Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, abogó hoy en un Congreso celebrado en la Universidad de Salamanca por un nuevo modelo de financiación autonómica acorde a las principales necesidades de Castilla y León, al tiempo que apeló también al cumplimiento del principio de solidaridad entre las comunidades autónomas del Estado

Según dijo, un nuevo sistema de financiación que pondere la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial, es fundamental para Castilla y León al liberar recursos para poner en marcha otro tipo de políticas que generen actividad económica.

Así lo afirmó en una mesa redonda en la Universidad de Salamanca, en el marco del Congreso Internacional Rural Renaissance II: Acción, promoción y resiliencia que está reuniendo estos días a una amplia representación de expertos e instituciones en torno al debate sobre los retos ante el fenómeno de la despoblación, especialmente en el territorio de Castilla y León.

Amilivia aseguró que "no vale el café para todos" en esta materia ya que, subrayó, la variedad y especificidad de cada una de las posibles áreas de actuación de la Comunidad requiere de soluciones distintas, es decir, de diversos proyectos piloto de medidas ejecutables.

El presidente participó en la mesa redonda referida a las medidas que puedan contribuir a revertir el problema de la despoblación junto con el presidente del Consejo Consultivo y el Procurador del Común, Agustín S. de Vega y Tomás Quintana, respectivamente. Para su exposición, desgranó las principales recomendaciones contenidas en el informe sobre las medidas frente a la despoblación, aprobado el año pasado en las Cortes de Castilla y León y presentado en el Parlamento autonómico por Amilivia el pasado 17 de junio.

Destacó al respecto que no ha existido una estrategia de carácter global contra la despoblación. Existen distintos tipos de medidas por parte de las administraciones. Y desconocimiento de su existencia de unas respecto de otras, constatándose igualmente que a pesar de que se trata de un problema que afecta transversalmente a todos los niveles de la administración, en aquella más cercana a los ciudadanos, como son las entidades locales, no existe una planificación estratégica de medidas que aborden el problema de acuerdo con sus singulares circunstancias.

Por otro lado, existe una relación de causalidad entre la pérdida de PIB y despoblación. Las oportunidades laborales son el factor más determinante para la evaluación demográfica.

Señaló además que la Comunidad ha mantenido la prestación de los servicios públicos esenciales en el territorio, que pueden ser condición necesaria pero no suficiente para crear población. Castilla y León, pese a mantener la estructura de servicios esenciales en su extenso territorio, en términos demográficos es especialmente sensible a los cambios del ciclo económico.

Hay que distinguir entre crear población o mantenerla, especialmente en el mundo rural, refirió. También hay que distinguir entre la ordenación del territorio y la creación de población. Una mejor ordenación del territorio permitiría una prestación más eficiente de los servicios públicos esenciales y también la generación de nuevas oportunidades económicas.

Sólo las nuevas oportunidades económicas son susceptibles de crear población, por eso se plantea la necesidad de desarrollar proyectos piloto sustentados, si es posible, por todas las administraciones, al tratarse de un asunto de Estado. Durante su intervención, Amilivia se refirió a los datos de la evolución sobre la población y la actividad económica, que muestran tendencias a tener en cuenta por parte de todos los poderes públicos. Puso como ejemplo el impacto que el declive de la actividad minera ha tenido en las cuencas de la provincia leonesa.

Según declaró, "no se pueden vincular despoblación y abandono" y no se debe estigmatizar territorios porque albergan suficientes potenciales como para salir de esta tendencia.

El máximo responsable del órgano de control externo autonómico recordó que 84 de cada 100 euros se encuentran previamente comprometidos en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, más la deuda pública, un gasto de carácter estructural, irrenunciable e inelástico.

Entre varias de las conclusiones que desgranó, destacó que el informe refleja que el fenómeno de las migraciones interiores de pequeños municipios a otros de mayor tamaño no consigue compensar la pérdida de población, bien sea por causas vegetativas o por migraciones, de los municipios más grandes. Y también que entre 2016 y 2018 se constata que por cada persona que viene a esta Comunidad con una titulación superior, se van dos.

En resumen, en la correlación entre las diferentes magnitudes se confirma la hipótesis sostenida por la doctrina en virtud de la cual los movimientos poblacionales se sustentan de forma prioritaria en la búsqueda de empleo, ligado en este caso a la actividad económica.