Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El Consejo publica la auditoría de determinadas áreas del Consistorio de la capital berciana, apuntando que hay margen de mejora en los porcentajes de recaudación en vía ejecutiva
• El ayuntamiento cumple con la normativa sobre organización de su personal y adopta las medidas legalmente previstas para su ordenación, si bien sus objetivos aún no se han conseguido
• En la concesión de subvenciones, cumple con la normativa, aunque la concurrencia competitiva no ha constituido el procedimiento ordinario de concesión

El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda al Ayuntamiento de Ponferrada que debería aprobar una ordenanza general reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales y, también, revisar la adecuación a su naturaleza de algunos de los ingresos.

Además, el informe de fiscalización de determinadas áreas del ayuntamiento de la capital berciana que hoy hace público el Consejo de Cuentas de Castilla y León anota que debería mejorarse la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva, incrementando algunas de ellas como la hipoteca legal tácita o la enajenación de bienes. Hay margen para mejorar la eficacia de las actuaciones que lleva a cabo el ayuntamiento, resume el órgano de control externo.

El Consejo subraya en este informe que los porcentajes de recaudación del ayuntamiento en periodo voluntario son, con carácter general, elevados, aunque las actuaciones de apremio y embargo resultan insuficientes a la vista del número y cifras de fallidos y créditos incobrables.

En relación con los principales tributos, los porcentajes de recaudación en vía ejecutiva son muy bajos al situarse la media en alrededor de un 15% de las deudas, lo que redunda en unos porcentajes elevados de deudas acumuladas de ejercicios anteriores en esta vía, recoge el informe.

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Referida fundamentalmente al ejercicio 2021, la fiscalización pone de manifiesto además que, en opinión del Consejo de Cuentas, el consistorio cumple con la normativa sobre organización de su personal y adopta las medidas legalmente previstas para su ordenación, si bien sus objetivos aún no se han conseguido. Asimismo, señala que, en la concesión de subvenciones, la entidad cumple con la normativa, aunque la concurrencia competitiva no ha constituido el procedimiento ordinario de concesión.

En este trabajo, el Consejo analiza apartados como la organización y ordenación del personal, la estabilización de empleo temporal, aspectos retributivos, organización del servicio de recaudación, gestión tributaria y subvenciones, emitiendo, como resultado de las conclusiones y la opinión, cuatro recomendaciones.

Organización y ordenación del personal. El ayuntamiento aprobó en octubre de 2022 una relación de 548 puestos de trabajo (RPT). La plantilla de 2022 incluye 459 plazas (349 de funcionarios, 76 de personal laboral fijo, 27 de laboral temporal y 7 de eventuales). En ella figuraban vacantes 93 plazas de funcionarios (26,6%) y 29 de laborales fijos (38,2%). En dicho ejercicio hubo 119 relaciones laborales temporales fuera de plantilla, destacando 47 plazas de laborales fijos a extinguir correspondientes a personal subrogado de los servicios de recaudación y de mantenimiento de parques y jardines.

Los porcentajes de plazas ofertadas en 2022 y 2023 con respecto a las vacantes existentes en plantilla son muy bajos, tanto en funcionarios (22,6% y 14,1%, respectivamente) como en laborales (31% y 8,3%).

Estabilización de empleo temporal. Al no haberse conseguido reducir la temporalidad por debajo del 8% establecido normativamente, el ayuntamiento prevé autorizar este año, con carácter extraordinario, una tasa adicional de estabilización de empleo temporal, iniciando un expediente para la elaboración de un instrumento de planificación plurianual.

Aspectos retributivos. La totalidad de las variaciones introducidas en la nómina han sido aprobadas previamente por decreto de la alcaldía y fiscalizadas, si bien su tramitación presenta algunas carencias.

Organización del servicio de recaudación. El consistorio presta directamente el servicio de gestión tributaria y recaudatoria, aunque con anterioridad a 2020 recurrió a sucesivos contratos de servicios de colaboración. Al asumir la gestión se produjo la subrogación del personal de la empresa contratista, creándose en la plantilla municipal 20 puestos de personal laboral fijo.

La entidad cuenta con una ordenanza reguladora de la administración electrónica, existiendo una sede electrónica para que los ciudadanos puedan llevar a cabo distintos trámites sobre gestión tributaria y recaudatoria. No cuenta, sin embargo, con una ordenanza general de gestión, recaudación e inspección, por medio de la cual se adapte a su régimen de organización y funcionamiento interno la normativa tributaria estatal de carácter general. En este sentido, se han detectado algunas carencias o deficiencias en la regulación de varios servicios que impiden determinar la relación entre el rendimiento y el coste de aquellos.

Gestión recaudatoria. La recaudación total bruta de ingresos en voluntaria en 2021 ascendió a 25,3 millones de euros. De estos, 21,7 corresponden a impuestos locales y 3,6 a tasas y otros ingresos de derecho público. La recaudación en ejecutiva ascendió a 2,1 millones de euros, 1,7 por impuestos locales y 0,4 por las tasas y otros ingresos de derecho público. Las deudas totales pendientes al cierre de 2021 por impuestos ascendían a 8,1 millones y por tasas a 2,1. Un 51,2% de las deudas en impuestos y un 34,5% en tasas correspondían a ejercicios de antigüedad superior a 4 años.

Subvenciones. El ayuntamiento reconoció obligaciones por un importe de 6,9 millones de euros con cargo a los capítulos de transferencias, lo que supone un 12,4% de la ejecución presupuestaria total. La evolución con respecto al ejercicio 2020 muestra que en 2021 aumentó el gasto en transferencias un 21,8%.

Destacan las realizadas a la sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente de Castilla y León para la renovación del alumbrado público, con 2,7 millones. Le siguen en importancia las subvenciones destinadas a familias e instituciones sin fines de lucro y las concedidas a entidades locales, entre ellas al Consorcio provincial para la gestión de residuos sólidos urbanos por 1,4 millones.

La entidad tiene un plan estratégico de subvenciones para el periodo 2019-2021 y ha aprobado una ordenanza general, aunque en 2021 no tuvo en cuenta que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones debe ser el régimen de concurrencia competitiva, ya que se tramitaron 14 líneas de subvenciones por esta vía frente a 96 en régimen de concesión directa, todas ellas nominativas.

Recomendaciones. El Consejo emitió cuatro recomendaciones. Para empezar, el alcalde debería adoptar el acto de reconocimiento de la obligación de la nómina del personal y la intervención, realizar su fiscalización, de acuerdo con la regulación sobre la tramitación de los gastos de personal y sobre el control y fiscalización internos aprobada por el Pleno.

El Pleno debería aprobar una ordenanza general reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales.

Asimismo, debería mejorarse la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en vía ejecutiva, así como definirse objetivos e indicadores de eficacia para cada tipo de ingreso, verificándose su cumplimiento en la memoria de las cuentas de recaudación.

También se debería ejercer un control de la actividad recaudatoria de la sociedad concesionaria del servicio de suministro de agua y particularmente del inicio del periodo ejecutivo y puesta en marcha del procedimiento de apremio por parte del ayuntamiento en el caso de los recibos impagados a la empresa en periodo voluntario.

Finalmente, en conexión con la definición de objetivos e indicadores de la gestión tributaria y recaudatoria, se recomienda que la Intervención debería ejercer el control financiero, de eficacia y eficiencia.