Consejo de Cuentas: 306 auditorías y más de 2.500 recomendaciones para la gestión de los recursos públicos y el control parlamentario
- El presidente del órgano autonómico de control externo, Mario Amilivia, impartió una ponencia en el marco de la Junta Territorial de Ibermutua poniendo en valor el Estatuto de Autonomía y las Instituciones Propias como garantes de la calidad democrática
- Las 68 ocasiones en las que ha comparecido en las Cortes en este mandato han permitido presentar 146 fiscalizaciones. Muchos de los informes abordan inquietudes sociales como la despoblación, la ordenación del territorio, la financiación autonómica o la gestión pública de las entidades locales
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, subrayó hoy que las 306 auditorías y las más de 2.500 recomendaciones que suma hasta la fecha el órgano de control externo de la Comunidad impulsan la gestión de los recursos públicos de las administraciones autonómica y local de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y economía.
Asimismo, remarcó, las comparecencias en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para la presentación de los informes --68 comparecencias con 146 auditorías presentadas en el mandato en curso-- fomentan la labor de control parlamentario en aras a la transparencia y, en última instancia, conseguir una mejor gestión pública de los entes fiscalizados por el Consejo de Cuentas.
El presidente de la institución realizó estas declaraciones en la ponencia que ha pronunciado con el título "La cohesión territorial en Castilla y León", en el transcurso de la Junta Territorial de Castilla y León y La Rioja de Ibermutua, que se ha celebrado este mediodía en Valladolid. Han asistido, entre otros, directores provinciales de la mutua, representantes de varias instituciones públicas y entidades.
Con un inicial recorrido por los infructuosos y convulsos episodios histórico-políticos que jalonaron el siglo XIX, especialmente las malogradas I y II Repúblicas, se centró en la conformación de la arquitectura territorial del Estado y en el camino hacia la autonomía que posibilitó la Constitución del 78.
En esta línea, repasó los hitos del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y sus correspondientes reformas (1994, 1999 y 2007). La primera, con la transferencia de competencias. La segunda, incluyendo como competencia fundamental la gestión sanitaria e incorporando el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Y la tercera, que posibilitó disponer de una norma básica que, dentro del marco constitucional, alcanzara su más alto nivel competencial, consolidando en su artículo 19 las Instituciones de la Comunidad, las básicas (las Cortes, el presidente y la Junta); y las propias (Procurador del Común, Consejo Consultivo, CESCyL y Consejo de Cuentas).
Instituciones que, subrayó, "fueron dotadas de rango estatutario, una mayor categoría jurídica y de protección, y a tal efecto –declaró-- concitan la voluntad de dos Parlamentos y son promulgadas por una Ley Orgánica".
También resaltó algunas de las notas fundamentales del Estatuto, como la definición de "Comunidad Histórica y Cultural", haciendo un reconocimiento a la identidad primigenia del Reino de León y enmarcándose, también pro primera vez, en la Unión Europea. "Estatuto que blindó además su territorio y que, como gran novedad, dedica su Título Primero a los derechos de los castellanos y leoneses, priorizando a las personas y dando un mayor espacio a la acción social", resaltó.
También, regulando estatutariamente a las Instituciones Propias, que deben contribuir a mejorar la calidad democrática de la Comunidad; creando un Plan anual de Convergencia Interior, con el objetivo de eliminar progresivamente los desequilibrios económicos entre las provincias y los territorios, e impulsando la autonomía de los entes locales.
Refirió asimismo la importancia de la financiación autonómica, entendiendo que al tratarse de una materia reservada a la ley estatal aplicable y a los sucesivos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que implica que cualquier fijación unilateral de tales criterios es inconstitucional o irrelevante, "se optó, frente a criterios unilaterales, claramente egoístas, como el PIB de Cataluña o la población de Andalucía, por garantizar los servicios sociales de las personas, como pueden ser la dispersión, la extensión del territorio, la baja densidad y el envejecimiento".
Con relación al trabajo realizado por el Consejo de Cuentas remarcó que las funciones que este órgano ejerce se realizan en un ámbito compartido con el Tribunal de Cuentas, que "es supremo, pero no único cuando fiscaliza, y único, pero no supremo cuando enjuicia la responsabilidad contable".
En esta línea, algunas de las ventajas de este modelo descentralizado del control externo son: proximidad, mayor capacidad de respuesta, mayor eficiencia administrativa y agilidad institucional; mejor ajuste a la dimensión de los problemas, así como la generación de dinámicas competitivas, de innovación y aprendizaje.
En los últimos 23 años, con 306 informes publicados, el Consejo de Cuentas ha multiplicado por seis la capacidad de auditar esta Comunidad, ya que, con anterioridad, la labor del Tribunal de Cuentas se redujo a apenas medio centenar de auditorías. A fin de explicar el día a día de la institución, Amilivia puso como ejemplo algunas de las auditorías públicas, que conectan con las principales inquietudes de los castellanos y leoneses. Por ejemplo, los informes sobre despoblación, ordenación del territorio, financiación autonómica, Cuenta General de la Comunidad o Sector Público Local.
El informe sobre la Cuenta General de la Comunidad 2022 reflejó que, desde el punto de vista funcional, el 56% del gasto presupuestario, se dedicó a la sanidad, educación y cultura, lo que supuso un aumentó de 233 millones respecto a 2021. La protección social absorbe el 12% del presupuesto y el gasto en deuda pública el 10%. En otras palabras, prácticamente la Comunidad dedica 8 de cada 10 euros a los servicios públicos esenciales que conforman el estado del bienestar.
Respecto a la financiación autonómica, el informe de 2023 pone de manifiesto que la deuda de la Comunidad aumentó desde 1.451 millones de euros en 2004 hasta 13.944 en 2025, siendo su crecimiento más significativo a partir de 2009.
Castilla y León tiene una infrafinanciación media anual de 395 millones, por lo que el Consejo recomienda promover una revisión del sistema que tenga por finalidad aproximar los recursos recibidos a las necesidades de gasto reales.
