Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El presidente, Mario Amilivia, presentó hoy tres informes que analizan el ciclo final de la contratación de la Administración autonómica antes de la entrada en vigor en 2018  de la nueva normativa estatal
• Desde la declaración del estado de alarma el Pleno de la Institución ha celebrado tres sesiones por videoconferencia, se han remitido dos informes de fiscalización a las Cortes y se han aprobado las directrices para 5 fiscalizaciones del Plan Anual 2020
• El presidente se mostró "receptivo" ante la propuesta del PSOE, que ha solicitado que el Consejo fiscalice los gastos realizados por la Junta y sus órganos dependientes relacionados con la crisis del Covid-19

En esta primera comparecencia ante esta Comisión de Economía y Hacienda desde que se decretase el estado de alarma el pasado 14 de marzo, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha explicado las medidas adoptadas desde la Institución durante este periodo, tanto en lo que afecta a la ordinaria labor de fiscalización, como al régimen interno de funcionamiento.

Así, con fecha 16 de marzo, siguiendo las recomendaciones sanitarias, fue dictada una primera resolución en la que se estableció que todo el personal de fiscalización pasara a realizar sus funciones mediante el teletrabajo. En este sentido, es destacable subrayar la experiencia desarrollada en teletrabajo que, en un sistema mixto con la actividad presencial, es práctica habitual en la institución desde hace siete años. En lógica con lo anterior, los trabajos de fiscalización se han mantenido en sus diferentes fases de tramitación.

De esta manera, durante este tiempo se han remitido a las Cortes de Castilla y León los informes “Fiscalización de la contratación realizada en el sector público local, en colaboración con el Tribunal de Cuentas” y “Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de León, ejercicio 2016”. Respecto a otros informes en fase avanzada, se ha enviado a alegaciones el correspondiente a la Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de Valladolid,  ejercicio 2016, así como el informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial 2018.

Por otra parte, se han celebrado tres sesiones plenarias por videoconferencia en las que, entre otros asuntos, han sido aprobadas las directrices técnicas de cinco fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual 2020.

1. Cuenta General, ejercicio 2019.
2. Contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional, ejercicios 2018-2019.
3. Informe acerca de la situación y actividad económico-financiera, así como de la ejecución funcional del gasto de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2018.
4. Fiscalización de la situación de seguridad informática en las entidades locales de Castilla y León.
5. Análisis comparativo de la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales.

Además, se están realizando trabajos preliminares con el fin de redactar las directrices técnicas e iniciar los trabajos de las siguientes fiscalizaciones:

1. Fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad Autónoma, ejercicios 2018-2019.
2. Fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas.

En suma, en lo que se refiere a la ejecución de los trabajos, no se están produciendo retrasos significativos, al menos inicialmente, siempre con la cautela de los efectos que puedan derivarse de la duración que finalmente tenga la suspensión provisional de los plazos administrativos.

En el ámbito específico de las entidades locales es necesario tener en cuenta que la entrada en funcionamiento de la plataforma de rendición se ha producido estando activo el estado de alarma. Como consecuencia de las diferentes medidas legislativas, se han ido introduciendo anuncios en la página web del Consejo de Cuentas para facilitar su conocimiento por las entidades locales.

Las previsiones que tiene el Consejo de Cuentas en relación con el teletrabajo es que siga siendo la forma prioritaria de funcionamiento en la institución conforme con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, durante tres meses después del cese del estado de alarma. En todo caso, y pese a la generalización del teletrabajo, se han establecido medidas preventivas para el personal, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

Con la comparecencia de hoy son 9 las realizadas durante el actual mandato del Consejo de Cuentas, y un total de 31 los informes presentados, los cuales representan el 16% de los 194 informes aprobados hasta la fecha en la historia de este órgano de control externo.

Tras la sesión de hoy quedan 10 informes ya aprobados y pendientes de comparecencia, todo ello sin perjuicio de que, habrá que ir incorporando en los próximos meses otros 20 actualmente en fase de elaboración correspondientes al Plan Anual de Fiscalizaciones de los ejercicios 2019 y 2020.

Informes sobre contratación de la administración autonómica. El informe sobre “La contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma” es una de las fiscalizaciones de mandato legal que contempla la ley reguladora del Consejo de Cuentas.

Los tres informes presentados, son los relativos a los años 2015, 2016 y 2017, los tres últimos ejercicios previos a la entrada en vigor en 2018 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, acorde con las directivas de la Unión Europea.

A partir de la información del Registro Público de Contratos de la Administración de Castilla y León y de los órganos de contratación, el Consejo de Cuentas considera que la Administración de la Comunidad adjudicó en 2017 un total de 2.561 contratos -excluida la contratación menor- por importe conjunto de 652 millones de euros. Los dos ejercicios anteriores registraron una cifra inferior en cuanto al volumen económico de la contratación: en 2015 fueron 2.566 expedientes por importe de 519 millones y en 2016 un total de 2.362 contratos por importe de 621 millones.

En los tres ejercicios, como resultado de los trabajos efectuados, el Consejo opina que, en función de los expedientes

examinados conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por las limitaciones recogidas en cada informe y por las salvedades de determinados expedientes que, en cada caso, afectan al principio de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en el artículo 1 de la citada normativa.

En lo que respecta a la distribución de los expedientes comunicados por los órganos de contratación, el presidente del Consejo de Cuentas ha recordado que solo las competencias sanitarias absorben la mitad del importe total de la contratación de los tres ejercicios analizados. La suma de sanidad, educación y servicios sociales, es decir la prestación de los servicios esenciales del estado de bienestar, representa las dos terceras partes sobre el importe total de la contratación en la administración autonómica.

Atendiendo a la distribución de los expedientes comunicados según tipos de contratos, se constata que en este periodo de tres años al que corresponden los informes presentados, los contratos de servicios representan un 42%, los de suministros un 36% y los contratos de obras únicamente un 15%.

Amilivia ha indicado que la problemática de la contratación, comparable en el conjunto de las diferentes administraciones públicas, ofrece un diagnóstico común entre los distintos órganos de control, lo cual lleva a pensar en la necesidad de perfilar el control con enfoques más específicos y un seguimiento de recomendaciones sistemático.

En este sentido, el Plan Anual de Fiscalizaciones 2020 del Consejo de Cuentas incluye como novedad la fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la comunidad autónoma, correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019.

Mario Amilivia se mostró "receptivo" ante la propuesta lanzada por la portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, hoy en la Comisión en el sentido de que el Consejo de Cuentas fiscalice los gastos realizados por la Junta y sus órganos dependientes relacionados con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en la Comunidad. Amilivia ha dejado claro que la institución "no va a dar la espalda a la realidad" de la crisis sanitaria en sus trabajos de fiscalización futuros.