El Consejo de Cuentas abre la puerta a fiscalizar la igualdad de género en el sector público en sus próximos planes de trabajo
- En la clausura de la jornada sobre igualdad celebrada en la Universidad de Salamanca, el presidente Mario Amilivia subraya que los 20 años de coordinación y complementariedad con el Tribunal de Cuentas representan "un modelo de éxito"
En la clausura del seminario sobre igualdad celebrado hoy en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, Amilivia expresó en primer lugar su agradecimiento al Tribunal de Cuentas y especialmente a su presidenta, Enriqueta Chicano, por haberlo convocado y celebrado en Castilla y León, en el Estudio salmantino. "Un acierto", remachó, para añadir que ha sido un reconocimiento al significado histórico de esta prestigiosa institución académica con más de 800 años de historia ininterrumpida, "templo de la sabiduría", según Unamuno, y "el mejor lugar para reflexionar".
Amilivia recordó que la Universidad de Salamanca fue fundada por el rey Alfonso IX, que también fue el primer monarca en convocar las primeras Cortes de carácter "democrático" dando voz al pueblo en León, "un rey, una universidad que rompieron muchas brechas", añadió. También resaltó que la Universidad cuenta en su registro histórico con la primera mujer alumna de una universidad (Beatriz Galindo) y con la primera mujer docente en esta institución (Luisa Medrano, 1508-1509).
El Consejo de Cuentas de Castilla y León mantiene un convenio con la USAL, a cuyo rector, Ricardo Rivero, hizo un reconocimiento por promover los valores históricos de esta Universidad y también por una gestión que la sitúa a la cabeza de los principales indicadores de calidad educativa y a la vanguardia de las universidades públicas de Castilla y León. "Especialmente, desde el punto de vista de nuestra actuación como órgano de control externo, en lo que se refiere a la rendición de cuentas y asunción de nuestras recomendaciones", abundó.
Amilivia recordó que durante este año el Tribunal de Cuentas celebra el 40 aniversario de su Ley Orgánica, que coincide con el 20 aniversario del Consejo de Cuentas de Castilla y León. "Lo que nos permite analizar, sin duda, con amplia perspectiva, el modelo del control externo en Castilla y León, comparando la foto fija que ofrecen los veinte años de existencia única del Tribunal de Cuentas, con la de los veinte años siguientes de coexistencia con el Consejo de Cuentas de Castilla y León". Lo que, sin duda, pone de manifiesto "un modelo de control externo que nos hemos dado en virtud de los estatutos de autonomía, un modelo de control externo que ha sido y es un éxito".
Concretó en este sentido que con la creación del Consejo de Cuentas en 2002 se ha multiplicado por 6 la capacidad fiscalizadora en Castilla y León, alcanzándose en la actualidad los 254 informes aprobados y que son sistemáticamente remitidos, sin excepción, tanto al Tribunal de Cuentas como a su Fiscalía, en función del convenio que con ella tenemos suscrito.
Así, antes de la existencia del Consejo de Cuentas en el ámbito local nunca se habían fiscalizado 7 de las 9 capitales de provincia de la Comunidad; 6 de las 9 diputaciones provinciales; 2.239 de los 2.248 ayuntamientos, ningún ayuntamiento de 5 provincias, el Consejo Comarcal de El Bierzo y ninguna entidad local menor. Y en el ámbito autonómico solo se habían fiscalizado la Cuenta General de la Comunidad, el Fondo de Compensación Interterritorial y la contabilidad electoral. "Ha habido por ello un plus de garantía para los ciudadanos", significó, algo que no se produce en las comunidades autónomas que aún no tienen órgano fiscalizador autonómico, caso de Cantabria o Extremadura.
"Este es un modelo de éxito; el modelo de complementariedad, de coordinación ejemplar entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo es un modelo de éxito" ya que, según indicó, ha coadyuvado a una mejor administración o en intentar satisfacer ese derecho a una buena administración que tienen los ciudadanos.
Todo ello sin olvidar el importante número de fiscalizaciones horizontales que vienen realizando coordinadamente con el Tribunal de Cuentas todos los órganos autonómicos de control externo, un trabajo desarrollado permanentemente desde la lealtad institucional, el respeto y la colaboración, sin duplicidades de ningún tipo, que han permitido obtener una visión de conjunto, una visión de país, mediante análisis basados en datos homogéneos y comparables.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León viene acometiendo desde hace años, y de acuerdo con lo contemplado en su Plan Estratégico, fiscalizaciones operativas, es decir, de rendimiento o gestión, que permiten constatar los principios de economía, eficacia y eficiencia en la ejecución de determinadas políticas públicas al objeto de proponer recomendaciones de mejora.
Sirvan como ejemplo, las fiscalizaciones sobre las políticas activas de empleo, la renta garantizada de ciudadanía, las medidas aplicadas en materia de despoblación, la publicidad activa recogida en la legislación de transparencia de la Comunidad, la seguridad informática de los ayuntamientos o las más recientes sobre el impacto de la COVID-19 en diversos aspectos de la gestión pública, por citar solo algunas de ellas.
Estas actuaciones se han centrado en áreas en las que existe mayor posibilidad de efectuar recomendaciones de mejora.
En este sentido, un informe de la Airef, por encargo de la Junta de Castilla y León, para analizar la situación de la evaluación de las políticas públicas en la comunidad autónoma, propuso una arquitectura institucional en la que planteaba la creación de una unidad independiente y externa de evaluación, adscrita al Consejo de Cuentas a la vista de la experiencia demostrada con los informes de nuestras fiscalizaciones operativas.
Hemos acometido por tanto fiscalizaciones de carácter operativo sobre diversas materias novedosas en al campo de la auditoría pública y sensibles a preocupaciones sociales actuales como son la despoblación, la seguridad informática, o las políticas medioambientales, de acuerdo con nuestro Plan Estratégico. Pero, según añadió, "en el ámbito de nuestra competencias podemos hacer mucho más".
Dicho Plan será objeto de evaluación pública cuando concluya su plazo de ejecución y, sin duda, una materia tan importante como la que hoy ha sido objeto de interesante reflexión en esta jornada sobre la "Verificación de la igualdad de género en el sector público", deberá ser contemplada cuando se someta a elaboración la próxima planificación estratégica del Consejo de Cuentas.
Como se ha podido constatar en este seminario, son múltiples las perspectivas de aplicación de la auditoría al análisis de la efectiva igualdad entre mujeres y hombres: la implementación de criterios de igualdad en el sector público; el seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la igualdad de género; el seguimiento del Plan de Igualdad aprobado por el Gobierno de Castilla y León la anterior legislatura o la superación de la brecha salarial en el ámbito laboral, entre otras posibles aproximaciones que ofrezcan respuestas a esta preocupación social.
En definitiva, la verificación de la observancia de la normativa para la igualdad efectiva debe inspirar la actuación fiscalizadora como objetivo de naturaleza transversal. "En todo caso, también me parece oportuno trasladar al marco de la Asociación de Órganos de Control Externo Autonómico la conveniencia de plantear la elaboración de una guía específica para la fiscalización de las políticas de igualdad de género".
Finalmente, aplaudió el hecho de que la jornada de hoy ha servido "para poner luz, se ha dado una visión muy importante sobre las políticas de igualdad. El Consejo de Cuentas toma nota y las incorporará a sus futuros trabajos".
