Consejo de Cuentas de Castilla y León

• La Comunidad alcanzó un endeudamiento de 12.360 millones de euros y registró una deuda sanitaria extrapresupuestaria de 184
• La aplicación progresiva del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad atenderá algunas de las recomendaciones reiteradas por el Consejo de Cuentas
• Amilivia presenta en las Cortes la Cuenta General y la ejecución de los Fondos de Compensación Interterritorial en el año 2018

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado hoy en las Cortes dos informes de fiscalización de mandato legal: el de la Cuenta General de la Comunidad y el de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), ambos referidos al ejercicio 2018.

En cuanto a la Cuenta General, en opinión del Consejo se presentó, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación, reflejando de forma fiable la actividad económico-financiera de la Comunidad, excepto por los incumplimientos y salvedades recogidas en 6 de las 75 conclusiones del informe. En ejercicios precedentes, los incumplimientos y salvedades afectaban a un mayor número de conclusiones: en la Cuenta de 2016 afectaban a 8 de las 64 conclusiones, y en la de 2017 a 9 de 71, de lo que se deduce una cierta mejoría en los resultados.

La Cuenta de 2018 se rindió dentro del plazo, respetando la estructura prevista por la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad,  recogiendo la información establecida, existiendo, no obstante, algunas carencias en la información suministrada.

Amilivia significó en su comparecencia que la aprobación en 2018 del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad tendrá efectos de manera progresiva, atendiendo a algunas de las recomendaciones reiteradas por el Consejo de Cuentas en la fiscalización anual de la Cuenta General de la Comunidad.

En tal sentido, en virtud de los cambios introducidos por la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas publicada el pasado 25 de febrero, a partir de la Cuenta de 2021 se prevé modificar la estructura actual de tres cuentas para presentarse –como en la Cuenta General del Estado- una cuenta única consolidada de todas las entidades que integran el sector público autonómico, donde quedan incluidas empresas y fundaciones públicas.

En relación a las principales conclusiones del informe, en las entidades sujetas al régimen de contabilidad pública, la consolidación efectuada en la liquidación del presupuesto no elimina todas las operaciones internas entre las distintas entidades que integran esta Cuenta General.

Así, la agregación realizada en el balance y en la cuenta del resultado económico-patrimonial es correcta, pero implica duplicidades y, por tanto, sobrevaloraciones en las magnitudes contables que reflejan las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades, concretamente en transferencias corrientes y de capital, y en la cesión y adscripción de bienes. Por ello, agregó, el estado de liquidación del presupuesto rendido no es coherente con la información financiera del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial, ya que aquel se presenta consolidado y en éstos la información figura agregada.

En relación a las empresas y fundaciones públicas, el número de empresas públicas se mantiene en una (Somacyl) y el de entidades integradas en la cuenta general de las fundaciones públicas en 10. La fundación con mayor peso específico en relación a los gastos del ejercicio es Siglo (que representa un 42%), seguida de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (23%) y Patrimonio Natural (12%).

En lo que respecta a los Informes de auditoría de cuentas anuales, la Memoria de la Cuenta General de la Comunidad no incluye la opinión manifestada en los informes de auditoría de cada una de las entidades sujetas a contabilidad pública. A fecha de confección de la Cuenta solo se habían auditado el Ente Regional de la Energía, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, y el Consorcio para la Gestión del Palacio de Congresos en Salamanca, los tres con opinión favorable. Sí recoge el informe de auditoría de la única empresa pública y los de las 9 fundaciones, todos con opinión favorable. El relativo al Consejo de la Juventud se emitió fuera de plazo.

La suma de los presupuestos definitivos del total de entidades integradas en la Cuenta General de las Entidades del Sector Público sujetas al Régimen de Contabilidad Pública fue de 15.349 millones de euros, experimentando una disminución de 144 millones respecto del ejercicio anterior, un 0,9% menos.

