Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El 26% del gasto en el cuatrienio 2019-2022 (120 millones) corresponde a transferencias a entidades locales, en su gran mayoría para pavimentación de vías, administración general y fomento del empleo
• importe total por la prestación de servicios declarado por la Diputación en el periodo examinado suma 230 millones. Los servicios sociales son los que mayores recursos percibieron

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó hoy el informe sobre el análisis del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de Burgos a los pequeños municipios, la cuarta de las diez fiscalizaciones programadas para las nueve instituciones provinciales de la Comunidad, además del Consejo Comarcal del Bierzo, con el objetivo de analizar si dicha asistencia está alineada con lo establecido por la normativa de régimen local.

El informe será publicado en los próximos días en la página web del Consejo. Comprende cuatro ejercicios, abarcando, además de la diputación, sus entes dependientes o adscritos.

A lo largo del trabajo se profundiza en apartados como el presupuesto de la institución, el desarrollo de sus funciones de coordinación de los servicios públicos municipales de carácter obligatorio, de los servicios supramunicipales y supracomarcales, y el análisis de los costes efectivos asociados a los servicios obligatorios prestados a las entidades locales, así como por el ejercicio de competencias propias, transferidas o delegadas.

Como resultado del análisis, el Consejo recoge una serie de recomendaciones para la mejora de la gestión de la entidad provincial en áreas como personal, subvenciones, transparencia y coordinación de servicios obligatorios.

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Así, debe priorizar el ejercicio de las competencias sobre cooperación jurídica, económica y técnica con los municipios como instrumentos necesarios para alcanzar uno de los fines principales a los que debe orientar su actuación la provincia, en cuanto agrupación de municipios, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales.

Además, debe adaptar el funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico derivados de las modificaciones legales sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

También debe perfeccionar la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes de asistencia para la realización de inversiones y servicios en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.

Respecto al ámbito territorial y estructura organizativa, el trabajo subraya que Burgos es la provincia que cuenta con mayor número de municipios de la Comunidad (371, el 16,5% del total), a los que se suman 643 entidades locales menores en 2023. El 82,2% de sus municipios (305) no alcanzan la densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado establecida por la UE como umbral de riesgo demográfico.

La capital junto con Miranda de Ebro y Aranda de Duero concentran más de la mitad de los residentes en toda la provincia (68,2%), mientras que el 31,8% restante reside en 368 municipios de menos de 20.000 habitantes. Briviesca y Medina de Pomar son los únicos de menos de 20.000 habitantes que superan los 5.000.

21 municipios tienen una población de 1.000 a 5.000 habitantes, destacando Villarcayo y Valle de Mena. Entre la población residente en los 345 restantes (el 93% de los municipios), todos ellos con una población inferior a mil habitantes, resultan numerosos los que no alcanzan los 100 habitantes (161 municipios), 43,4%.

Por otro lado, cuatro son los entes dependientes y adscritos de la entidad, objeto de este trabajo: el organismo autónomo Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos, el Consorcio para la Gestión Medio-Ambiental y del Servicio de Tratamiento de residuos sólidos de la provincia, el Consorcio ‘Camino del Cid’ y la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos, S.A. (SODEBUR).

La institución desarrolla sus actividades a través de los propios servicios internos integrados en cada una de las unidades administrativas pertenecientes a sus tres áreas de gobierno y también mediante sus entes dependientes, acudiendo a fórmulas de cooperación a través de dichos consorcios y convenios con otras administraciones. En algún caso, también, contratando con empresas externas.

Del total del gasto realizado por la institución en el periodo analizado (2019-2022) 426 millones de euros, las actividades desarrolladas por las unidades orgánicas "Planes Diputación" y "Centros de Acción Social" son las que mayores recursos concentran, con 97,9 y 45,5 millones de euros respectivamente.

Los otros seis centros de gasto que individualizadamente superan los 20 millones aglutinan, junto a las dos unidades citadas, en torno al 70% de los recursos presupuestarios asignados a las correspondientes áreas funcionales de la diputación: "Otros Servicios del Área Financiera"; "Vías y Obras"; "Residencia de Adultos Asistidos"; "Complejo San Salvador de Oña"; "Servicios Generales" y "Deuda Pública".

Según la información que consta en la Plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales, la entidad formalizó en los 4 ejercicios fiscalizados 540 contratos por 70.066.333 euros.

En cuanto al personal, la plantilla orgánica muestra una evolución ligeramente descendente ya que, de las 1.010 plazas existentes en 2019, se pasa a 999 en 2020, 998 en 2021 y 1.000 en 2022, cifra esta última que respecto al número de puestos (1.044) reflejado por la RPT arroja una diferencia negativa de 44 plazas.

En cuanto al análisis presupuestario, el presupuesto consolidado se situó entre los 106,9 millones de euros en 2019 y los 137,6 en 2022. La institución liquidó el presupuesto en situación de superávit, excepto el ejercicio de 2021.

A la conclusión de esta fiscalización y a la vista de la última Cuenta rendida por la diputación, la del ejercicio 2024, todas las entidades pertenecientes al grupo liquidaron sus presupuestos con remanente de tesorería para gastos generales con signo positivo. La entidad principal, con un remanente de tesorería de 16.064.332 euros, incrementó de forma considerable sus fondos líquidos respecto a los de ejercicios precedentes, alcanzando un importe de 62.611.453 euros.

Del total de los gastos de la institución en el periodo analizado (467,2 millones de euros), el 25,7% (120,2 M€) correspondían a gastos por transferencias en favor de las entidades locales. Más de la mitad de los compromisos de gastos en concepto de transferencias a entidades locales se concentraron principalmente en 5 programas: Pavimentación de vías públicas (20 M€/16,8%); Administración General (15,8 M€/13,2%); Fomento del Empleo (12,2 M€/10,2%); Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución (11,4 M€/9,5%) y Otras infraestructuras (10,7 M€/8,9%).

Las principales líneas de subvenciones y ayudas públicas concedidas se centran en tres actuaciones desarrolladas a lo largo de los 4 ejercicios: Plan Provincial de Cooperación (74,8 M€), Plan Entidades Locales Menores (19,3 M€) y Subvenciones a municipios con población igual o menor de 20.000 h. para contratación de desempleados (9,5 M€).

Con relación a la coordinación de servicios municipales obligatorios, la institución concedió 74,8 M€ en subvenciones a los municipios en el marco del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Los importes de las ayudas concedidas en 2019 (16 M€) se incrementaron ligeramente en los tres ejercicios siguientes, situándose en torno a los 19 M€ en 2020 y 2021, y los 21 M€ en 2022.

La pavimentación de vías públicas (759 actuaciones / 22,6 M€) y el abastecimiento domiciliario de agua potable (236 / 5,3 M€) son los servicios que concentran el mayor volumen de actuaciones y de recursos económicos destinados por la entidad a esta política de gasto. Según la información comunicada por la diputación al Ministerio de Hacienda, el importe total de los costes por la prestación de los servicios y por el ejercicio de competencias declarado a lo largo del periodo examinado se cifró en 229.956.674,6 euros, siendo las funciones relacionadas con la prestación de servicios sociales (170.772.256,2 euros) las que mayores recursos demandaron.