El Consejo de Cuentas impulsa en este mandato las fiscalizaciones de carácter medioambiental con carácter pionero
- Foro de diálogo en la Universidad de León sobre los retos del cambio climático: el presidente Amilivia, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quñones, y el alcalde de León, José Antonio Diez alertan de la importancia de reducir las emisiones para preservar el medio ambiente
El Consejo de Cuentas de Castilla y León viene impulsando durante el presente mandato de la institución, con carácter pionero en el ámbito de estos órganos autonómicos de control externo, la realización de fiscalizaciones especiales sobre medio ambiente.
Una serie de trabajos, algunos de ellos en elaboración en la actualidad, que vienen sirviendo no sólo como diagnóstico de la situación, tanto con relación a la Administración autonómica, como a las entidades locales, ya que contribuyen, mediante las recomendaciones que se realizan, que las distintas políticas públicas se ajusten y orienten a la normativa en esta materia.
Así lo destacó esta tarde el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, que participó en el foro de diálogos en torno al proyecto "Aphasia, visiones del antropoceno" del artista Richard Le Manz, celebrado en la Universidad de León.
Los tres intervinientes incidieron en la importancia de apartados como la reducción de las emisiones contaminantes para preservar el medio ambiente.
Amilivia intervino en este foro de debate en calidad de presidente del órgano que tiene atribuido el control externo de la gestión económica, financiera y contable del del sector público autonómico y local en Castilla y León.
Destacó que el Consejo de Cuentas aprobó al inicio del presente mandato su primer Plan Estratégico, estableciendo como uno de los objetivos prioritarios el de acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales, y en este marco una de las novedades fue el impulso a las fiscalizaciones medioambientales.
Así, en 2019 se aprobó la "Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en colaboración con el Tribunal de Cuentas".
Más tarde, en 2021, se aprobó la "Fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad Autónoma, ejercicios 2018-2019". Y en 2022, la "Fiscalización de la estrategia para el cambio climático 2009- 2020" en Castilla y León.
En el primer caso, sobre las actuaciones de los 23 ayuntamientos con más de10.000 habitantes, permitió realizar un diagnóstico de la situación existente en los años 2017 y 2018, analizando los aspectos de mejora que se produjeron. Recordar en esta línea que todas las entidades locales tienen competencias sobre el medio ambiente urbano al tiempo que desarrollan otras que pueden causar impacto medioambiental.
Por tanto, el informe apuntaba, por un lado, que "deben adoptar políticas medioambientales, y, por otro, paliar y reducir los efectos que su actividad genera, todo ello con sujeción a la normativa europea, estatal y autonómica existente, a los instrumentos internacionales y a su propia normativa reguladora".
Se trató, subrayó, de un trabajo pionero, señalando conclusiones como, por ejemplo, que, de los 23 ayuntamientos, 13 se habían adherido a protocolos internacionales y 18 contaban orgánicamente con una unidad, área o departamento específico de medio ambiente, y que 10 habían realizado un diagnóstico; y 8, un plan de acción ambiental, como paso previo a la implantación de un sistema de gestión.
La auditoría concluyó asimismo que tan solo 6 entidades contaban con una política medioambiental aprobada y que 9 habían acreditado la realización de actuaciones de vigilancia e inspección en esta materia.
Además, se constató que la mayoría de los ayuntamientos tiene previsto en sus ordenanzas fiscales la concesión de beneficios fiscales por la utilización de energías renovables y vehículos menos contaminantes. Así como que, en el funcionamiento interno, la mayoría también adoptan medidas de mejora de la eficiencia energética, y otras actuaciones sobre el fomento del reciclaje o la inclusión de cláusulas en los pliegos de contratación, o actuaciones para reducir el consumo de agua.
Con respecto a la contaminación atmosférica, se comprobó la existencia de una normativa específica sobre protección de la atmósfera y calidad del aire en 9 ayuntamientos. Con relación a la contaminación lumínica, que solo Burgos contaba con normativa propia, y que, sobre la contaminación acústica, solo 16 ayuntamientos habían aprobado ordenanzas en aplicación de la Ley autonómica del Ruido.