Las obligaciones reconocidas por el conjunto de entidades sumaron 10.504 millones, un 1,6% inferior a las de 2017, y los derechos reconocidos consolidados 10.764, un 2,1% más.

En cuanto a la Gerencia Regional de Salud existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2018 por 184 millones de euros, siendo 6 de ejercicios anteriores, experimentando un incremento del 40% respecto a 2017 cuando se cuantificó en 132 millones. La deuda sanitaria no imputada a presupuesto alcanzó su máxima cuantía en 2011 (1.169 millones).

El aumento interanual registrado en 2018 rompe la tendencia a la disminución que se venía observando: en 2014 ascendía a 487 millones de €; en 2015 a 459 y en 2016 a 462. Datos que, afirmó  Amilivia, revelan que subsiste el problema de insuficiencia de crédito para financiar las obligaciones de la Gerencia Regional de Salud.

En relación al funcionamiento de la cuenta 409 (acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto) se constatan obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del ejercicio. En 2018 el saldo total de la cuenta 409, cifrado en 330 millones, aumentó con respecto al año anterior, aunque la naturaleza de los gastos no varió. Gerencia de Salud y Junta de Castilla y León son las entidades con mayor importe en dicha cuenta por obligaciones relativas a personal y transferencias corrientes.

En el caso de la Gerencia no recoge todo el importe al no registrarse las obligaciones relacionadas con los intereses de demora. En el caso de la Junta se circunscriben fundamentalmente a la Consejería de Educación. La no imputación por falta de crédito se produce desde hace varios ejercicios. Las obligaciones se corresponden con gastos de liquidación de las cuotas del régimen general de la Seguridad Social del personal de centros públicos y concertados. Existen obligaciones pendientes de imputar a presupuesto de 2018 por importe de 87 millones de euros y obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas al ejercicio 2018 por 116 millones.

En relación al seguimiento de debilidades, la Comunidad sigue utilizando el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas en vez del criterio de caja que es el establecido en los principios contables públicos. También sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, no se realiza un adecuado seguimiento de las deudas de difícil cobro y el importe de “deudores presupuestarios” del Balance de situación de la Administración General sigue sin reflejar la cuantía real.

En relación a los ajustes practicados como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste negativo de 79 millones de €, situando la cifra total en un importe negativo de 289 millones.

En lo referente a las modificaciones presupuestarias, el presupuesto inicial consolidado fue de 10.854 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones que suman 197 millones y situando el definitivo en 11.050 millones.

El conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2018 alcanzó un endeudamiento de 12.360 millones de euros, un 4,1% superior al de 2017. Así, la deuda viva a 31 de diciembre ha aumentado en una década un 374%, pasando de 2.608 millones en 2008 a 12.360.

Cuando en 2008 se inicia la crisis económica la deuda pública por habitante era de 1.017 € y en 2018 de 5.151, un 406% superior. En 2018 Castilla y León cumplió el límite de endeudamiento establecido en el objetivo de estabilidad presupuestaria con un déficit de 0,2% del PIB autonómico. Cumplió igualmente los objetivos de deuda pública alcanzando el 21,1% del PIB y el de la regla de gasto, establecido en el 2,4%, con una variación respecto a 2017 del -1,8%.

La mayoría de las recomendaciones del Consejo de Cuentas  tratan aspectos ya reiterados en anteriores informes. No obstante, desaparecen dos debido a la mejora de la elaboración de los estados agregados de la cuenta y a la escasa relevancia de los avales fallidos. También, como se ha dicho, en virtud a la Ley de acompañamiento publicada el pasado 25 de febrero, a partir de la Cuenta 2021 desaparecerá la estructura actual de tres cuentas para presentarse una cuenta única consolidada de todas las entidades que integran el sector público autonómico.

