El Consejo de Cuentas aprueba el informe sobre la gestión recaudatoria de las 9 diputaciones provinciales de Castilla y León
- Más del 95 % de los municipios delega a las diputaciones la gestión tributaria y recaudatoria. Las de Ávila, Salamanca y Valladolid tienen un organismo específico de recaudación y las otras 6 prestan el servicio integrado en la organización provincial
-
En periodo voluntario, los indicadores del grado de recaudación son muy altos en todas las diputaciones, alrededor del 90% de lo puesto al cobro, que suma 476 millones de euros. En fase ejecutiva, ronda el 30% en el conjunto de las nueve instituciones
-
En las Diputaciones de Zamora, Segovia y Burgos los ingresos obtenidos por la tasa de prestación del servicio de recaudación superan a los costes que genera dicha gestión
El Pleno del Consejo de Cuentas, reunido hoy en la Diputación de Segovia, ha aprobado nueve informes que analizan la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en cada una de las diputaciones provinciales de Castilla y León.
Se trata de una fiscalización de carácter operativo, cuyo objetivo general es examinar la eficacia de la gestión recaudatoria que desempeñan las diputaciones provinciales para los ayuntamientos, en función de las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para llevarla a cabo, así como el coste que genera. El periodo al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el ejercicio 2019.
El informe estudia las diversas áreas, materias o procedimientos relacionados con la gestión tributaria y recaudatoria de las diputaciones. La fiscalización ha requerido el manejo de una gran cantidad de datos, dado que las nueve diputaciones gestionan la recaudación de unos 2.200 ayuntamientos en la Comunidad.
Las auditorías realizadas han supuesto un importante esfuerzo en el tratamiento de la información y en la obtención de indicadores que permitiesen el análisis comparativo, ya que los programas de recaudación son, por lo general, bastante deficitarios para explotar la información.
En este sentido, se trata de una fiscalización novedosa, al no existir precedente de actuación de este tipo (comparativa y con indicadores agregados) sobre la gestión recaudatoria de las diputaciones, por parte de las instituciones de control externo de España. Al tratarse de una fiscalización que analiza la eficacia en la gestión, son escasas las conclusiones sobre aspectos de legalidad. En la Diputación de Ávila se constata la externalización de casi todas las funciones de gestión tributaria y recaudatoria, a pesar de que tienen un organismo autónomo creado, aunque con escasa dotación de personal. Al respecto, el Consejo recomienda la debida gestión directa.
En la Diputación de Burgos, varias entidades financieras colaboran en materia de recaudación. El Consejo de Cuentas recomienda que dichos servicios prestados no sean remunerados y advierte de que en ningún caso las entidades de crédito pueden adquirir el carácter de órgano de recaudación.
Aspectos organizativos. Tres diputaciones (Ávila, Salamanca y Valladolid) tienen un organismo específico de recaudación. El resto prestan el servicio integrado en la organización provincial.
Las diputaciones con más personal asignado a la prestación del servicio de gestión tributaria y recaudación son las de León y Salamanca y, con menos, las de Ávila, Soria y Palencia. La mayoría de las diputaciones contratan servicios relacionados con la gestión tributaria, como los postales, bancarios, de impresión, de atención al contribuyente y de mantenimiento de aplicaciones o plataformas.
Un porcentaje superior al 95 % de los municipios de cada provincia delega a las diputaciones las facultades de gestión tributaria y recaudatoria. Por su parte, es muy habitual la delegación de la gestión en sentido amplio, esto es, de la gestión, liquidación, recaudación e inspección, así como son mayoritarios los casos en los que se delega tanto la recaudación voluntaria como la ejecutiva.
Cinco diputaciones (León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora) cuentan con una ordenanza general de gestión tributaria y recaudatoria. A excepción de Salamanca, las otras ocho cuentan con una ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recaudación.
Con carácter general, las diputaciones, con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias, tienen formalizados con organismos de la Administración estatal convenios de colaboración en la gestión tributaria. Cinco diputaciones suscriben también convenios de colaboración con la Administración autonómica, sobre servicios de pago telemático. No consta que ninguna diputación haya formalizado convenios de colaboración con otras administraciones locales. Por otra parte, diferentes entidades financieras colaboran en materia de recaudación.
Las actuaciones de comprobación y verificación se realizan muy escasamente por parte de las diputaciones. En relación con los procedimientos de inspección, generalmente relacionados con el Impuesto de Actividades Económicas, tan solo cuatro diputaciones (Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid) los desarrollan.
La interposición de recursos de reposición es habitual en relación con la gestión tributaria y recaudatoria que llevan a cabo las diputaciones, resolviéndose estos de forma mayoritaria a favor del recurrente.
Las Diputaciones de Ávila y Palencia no llevan el módulo contable de gestión recaudatoria para los municipios, registrándose las operaciones extrapresupuestariamente.
Información sobre la gestión recaudatoria. En periodo voluntario, los indicadores del grado de recaudación son muy altos, alrededor del 90% de lo puesto al cobro, en todas las diputaciones, alcanzando las siguientes cifras: Ávila 48 millones de euros; Burgos 63; León 103; Palencia 30; Salamanca 73; Segovia 46; Soria 22; Valladolid 54; y Zamora 34 millones.
En fase ejecutiva, sin embargo, el grado de recaudación es muy bajo en todas las diputaciones y tributos, apenas el 30% sobre la suma total de las nueve instituciones.
Coincide además que todas tienen deudas elevadas pendientes de ejercicios anteriores. Otro aspecto común, relacionado también con la baja recaudación en ejecutiva, es el bajo número de actuaciones de apremio y embargo y el alto grado de créditos que se declaran incobrables.
