• El presidente, Mario Amilivia, presentó hoy en las Cortes un informe pionero en el conjunto de las instituciones autonómicas de control externo, que ha despertado el interés en otras comunidades afectadas por el descenso poblacional
  • Además, expuso la fiscalización correspondiente a la entidad local menor leonesa de Navatejera. En apenas dos años y medio de mandato ha presentado 54 informes en el Parlamento autonómico, que representan un 26% del total histórico de la institución

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó hoy en su quinta comparecencia del año ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes dos nuevos informes de fiscalización: uno relativo a las medidas aplicadas para afrontar el problema de la despoblación y el otro sobre la entidad local menor de Navatejera, dependiente del municipio de Villaquilambre (León).

Tras la sesión de hoy quedará solo un informe aprobado y pendiente de comparecencia, el referido a la contratación administrativa de la Comunidad en los ejercicios 2018 y 2019. En el presente mandato son ya 20 las comparecencias realizadas, en las que se han presentado 54 informes, que suponen un 26% del total histórico.

En la actualidad hay 50 auditorías en marcha, 35 del plan de este año y otras 15 de planes anteriores, y de aquí al final del verano se prevé aprobar una veintena de estos informes, también con especial atención al ámbito de la Administración local.

Miembros de la Comisión con el presidente del Consejo

Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales de Castilla y León

Informe publicado el pasado 30 de noviembre, las actuaciones concretas se centraron en los últimos 6 años, si bien el análisis de las tendencias poblacionales se extendió a los últimos 15 años. En sus apartados iniciales se desarrollan toda una serie de datos en los que se pretende señalar la evolución demográfica, de servicios y de actividad económica de la Comunidad. A continuación, se evalúan las diferentes iniciativas de diversos niveles de gobierno con competencias en distintos aspectos de la cuestión poblacional al entenderse que se trata de una política que afecta transversalmente a todas las administraciones públicas.

La verificación se realizó mediante una encuesta para conocer el grado de conocimiento y aplicación de las actuaciones impulsadas por los diferentes niveles de gobierno (comunitario, estatal, autonómico y local) por parte de las entidades locales. El análisis se centró en las 9 diputaciones, los ayuntamientos de capitales de provincia y los otros 14 municipios de más de 10.000 habitantes. En las conclusiones se analizan aspectos como la evolución de la población, de los servicios, grado de extensión de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones o los datos fundamentales de la actividad económica, confirmándose la hipótesis sostenida por la doctrina en virtud de la cual los movimientos poblacionales se sustentan de forma prioritaria en la búsqueda de empleo, ligado en este caso a la actividad económica.

Jiménez, Amilivia y Melero

El informe da cuenta de las medidas propuestas por las administraciones públicas en materia de despoblación en relación con las entidades locales, analizando las puestas en marcha por estas a partir de la información obtenida mediante la encuesta. Para cumplimentar el cuestionario se realizó una guía de más de 20 páginas con el detalle de los contenidos a cumplimentar, muy ejemplificativa del alcance del trabajo. Además de aportar datos generales, el cuestionario pregunta sobre los siguientes aspectos referidos al periodo 2016-2020 (participación en las medidas adoptadas por otras administraciones; medidas adoptadas por la propia entidad local; medidas en el ámbito de las políticas sociales, económicas e industriales, las orientadas al equilibrio territorial y las políticas institucionales, así como el seguimiento de las medidas aprobadas en el periodo 2016-2020).

Del total de 32 entidades locales auditadas, dentro del plazo concedido únicamente se recibieron alegaciones de dos y otra más fuera de plazo, lo que expresó la altísima aceptación de los resultados del trabajo.

El presidente del Consejo apuntó que se trata de un informe pionero en el conjunto de las instituciones de control externo de España, que ya ha despertado el interés en otras comunidades autónomas especialmente afectadas por el descenso poblacional. El Consejo efectuó siete recomendaciones:

-En referencia a las Cortes de Castilla y León, estas deberían valorar la oportunidad de aprobar una figura o estructura similar a la del Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población en Castilla y León, tal y como se recogió en la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León, de forma que puedan tener un instrumento estable de seguimiento de la realidad demográfica de la Comunidad y que centralice los estudios e informaciones acerca de su evolución y problemática.

