Consejo de Cuentas de Castilla y León

Los datos sobre rendición de cuentas en Castilla y León superan la media nacional en 10 puntos y esta tendencia podría mejorar si se recogieran en la ley medidas coercitivas y de estímulo para que las entidades locales cumplan con esta obligación legal. Así lo ha dicho esta mañana el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante la entrevista que le ha hecho el equipo de Onda Cero León en el programa "Más de uno".

No todos los ayuntamientos y otras entidades de Castilla y León rinden cuentas. No obstante, los datos más recientes de rendición de Castilla y León son "bastante positivos, estamos unos 10 puntos por encima de la media nacional", teniendo en cuenta, señaló, que la Comunidad cuenta con 2.248 ayuntamientos (el 27% de los existentes en el pais) y más de 2.000 entidades locales menores (aproximadamente el 60% del total) y no existen, por el momento, medidas coercitivas para incentivar la obligación legal de rendición de cuentas.

Amilivia apuntó que Galicia y otras cuatro comunidades autónomas se encuentran bastante por encima de los datos de Castilla y León en materia de rendición de cuentas -llegando a superar el 90%- al contar precisamente con medidas que condicionan la transferencia de subvenciones, pagos o transferencias al rendimiento en plazo de las cuentas.

Este ejercicio, explicó, la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha dado un importante paso, aunque parcial, en este sentido al condicionar el pago de ayudas del Fondo de Cooperación Económica Local General a la efectiva rendición de cuentas por medio de una declaración responsable de haber rendido. "Pero nosotros pensamos que esto debe estar contemplado por ley ya que no parece razonable que un responsable público no rinda cuentas", apostilló, destacando que son las diputaciones, a través de los servicios de asistencia técnica, las que deben emplearse a fondo en prestar el necesario apoyo y asesoramiento a las entidades locales, especialmente a los ayuntamientos más pequeños.

Pese a todas estas circunstancias, afirmó, "en Castilla y León hay una cierta cultura de rendición de cuentas importante". 

Amilivia significó que la labor de fiscalización que realiza el Consejo de Cuentas se centra en la gestión de Junta de Castilla y León y en el resto de los entes del sector público dependientes de la administración autonómica, lo que representa alrededor de 12.000 millones de euros. Aademás, realiza el control del gasto de las entidades locales de Castilla y León (diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales fundamentalmente), que representan otros más de 3.000 millones.

Por otro lado, preguntado por el fenómeno de la despoblación en la Comunidad apuntó que "nada es irreversible en la vida", y que en cualquier caso se trata de un "problema de Estado", que está afectando a muchas comunidades, entre otras a Asturias, con una crisis como la de la minería muy similar a la que afecta a la provincia leonesa, y con parecidos datos y consecuencias. A este respecto, subrayó que el informe sobre la despoblación que aprobó hace ya un año el Consejo de Cuentas apela a cuestiones en la línea de "dejar las cosas claras y cambiar el discurso". Por ejemplo, "una cosa es retener población y otra crear población"; "para crear población hacen falta medidas de carácter económico,  oportunidades que generen empleo" y en este ámbito abogó por valorar una de las recomendaciones de dicho informe, la de poner en marcha planes piloto que tienen que estar acordes con las características de cada territorio y que a ser posible deberían concitar el apoyo de todas las administraciones.

Dijo por otra parte que la Comunidad autónoma ha mantenido durante estos años la prestación de los servicios públicos esenciales, que pueden ser la condición necesaria pero no suficiente para que se genere población. Sabero, por poner un ejemplo, ha caído en población en un 40% desde el cierre de los pozos.

También defendió un sistema de financiación autonómica ajustado a los retos que tiene la Comunidad, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. La prestación de los servicios públicos esenciales no significa lo mismo aqui que en otros territorios. Los servicios públicos esenciales, más la amortización de deuda suponen para la Comunidad un 80% de sus recursos, lo que da una idea de lo que dispone el Ejecutivo para poner en marcha otras políticas.