Respecto a la recogida de residuos, el informe anota que todos cuentan con normativa específica. Las recomendaciones de este informe fueron coherentes con las conclusiones en él establecidas. De esta forma, recomendando a las entidades locales aprobar la normativa propia correspondiente en materia de contaminación atmosférica, lumínica, acústica y de recogida de residuos en desarrollo de la legislación estatal y autonómica; y a las autoridades locales apuntando que estas deberán ejercitar sus potestades de inspección y control sobre los distintos tipos de contaminación.
La segunda fiscalización -cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación- es consecuencia de la directiva europea de 2014 sobre contratación pública, dando lugar a la contratación estratégica. En otras palabras, más allá de la relación calidad-precio, la normativa estatal, a través de la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo la incorporación de manera transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.
En este sentido, señaló Amilivia, "con esta nueva normativa tenemos un objeto del contrato de provisiones de bienes, servicios u obras, y una causa nueva: la eficiencia social". De resultas de la fiscalización, se realizaron recomendaciones dirigidas a la Consejería de Familia y a la propia Junta de Castilla y León.
En el caso de la Junta, el Consejo recomendó la adopción de medidas tendentes a incentivar la utilización, por los órganos de contratación, de medidas de tipo medioambiental en la definición de las características técnicas del objeto de los contratos y en sus requisitos de ejecución, favoreciendo en los criterios de selección y de adjudicación a las empresas respetuosas con la calidad ambiental.
La tercera fiscalización fue la relativa la estrategia para el cambio climático 2009-2020 en Castilla y León, con la que se analizó el diseño, implementación y resultados de la estrategia autonómica de cara a proporcionar un marco de referencia para la elaboración, por parte de la Comunidad, de la nueva Estrategia de Energía y Clima para el horizonte de 2030.
Brevemente, resaltó que, si bien el informe puso de manifiesto carencias en la ejecución formal de la estrategia, entre otras circunstancias, por su amplio horizonte temporal, con un difícil seguimiento en su ejecución, sin embargo, constató que Castilla y León cumplió con objetivos generales de la estrategia.
Así por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero totales de 2020 descendieron un 27,6% en el horizonte temporal de la estrategia y un 36,1% respecto al año base 1990, colocando a Castilla y León como la tercera autonomía que más redujo sus emisiones entre 1990 y 2020.
También, las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión retrocedieron entre 2009 y 2020 un 57,7%, reducción muy superior a la experimentada a nivel nacional (33,6%).
De manera especial, entre 2005 y 2020 estas emisiones disminuyeron un 82,2%, por lo que la Comunidad cumplió sobradamente el objetivo vinculante del 21% asignado a nivel europeo para 2020, que era otro de los objetivos de la estrategia.
En cuanto a la producción de electricidad en Castilla y León, esta se mantiene prácticamente constante. La energía que ya no se produce por los cierres de la central nuclear de Garoña y de las térmicas ha sido sustituida por el auge de las fuentes renovables, que en 2020 representa ya el 87% del total, el porcentaje más alto de las comunidades autónomas.
Además, sin ánimo de ser exhaustivo, "somos la Comunidad que más ha incrementado la superficie forestal, cumpliendo el objetivo general de aumentar la capacidad de absorción de CO2, y existe una tendencia descendente tanto en el número de incendios como en la superficie forestal quemada a nivel autonómico".
Finalmente, este informe revela el cumplimiento del objetivo general de compatibilizar la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la preservación del empleo y la mejora de la competitividad de la economía autonómica.
El presidente del Consejo de Cuentas recordó las dificultades que, durante su etapa como alcalde de la capital leonesa, hubo de afrontar a finales de la década de los 90 con el desarrollo de las primeras grandes peatonalizaciones, caso del entorno de la Catedral, la Calle Ancha o la conversión de las márgenes del río Bernesga en zonas de paseo y carril-bici.
Hace casi 30 años, recordó, cada una de estas obras se iniciaba con plataformas y movimientos de protesta. Unos años en los que determinados colectivos de la sociedad, y por motivos diversos, no querían ver los beneficios que, a la postre, iban a tener esas obras, y que ahora tienen su continuidad con los actuales mandatarios municipales.
Amilivia concluyó reseñando los informes que, en esta materia, se encuentra impulsando el Consejo en la actualidad:
- El análisis de las medidas de ahorro energéticos adoptadas por determinados municipios de Castilla y León, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, ejercicio 2022.
- Y la Fiscalización del establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios, también en colaboración con el Tribunal de Cuentas.