Finalmente, se incorporan tres nuevas recomendaciones, dos de ellas sobre aspectos de las cuentas de la Gerencia Regional de Salud y otra orientada a corregir la situación económico-financiera de la Fundación Patrimonio Natural

            Informe sobre los expedientes justificados al FCI, ejercicio 2018

Esta fiscalización verifica el grado de ejecución de los proyectos, su adecuada contabilización y legalidad de las actuaciones. Su objeto fueron determinados subprogramas gestionados por las consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente, Educación, Gerencia Regional de Salud y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

            El Consejo seleccionó una muestra de 21 de los 32 proyectos para analizar su elegibilidad conforme a lo establecido en la ley reguladora. A nivel estatal, la dotación inicial de estos fondos en relación al año anterior se mantuvo en idéntico importe: 432 millones de euros. Andalucía fue la que recibió mayor importe en la dotación de 2018, con un 37%. Castilla y León sigue ocupando el octavo lugar en porcentaje con un 4,3% del importe total, si bien pierde 0,13 puntos porcentuales respecto a 2017.

La dotación para Castilla y León fue de 18,8 millones €, con una disminución interanual de 586.010 euros, un 3% menos que en 2017, principalmente debido a la corrección por renta y población. El grado de ejecución de los superproyectos financiados con los FCI de 2018 alcanzó el 100%. De los 18,8 millones, el 40% se destinó a financiar proyectos de Infraestructuras Sanitarias; el 28% para Educación; el 19% a Infraestructuras Agrarias y el 13% a Infraestructuras Viarias.

En cuanto a la distribución territorial de las inversiones, Salamanca y Valladolid fueron las provincias más beneficiadas (30,2% y 25,5% respectivamente), seguidas de León y Segovia (10,4% y 9,4%). La menos beneficiada fue Zamora (0,07%) sustituyendo a Soria, que fue la menos favorecida en años anteriores.

Refirió Amilivia el hecho de que figura sin provincializar la ejecución de inversiones por 1,8 millones en la conservación de la autovía León-Burgos, así como inversiones por 740.046 euros en Infraestructuras Agrarias. En relación a la evolución de los FCI en Castilla y León en el periodo 2003-2018, la disminución global de la dotación asciende al 72%, especialmente de 2008 a 2018 cuando los recursos descendieron desde los 85,1 a los 18,8 millones.

En la comparativa provincial 2003-2018, Burgos, con el 16,7%, seguida de León, Salamanca y Valladolid (14,6%, 13% y 11,9% respectivamente) fueron las que más inversiones ejecutaron con cargo a estos fondos. A continuación Segovia, Palencia, Ávila y Zamora, todas con una participación en torno al 9%, figurando Soria con un 4,1%.

El Consejo de Cuentas constata en su opinión que con carácter general se cumple la legalidad respecto a la ejecución de los proyectos FCI en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados, excepto por lo señalado en una de las conclusiones. Es decir, se ha comprobado que los gastos certificados son elegibles al tratarse de inversiones, excepto los relativos al proyecto referido a una “subvención directa a diversas comunidades de regantes” para atender gastos financieros por 736.033 euros.

Constata además que la Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los FCI, pero no a nivel de superproyectos. Por último, que, respecto de los derechos, su contabilización ha sido adecuada, con una salvedad recogida en un par de conclusiones.

Como consecuencia de los resultados del trabajo que reflejan las 12 conclusiones y la opinión, el Consejo emite dos recomendaciones relacionadas con la contabilidad de los proyectos y fondos empleados.

Balance de trabajos del Consejo de Cuentas.- Tras la sesión de hoy quedarán 8 informes ya aprobados por el Consejo pendientes de comparecencia y una programación de 50 auditorías en marcha, que incluyen las 35 nuevas del Plan Anual 2021 y otras 15 procedentes de planes anteriores, varias de las cuales estarán finalizadas en el primer semestre del año. En el ecuador del presente mandato de la institución, Amilivia ha comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento en 17 ocasiones para la presentación de 47 informes, que suponen un 23% sobre el total histórico (208).