ya 23 las comparecencias realizadas en las Cortes, en las que han sido presentados 58 informes, que suponen un 25% del total histórico. En cuanto a la programación del resto de los trabajos, actualmente hay otras 28 auditorías en marcha, 20 del Plan Anual 2021 y otras 8 de planes anteriores. El Consejo de Cuentas prevé concluir este ejercicio con más de 30 informes aprobados, -32 concretamente- la cifra más alta de toda la serie histórica del órgano de control. Así, a los 24 informes ya aprobados en lo que va de año, se prevé la finalización antes del cierre del año de otras 8 fiscalizaciones.