En algunos casos, se cobran a los ayuntamientos las costas originadas en el procedimiento tributario, cuando la normativa prevé que se carguen a los sujetos pasivos. Esto es especialmente acusado en Zamora, donde incluso así lo establece su ordenanza, aspecto que el Consejo de Cuentas recomienda modificar. También se recomienda a las Diputaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid que cobren más costas a los sujetos pasivos.
Coste y rendimiento del servicio. Las Diputaciones de Salamanca, León, Segovia y Burgos son las que perciben más ingresos por la tasa del servicio de gestión recaudatoria que prestan a los ayuntamientos. Estas mismas entidades -salvo Burgos y añadiendo Valladolid- son las que registran también mayor ingreso por municipio. Las que menor ingreso por municipio tienen son Ávila, Soria y Burgos.
Las diputaciones donde se dan los mayores gastos por prestar el servicio son las de León, Salamanca, Ávila y Valladolid, siendo también las que registran mayor coste por municipio.
Finalmente, las diputaciones en las que los ingresos obtenidos por la tasa superan el coste del servicio son Zamora, Segovia y Burgos.
Recomendaciones. En función del resultado de los nueve informes realizados, el Consejo de Cuentas ha emitido un total de 96 recomendaciones dirigidas a las diputaciones con la siguiente distribución: Ávila 12; Burgos 11; León 10; Palencia 12; Salamanca 10; Segovia 11; Soria 10; Valladolid 9; y Zamora 11.
Salvo algunas recomendaciones de carácter singular anteriormente citadas, en la mayoría de los casos contemplan aspectos bastante comunes para las nueve diputaciones, orientadas a mejorar los procedimientos y corregir las principales deficiencias detectadas.
Informe de la Diputación de Segovia. 207 de los 209 municipios de Segovia tienen delegada en la Diputación la gestión tributaria y recaudatoria. La Diputación presta directamente el servicio de gestión tributaria y recaudatoria, sin organismo diferenciado, contando para ello con 5 oficinas o unidades en la provincia.
No existe una ordenanza general de gestión tributaria y recaudatoria aprobada, si bien la misma se encuentra en tramitación. La recaudación de ingresos en voluntaria en 2019 ascendió a 47 millones de euros, el 89% de lo cargado en el ejercicio. La recaudación de ingresos en ejecutiva en 2019 asciende a 5 millones de euros. Las deudas pendientes ascienden a 11 millones por impuestos, tasas y otros ingresos de derecho público. El porcentaje de recaudación en vía ejecutiva, si bien superior a la media de las diputaciones, es bajo al no alcanzar el 50% de las deudas.
El Consejo de Cuentas incorpora en su informe 11 recomendaciones a la Diputación. Resumidamente, crear una unidad específica de atención telefónica al contribuyente y potenciar la utilización de medios electrónicos; mejorar las posibilidades de explotación y tratamiento de los datos incluidos en el sistema de información tributaria; aprobar una ordenanza fiscal específicamente reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales delegados; mejorar la eficacia de sus actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva y vigilar la relación coste-rendimiento del servicio de gestión tributaria y recaudación para controlar que la tasa establecida, apoyada en un estudio económico, no rebase dicho coste.
DATOS ACTUALIZADOS SOBRE EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, LA DIPUTACIÓN Y EL ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA COMUNIDAD
El Ayuntamiento de Segovia tiene rendidas las cuentas anuales de todos los ejercicios. Asimismo ha remitido la información sobre contratos en todos los ejercicios.
Las cuentas de 2019 reflejan 66 millones de euros de ingresos y 64 de gastos, con un resultado presupuestario positivo de 2 millones. Dispone de un remanente de tesorería para gastos generales de 10 millones de euros y un endeudamiento de 25 millones de euros. El Ayuntamiento goza, por tanto, de una situación saneada, con superávit, remanente positivo y un nivel de deuda razonable.
Actualmente el Consejo de Cuentas elabora una fiscalización específica de determinadas áreas del Ayuntamiento de Segovia incluida en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2021.
Con Segovia, el Consejo completa el ciclo de fiscalizaciones a las capitales de provincia de la Comunidad. Hasta la fecha, ha presentado seis. Las de Zamora y Soria se encuentran en avanzadas fases de elaboración y la de Segovia está iniciándose tras ser aprobadas recientemente sus directrices técnicas.
Por su parte, la Diputación tiene rendidas las cuentas anuales y presentada la información contractual de todos los ejercicios en plazo legal. Las cuentas de 2019 reflejan 59 millones de euros de ingresos y 58 de gastos, con un resultado presupuestario positivo de 1 millón. Dispone de un remanente de tesorería para gastos generales de 10 millones de euros y un endeudamiento de 16 millones de euros. La Diputación goza, por tanto, de una situación saneada, con superávit, remanente positivo y un nivel de deuda razonable y en tendencia descendente.
Rendición de Cuentas en Castilla y León: en relación al último ejercicio rendido (2019) a fecha actual ha presentado cuentas el 86% de los ayuntamientos de la Comunidad, en una horquilla que oscila entre el 81% de Segovia y el 91% de Salamanca. Castilla y León, a pesar de contar con 2.248 ayuntamientos y casi 5.000 entidades locales, tiene un nivel de rendición por encima de la media nacional, solo superada por aquellas comunidades donde se condicionan las subvenciones y otras ayudas al cumplimiento de esta obligación por parte de las entidades locales.
Por ello, hay que destacar la novedad introducida por la Consejería de la Presidencia de la Junta, en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar para el ejercicio 2021 por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas ante el órgano de control externo.
Esta novedad representa el cumplimiento de una de las reivindicaciones históricas del Consejo de Cuentas para mejorar la transparencia, para beneficio de las entidades locales y del conjunto de los ciudadanos.