-En cuanto a la Administración autonómica, teniendo en cuenta la finalización de la Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020, debería evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba desarrollar de cara al futuro.

-El análisis de la problemática poblacional debería tener diferentes características en distintas zonas de la Comunidad, por lo que se considera que la ejecución de proyectos piloto de medidas en diferentes áreas puede ser la base que permita medir la eficacia de las iniciativas.

-Además, se considera que la Comunidad Autónoma debe valorar de manera especial las medidas para el incremento de la actividad económica.

-En lo referente a las entidades locales, deberían identificar el problema que quieren abordar teniendo presente su singularidad.

-Asimismo, estructurar sus actuaciones en función del análisis previo, a través de un instrumento que les permita dar coherencia a las medidas a desarrollar y evaluar su impacto.

-Finalmente, recabar información de las diferentes administraciones públicas para participar en las líneas de ayuda, con una visión a medio plazo.

Más allá de los resultados del trabajo que aporta esta fiscalización y de las recomendaciones, Amilivia subrayó que es relevante en la medida que introduce por vez primera en el ámbito del control externo el problema de la despoblación, que desde ahora quedará sujeto a la evaluación de las políticas públicas.

Se trata –añadió- de una primera aproximación que en un futuro tendrá otros desarrollos en auditorías sobre aspectos más concretos, o en materias relacionadas como es el caso de la ordenación del territorio. “Consideramos oportuna y adecuada la contribución que con este informe se plantea ante una de las actuales prioridades de la Comunidad, como es frenar el fenómeno de la despoblación y plantear nuevos horizontes de trabajo ante el desafío del reto demográfico. Oportuna además por plantearse justamente cuando finaliza el periodo de vigencia de la Agenda de la Población del Gobierno autonómico”, afirmó, recordando asimismo que la Junta concluyó el pasado 4 de febrero una consulta pública previa para la elaboración del anteproyecto de Ley de dinamización demográfica.

Imagen momentos antes del inicio de la Comisión

El objetivo general que persigue esta nueva norma es incorporar la perspectiva demográfica en el diseño y desarrollo de todas las políticas públicas. Por otra parte, en línea con lo que plantea el Consejo  en una de sus recomendaciones, el Gobierno de España realizó a finales del pasado año una convocatoria pública para la identificación y la recepción de proyectos solventes con impacto para el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. En tal sentido, desde la Junta se presentaron 6 iniciativas piloto, susceptibles de extender por toda la Comunidad.

El informe constata la tesis de que las oportunidades laborales son el factor más determinante para la evolución demográfica. Castilla y León, pese a mantener la estructura de servicios esenciales en su extenso territorio, en términos demográficos es especialmente sensible a los cambios del ciclo económico.

Se constata igualmente que a pesar de que se trata de un problema que afecta transversalmente a todos los niveles de la administración, en aquella más cercana a los ciudadanos como son las entidades locales, no existe una planificación estratégica de medidas que aborden el problema de acuerdo con sus singulares circunstancias.

El reto demográfico es una materia compleja estrechamente relacionada tanto con la ordenación del territorio como con la financiación autonómica. Este informe representa también una invitación al debate sobre estas máximas prioridades de la Comunidad. No se trata solo de tratar de fijar unos niveles de población, sino también de establecer cómo tiene que estar distribuida en el territorio, para que la ordenación de infraestructuras y servicios públicos esenciales sea eficiente de acuerdo a la capacidad de financiación de la comunidad autónoma.

Y al mismo tiempo, identificando las potencialidades económicas del territorio para que los estímulos públicos de las diferentes administraciones, siempre limitados, sean capaces de generar actividad productiva. “En este ámbito es donde planteamos la conveniencia de desarrollar experiencias piloto diseñadas de acuerdo a las características específicas de determinadas zonas de la Comunidad, cuyos resultados puedan servir como referencia en la toma de decisiones para el conjunto del territorio”, destacó.

