Consejo de Cuentas de Castilla y León

• La Comunidad ha comunicado 1.329 convenios en 2018 con aportación de las entidades autonómicas de 130 millones, y 1.084 convenios en 2019 con 110 millones
• La Administración de la Comunidad cumple razonablemente la obligación de remisión de convenios al Consejo de Cuentas; no lo hacen las cuatro universidades públicas

El trabajo consiste en una auditoría de cumplimento de la legalidad en la gestión de los convenios por la Comunidad de Castilla y León, verificando su adecuada formalización y registro, así como el cumplimiento de la obligación de comunicación al Consejo de Cuentas, en el ámbito de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) de 2015 y demás normativa de aplicación.

El alcance de la fiscalización se extiende a los convenios suscritos en los ejercicios 2018 y 2019 por la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma. En el análisis de la comunicación de los convenios al Consejo de Cuentas también se han incluido los suscritos por las universidades de Castilla y León y sus entes dependientes.

La comprobación del cumplimiento de los requisitos legales más significativos se ha realizado sobre los 68 convenios que por su importe (más de 600.000 euros), deben remitirse al Consejo de Cuentas, así como sobre una muestra de otros 32 expedientes representativa de los convenios con aportaciones inferiores.

Comunicación de convenios al Consejo de Cuentas. La Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente la obligación de remisión de convenios al Consejo de Cuentas, en los términos contemplados en la LRJSP. No así las Universidades públicas, que no cumplen dicha obligación.

Convenios superiores a 600.000 euros. Se ha remitido el documento de formalización de 34 convenios formalizados en 2018 y otros 34 en 2019. También, el correspondiente a 34 adendas de modificación, de prórroga, de adhesión u otras, formalizadas en 2018 y de 42 en 2019. En 27 convenios de 2018, el 79% del total, y en 10 de 2019, el 29% del total, se ha incumplido el plazo establecido para la comunicación, de tres meses siguientes a su formalización. Tampoco se cumplió este plazo en ninguno de los 34 expedientes de adenda remitidos de 2018 y en 5, el 12%, de los remitidos de 2019.

Las cuatro universidades públicas y sus entidades dependientes no han remitido al Consejo de Cuentas comunicación sobre la existencia de convenios suscritos en 2018 y 2019 con compromisos financieros superiores a 600.000 euros.

Relaciones anuales de convenios formalizados. La Administración de la Comunidad ha comunicado al Consejo de Cuentas 1.392 convenios, suscritos en 2018, ascendiendo el importe de las aportaciones de las entidades autonómicas a 130 millones de euros y el de las aportaciones totales a 329 millones; y un total de 1.084 convenios suscritos en 2019, ascendiendo el importe de las aportaciones de las entidades autonómicas a 110 millones, y el de las aportaciones totales a 229 millones. Además 11 entidades han remitido una certificación negativa de no haber suscrito ningún convenio durante 2018 y/o 2019.

La Universidad de Valladolid ha comunicado al Consejo de Cuentas 112 convenios de 2018 por un importe de 956.281 euros, y 131 convenios de 2019 por importe de 2,6 millones de euros. En la relación de 2019, se incluye un convenio superior a 600.000 euros, del que no 2 se había remitido la preceptiva documentación al Consejo de Cuentas. Esta documentación se remitió en fase de alegaciones.

Las Universidades de Salamanca, de Burgos y de León no han remitido ninguna comunicación, en relación con los convenios suscritos en 2018 y 2019.

Registro, publicidad y transparencia. La Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma incumple con la obligación de registrar adecuadamente sus convenios, ya que inscribe como convenios acuerdos que no tienen esta consideración de conformidad con la normativa de aplicación. No obstante, se garantiza su publicidad, con respeto al principio de transparencia.

Preparación y formalización de los convenios. Se han encontrado incumplimientos de la legalidad en el procedimiento de suscripción de los convenios, tanto en las actuaciones preparatorias como en su formalización.

Análisis del contenido del convenio y diferenciación de figuras jurídicas afines. Todos los convenios comunicados al Consejo de Cuentas también han sido objeto de anotación en el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad.

Se ha verificado que, en un 33% de la muestra, la Administración de la Comunidad califica como convenios acuerdos cuya naturaleza jurídica no es tal, sino que corresponde a otras figuras jurídicas afines.

Recomendaciones. El Consejo de Cuentas emite un total de cinco recomendaciones. En primer lugar, la Administración de la Comunidad, así como el resto de organismos y entidades públicas, deben asegurarse de que los convenios que suscriban se incluyen en el régimen jurídico establecido en la normativa estatal y autonómica, antes de su inscripción en el Registro General Electrónico de Convenios y su remisión al Consejo de Cuentas.

La Comunidad debe establecer los criterios que determinen las entidades que tienen la obligación de remitir los convenios al Registro General Electrónico de Convenios y al Consejo de Cuentas. Además, debe establecer las medidas necesarias para que se envíe toda la información y documentación requerida dentro del plazo señalado.

Asimismo, la Comunidad deberá elaborar normativa propia que regule la figura de los convenios adecuando sus normas a las disposiciones establecidas en la normativa estatal.

Las entidades públicas que suscriban convenios, en su preparación, deben recabar las autorizaciones o acuerdos de la Junta de Castilla y León, en su caso, así como la elaboración e inclusión de toda la documentación que sea preceptiva, en cada uno de los expedientes tramitados.

Finalmente, las entidades públicas deben asegurar que, al formalizar los convenios incluyan, al menos, todas las materias señaladas por la normativa.