Aprobado el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2021 que prioriza los análisis por el impacto de la Covid-19 y recoge 35 trabajos
En su primera comparecencia del año 2021 ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó el informe de seguimiento de las recomendaciones realizadas en 2019 ante los entes fiscalizados y explicó al detalle el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones 2021, tercer programa anual presentado por el actual Pleno del órgano de control externo de la Comunidad, que recoge 35 fiscalizaciones, que se suman a las 17 procedentes de planes anteriores cuya finalización se proyecta para este ejercicio.
El plan anual de trabajo fue aprobado por la Comisión por 9 votos favorables y 7 abstenciones, con lo que se pone en marcha una programación intensa y ambiciosa, en circunstancias aún muy dificiles por la persistencia de la crisis sanitaria.
Con los 35 trabajos aprobados hoy, teniendo en cuenta las 16 fiscalizaciones en elaboración y las 9 ya aprobadas en los últimos meses que están pendientes de comparecencia, el Consejo tendrá comprometidos 60 informes en diferentes fases de tramitación, expresión de la importante e incesante actividad de la institución.
Por otra parte, el informe de seguimiento de recomendaciones registra el mayor grado de cumplimiento alcanzado hasta ahora por los entes fiscalizados. En el caso de la Junta la mejora es de 29 puntos porcentuales, al pasar de un cumplimiento del 31 al 60%.
Si a ello se suman las recomendaciones no aplicadas pero tomadas en consideración el grado de aceptación de las mismas por la Administración autonómica alcanza esta vez el 80%. Cumplimiento que es “el mejor reflejo de la auctoritas de la Institución en la medida en que supone que las administraciones atiendan nuestras propuestas de mejora por el prestigio de nuestros análisis y opiniones, sin que legalmente estén obligadas a ello”.
El presidente Amilivia resaltó que pese a las complicaciones derivadas del inicio de la pandemia en 2020, se aprobaron 14 informes –dos más que la media anual-, se celebraron 28 plenos y compareció en 10 ocasiones en esta Comisión para presentar 28 informes. En estos dos años de mandato Amilivia suma 16 comparecencias en las que han sido presentados 45 informes, el 22% de los aprobados por el Consejo en toda su trayectoria. También, en la actual etapa se han aprobado 34 informes, de los 207 que suma la serie histórica desde 2005.
En 2020 se han obtenido unos datos de rendición de cuentas por parte de las entidades locales muy satisfactorios, solo superados por las comunidades autónomas que cuentan desde hace años con las disposiciones normativas “que también solicitamos para Castilla y León”, agregó.
Estos datos, resumen de las principales actuaciones del último año, revelan que las orientaciones del Plan Estratégico del Consejo de Cuentas están siendo un acierto, convirtiendo el órgano de control externo en una institución más eficaz y eficiente. “Por ello –afirmó- para afianzar esta línea de trabajo y en virtud del resto de los objetivos estratégicos planteados, seguimos reclamando la necesidad de adoptar las reformas normativas reiteradas, cuya puesta en marcha no debiera tener más dilaciones”. Propuesta de reformas, añadió Amilivia, que el Consejo trasladó a todos los grupos políticos el pasado mes de septiembre, tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional de la institución, como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los entes fiscalizados.
Proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones 2021
El Consejo recoge 34 fiscalizaciones de carácter legal y especial, además del informe anual para el seguimiento de las recomendaciones, una programación que incluye además los trabajos de planes anteriores, 16 en la actualidad.
La solicitud recogida en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la Comunidad al objeto de que el Consejo fiscalice la contratación realizada y las actuaciones de gestión llevadas a cabo por la Junta, sus organismos autónomos y entes dependientes durante la crisis sanitaria prioriza las actuaciones del plan de trabajo. Las consecuencias de la pandemia adquieren un carácter transversal en la programación.
Por un lado, las fiscalizaciones de carácter legal permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión pública que, en su conjunto, en el ejercicio 2020 y siguientes quedarán afectadas por el impacto del Covid-19. Igualmente, dentro de las fiscalizaciones especiales se contempla en el ámbito autonómico la fiscalización de los contratos que hayan traído causa en la pandemia, así como el análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a esta misma circunstancia. Se suma, además, el análisis en las cuentas de la administración autonómica de esta coyuntura económica.
En el ámbito local se verificará cuál ha sido el impacto sobre los tributos propios de las capitales de provincia, el destino que las entidades locales han dado a los fondos recibidos para contener las consecuencias del virus y se analizarán sus efectos en las cuentas del sector público local.
A todo ello, el plan contiene trabajos sobre las transformaciones sociales generadas por la pandemia. Así, en el ámbito de la Comunidad se plantea una auditoría sobre la seguridad de los datos en materia educativa en el curso en el que la tele-formación ha llegado a los hogares de forma súbita. Se analizará también la sistemática para el cumplimiento de la publicidad activa.
En el ámbito local, en toda una serie de ayuntamientos se refuerza la necesaria revisión de la seguridad informática. Además se analizará en cada una de las diputaciones la eficacia y eficiencia de su gestión recaudatoria. En ambos casos, la extensión e interés de la materia han aconsejado desagregar informes planteados en anteriores planes para tratar de manera individualizada las entidades auditadas.
El Consejo busca también valorar la prestación de los servicios a los ciudadanos por lo que se incluye el análisis del impacto en esa prestación de la Ley de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León.
Por último, se completarán determinados ciclos de fiscalizaciones como el referido a las capitales de provincia con el Ayuntamiento de Segovia o el de las universidades públicas, con la de Burgos.
