El Consejo de Cuentas inicia la fiscalización de la publicidad activa en materia de transparencia y de la calidad de los datos publicados
- El órgano de control de las cuentas de la Comunidad aprueba las directrices para un nuevo trabajo que se suma a la veintena actualmente en elaboración
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha iniciado una nueva fiscalización que se suma a la veintena que se encuentran en marcha en la actualidad. El proyecto de las directrices que marcarán la fiscalización de la publicidad activa recogida en la legislación en materia de transparencia, así como de la calidad de los datos publicados por la Comunidad fueron aprobadas en el pleno celebrado por el órgano de control externo.
Se trata de una fiscalización que tiene como objetivo evaluar la accesibilidad de la información que forma parte de la publicidad activa que la comunidad autónoma pone a disposición de los ciudadanos en el marco de las obligaciones recogidas en la legislación en materia de transparencia.
Los objetivos generales del trabajo se centran en:
- Análisis de la estructura y del diseño de la web del Portal de Gobierno Abierto, en tanto facilite la identificación y búsqueda de la información de publicidad activa.
- Evaluación de la calidad de las publicaciones que se realizan como publicidad activa en cuanto a su formato, interoperabilidad y reutilización.
- Verificar si la Comunidad realiza actuaciones para la evaluación y la mejora de la web donde se publican las informaciones de transparencia, y si están orientadas a facilitar el acceso y la comprensión de las publicaciones por parte de los usuarios.
En cuanto al ámbito temporal, las actuaciones se referirán a las publicaciones puestas a disposición de los ciudadanos por la Comunidad en el mes de noviembre de 2021, momento de realización de los trabajos de fiscalización.
El trabajo que ahora se inicia forma parte del Plan Anual de Fiscalizaciones del año 2021.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno subraya que estos tres conceptos contenidos en el título deben ser los ejes fundamentales de toda acción pública. Dentro de las obligaciones que estos tres principios implican para las administraciones públicas, el de acceso a la información pública incluye la de publicidad activa, es decir, proporcionar determinada información, de tipo institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, presupuestaria y estadística, de manera proactiva, sin que sea precisa solicitud alguna.
Castilla y León, por medio de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana recoge estos principios, especificando que “la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónica o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables (…)”. Esta ley amplía las obligaciones mínimas en materia de transparencia activa, canalizando su publicación a través del Portal de Gobierno Abierto.
Esta misma norma autonómica crea la figura del Comisionado de Transparencia, atribuyendo sus funciones al Procurador del Común.
La presente fiscalización pretende conocer si se alcanza el objetivo que estas publicaciones deben tener, o lo que es lo mismo, que la información no solo esté publicada, sino que cumpla su función informativa siendo clara, estructurada y entendible, muy especialmente para las personas sin una especial capacitación digital.