Finalmente, significó  que la capacidad de aportar soluciones de futuro al desafío poblacional parte, en primer lugar, de una evaluación rigurosa de los resultados de las medidas aplicadas en materia de despoblación. Pero también, de una posición constructiva en el diseño de nuevas estrategias, que permita hacer frente a la preocupante dimensión del problema, pero que no caiga en la estigmatización del territorio. “Dicho de otra forma, que las comunidades con problemas de despoblación, pero no vacías, seamos capaces de proponer una alternativa con calidad de vida a la España saturada” señaló.

El presidente del Consejo de Cuentas abogó por la "complicidad entre administraciones" para hacer frente al fenómeno de la despoblación", el mayor problema de la Comunidad, y significó que en ocasiones explicar lo obvio, como es el caso, se convierte en algo muy complicado.

Fiscalización de determinadas áreas de la Entidad Local Menor de Navatejera (León), ejercicio 2017

Publicado el pasado 15 de diciembre, el trabajo analiza la estructura de la entidad, así como la forma de ejercicio de sus competencias básicas; comprobar los principales aspectos de carácter presupuestario y financiero; y verificar el cumplimiento de envío de información y rendición de cuentas a las diferentes administraciones públicas.

Como consecuencia de las 23 conclusiones del trabajo, el Consejo de Cuentas opina que la entidad local no cumple la legalidad vigente en cuanto al ejercicio de sus competencias, al girar su principal actividad en torno a la gestión de un polideportivo, de la que es titular, careciendo de competencias para ello. Mario Amilivia, presidente del Consejo

La entidad no cumple tampococon los aspectos básicos de carácter contable o presupuestario al no aprobar su presupuesto en los últimos años y ejercer las funciones de control interno, contabilidad y tesorería con diferentes incumplimientos. Los últimos informes disponibles señalan que incumplió la regla de gasto. Incumple además la legislación aplicable al presentar un remanente de tesorería negativo desde 2014 y no haber adoptado las medidas previstas en la normativa. También incumple las obligaciones de envío de información relativa a contratos y reparos al Consejo de Cuentas, además de su Cuenta General. Y tampoco remite la información preceptiva al Ministerio de Hacienda.

A la vista de los resultados de la fiscalización, el Consejo de Cuentas realizó 11 recomendaciones a esta junta vecinal.

-Navatejera debe adaptar el ejercicio de las competencias relacionadas con las instalaciones de su polideportivo al ámbito que legalmente le está atribuido, promoviendo ante el Ayuntamiento de Villaquilambre las acciones necesarias para regularizar la situación.

-La entidad debe aprobar la relación de todos los puestos de trabajo existentes, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse, mediante convocatoria pública, en la que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

-El ejercicio de las funciones públicas necesarias debe ajustarse a lo establecido en la normativa básica estatal y, en su caso, en la que dicte la Comunidad Autónoma. Dadas las circunstancias y dimensión económica de la entidad habrá de priorizarse la atribución de dichas funciones a personal que reúna la condición de funcionario con habilitación de carácter nacional.

-Navatejera debe aprobar y liquidar sus presupuestos en los plazos legales. Igualmente, debe atender el cumplimiento de las reglas fiscales, en los términos fijados en la normativa de estabilidad presupuestaria. En caso contrario, deberá adoptar las medidas de corrección previstas legalmente, entre las que se encuentra la aprobación de planes económico-financieros.

-El carácter crónico que ha adquirido el signo negativo del remanente de tesorería para gastos generales con el que la entidad viene liquidando sus presupuestos sucesivamente a lo largo de los últimos años, exige que adopte las medidas previstas en la normativa para corregir dicha situación.

-La entidad debe rendir la cuenta general, así como cumplir con las diferentes obligaciones de remisión de información a las instituciones de control externo y al Ministerio de Hacienda que establece la normativa.

-Por su parte y para concluir, la Junta de Castilla y León debe intensificar los esfuerzos orientados al control de legalidad y al ejercicio de la tutela financiera, respecto a los actos y acuerdos adoptados por la entidad.


Consejo de Cuentas de Castilla y León / Fotografías Cortes de Castilla y León