Aprobado y presentado el informe sobre las medidas aprobadas por las Cortes en materia de despoblación
Se trata de una auditoría operativa, en la que se estudian las tendencias poblacionales, así como su relación con indicadores y magnitudes de actividad económica y servicios; las actuaciones, medidas y políticas promovidas por las administraciones públicas para su ejecución por parte de los ayuntamientos y diputaciones, así como la existencia de una planificación al respecto; y la aplicación por la entidades locales de políticas contra la despoblación y su plasmación en reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones y acuerdos.
El informe aborda las actuaciones concretas de los últimos 6 años, si bien el análisis de las tendencias poblacionales se ha extendido a los últimos 15 años. Se ha buscado verificar, mediante una encuesta, cuál ha sido el grado de conocimiento y aplicación de las actuaciones impulsadas por los diferentes niveles de gobierno, por parte de las diputaciones, capitales de provincia y municipios de más de 10.000 habitantes. Del total de 32 entidades, seis ayuntamientos y una diputación no han presentado la documentación solicitada.
Conclusiones.
-> Evolución de la población. La población en España entre 2002 y 2019 se incrementó un 14,3%. En ese mismo periodo en Castilla y León disminuyó un 1,9%. Así, el peso de la población de la Comunidad sobre el total español pasa del 5,9% al 5,1%. La mayor variación de población por provincias entre 2008 y 2018 corresponde a Zamora (-11,5 %), Ávila (-7,7 %) y León (-7,2 %). La menor disminución corresponde a Valladolid (-1,7 %). Se constata que las migraciones interiores de pequeños municipios a otros de mayor tamaño no consigue compensar la pérdida de población, bien sea por causas vegetativas o por migraciones, de los municipios más grandes.
-> Correlación entre las diferentes magnitudes. El informe analiza la evolución de la Comunidad en la prestación de determinados servicios (centros educativos, sanitarios, residencias de tercera edad, oficinas bancarias, comercio, bares y hoteles), así como de las redes de telecomunicaciones y la actividad económica. Los datos confirman la hipótesis en virtud de la cual los movimientos poblacionales se sustentan de forma prioritaria en la búsqueda de empleo, ligado a la actividad económica. Existe una correlación prácticamente de 1 entre el peso del PIB de Castilla y León en el total nacional y el de su población. Los servicios analizados acompañan dichos movimientos, con algunas excepciones.
-> Medidas propuestas por las administraciones públicas en materia de despoblación en relación con las entidades locales. Por otra parte, la fiscalización analiza las medidas planteadas en 2005 por la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de las Cortes de Castilla y León; en 2010 por la “Agenda para la población de Castilla y León 2010- 2020” de la Administración autonómica; en 2017 por la Resolución del Parlamento Europeo sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico; y en 2019 por las Directrices Generales de la estrategia nacional frente al reto demográfico, aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros.
-> Medidas puestas en marcha por las entidades locales. Ninguna de las entidades manifiesta tener un departamento específico dedicado a la lucha contra la despoblación o el reto demográfico. La mitad de las diputaciones y la mayoría de ayuntamientos manifiestan no haber recibido información alguna sobre medidas puestas en marcha por otras administraciones. No obstante, de la documentación aportada se deduce que todas las entidades hacen uso de las medidas contenidas en dichos planes, especialmente de las ayudas para el empleo contenidas en la Agenda de Población de la Junta de Castilla y León.
En cuanto a la existencia de declaraciones, planes globales o actuaciones que enmarquen una política relacionada con el reto demográfico, 9 entidades (4 diputaciones y 5 ayuntamientos) responden afirmativamente. En la práctica totalidad de los planes existentes no se define de forma expresa el problema ni sus causas, por lo que las medidas planteadas se hacen desde un acercamiento intuitivo. Tampoco se fijan objetivos y se desconoce el punto de partida. No es posible medir la eficacia y eficiencia de las medidas sin indicadores alineados con los objetivos.
Por tipo de entidad, todas las diputaciones desarrollan ayudas a mujeres y jóvenes en el mundo rural y promoción económica, mientras que los ayuntamientos se centran de manera más directa en la promoción de la actividad económica (88%) y en las ayudas a la natalidad y conciliación familiar (65%). Por otra parte, se mencionan por las entidades locales medidas que solo se pueden entender relacionadas con la demografía de forma tangencial.
La mayoría de entidades no dispone de un sistema de indicadores útiles para valorar la influencia de las medidas adoptadas. En algunos casos aportan el seguimiento realizado de las medidas, pero sin información sobre su efecto demográfico.
Recomendaciones. Los resultados del trabajo, reflejados en 41 conclusiones, dan lugar a 7 recomendaciones. Las Cortes deberían valorar la oportunidad de aprobar una figura similar a la del Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población en Castilla y León, tal y como se recogió en la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León, de forma que puedan tener un instrumento estable de seguimiento de la realidad demográfica de la Comunidad y que centralice los estudios e informaciones acerca desu evolución y problemática.
En cuanto a la Administración autonómica, teniendo en cuenta la finalización de la Agenda para la población 2010-2020, debería evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba desarrollar de cara al futuro. El análisis de la problemática poblacional debería tener diferentes características en distintas zonas de la Comunidad, por lo que se considera que la ejecución de proyectos piloto de medidas en diferentes áreas puede ser la base que permita medir la eficacia de las iniciativas. Se considera que la Comunidad Autónoma debe valorar de manera especial las medidas para el incremento de la actividad económica.
Las entidades locales deberían identificar el problema que quieren abordar teniendo presente su singularidad. Asimismo, estructurar sus actuaciones en función del análisis previo, a través de un instrumento (plan, estructura administrativa, etc.) que les permita dar coherencia a las medidas a desarrollar y evaluar su impacto. Finalmente, recabar información de las diferentes administraciones públicas para participar en las líneas de ayuda, con una visión a medio plazo.
