Consejo de Cuentas de Castilla y León

• Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, ha participado esta mañana en la jornada "Las instituciones Propias de Castilla y León tras la Covid-19. Retos de futuro", organizada por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León en el Parlamento autonómico, en la que se ha repasado la historia de la institución y en la que se ha mirado también al futuro

El presidente ha subrayado que "el Consejo de Cuentas es una institución consolidada. Somos una herramienta de transparencia porque todos nuestros informes son públicos. Nuestro ámbito de actuación alcanza aproximadamente un volumen económico de 15.000 millones de euros entre las administraciones autonómica (11.000) y local (4.000) y en este sentido tengo que recordar que el sector público local de esta Comunidad lo integran un total de 4.937 entidades ya que contamos con el 28% de los ayuntamientos y con el 60% de las entidades locales menores de España", precisó, ensalzando la labor de la institución, que esté año conmemorará con diversos actos sus 20 años de servicio a los castellanos y leoneses.

Significó en su conversación con los periodistas que no existe duplicidad entre la actuación del Tribunal de Cuentas, que ejerce la función jurisdiccional, y la del Consejo de Cuentas, que fiscaliza de manera exclusiva las cuentas de las administraciones autonómica y local desde su creación. Existiendo una constante coordinación de las actuaciones entre el Tribunal de Cuentas y los 13 órganos de control externo autonómicos, incluyendo al de Castilla-La mancha, que vuelve a entrar en funcionamiento.

A modo de ejemplo, en 20 años, de 1987 a 2006, el Tribunal de Cuentas realizó 45 fiscalizaciones sobre Castilla y León. En las dos décadas siguientes, de 2005 a 2024 el Consejo de Cuentas alcanzará las 300 fiscalizaciones, multiplicando por 6 la capacidad de auditar la gestión de la administración autonómica y local.

Con anterioridad a la existencia del Consejo de Cuentas, en el ámbito local nunca se habían fiscalizado 7 de las 9 capitales de provincia, 6 de las 9 diputaciones provinciales, 2.239 de los 2.248 ayuntamientos, a ningún ayuntamiento de 5 provincias, al Consejo Comarcal de El Bierzo y a ninguna entidad local menor. En el ámbito autonómico solo se había fiscalizado la Cuenta General de la Comunidad, el FCI y la contabilidad electoral.

El presidente de la institución informó que durante estas dos décadas se han emitido “más de 2.200 recomendaciones a las administraciones”, afirmando además que estos son “objeto de debate en las Cortes de Castilla y León y en la Comisión de Hacienda” y que “se remiten al Tribunal de Cuentas y a su Fiscalía por si hubiera irregularidades”.

Retos de futuro. "Nuestros objetivos en este mandato y de cara al futuro pasan por seguir dando respuesta a las medidas que se fijaron en el primer Plan Estratégico del Consejo, que aprobamos en 2019. Pretendemos, en resumen, un im pulso institucional mediante una reforma normativa y nuevas competencias".

“Vamos a seguir haciendo las reivindicaciones históricas. Venimos demandando una vuelta a la situación anterior, a las leyes del Consejo de Cuentas de 2002. Planteamos una reforma para la calidad de los servicios públicos, sin descartar convertirnos en una agencia de evaluación de políticas públicas", tal y como recoge el reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) encargado por la Administración autonómica.  Mediante la propuesta de reformas normativas que se ha presentado reiteradamente en el presente mandato "buscamos reforzar la independencia de la institución”, entre otras cuestiones, apostilló.

El presidente del órgano de control externo no ha querido olvidarse de los funcionarios ejemplares que trabajan en la institución y ha pedido un “régimen laboral de acuerdo a su estatus y condición”, añadiendo que “ahora sus condiciones laborales están mermadas” y que “hay dificultad para incorporar talento”.

Amilivia añadió que hay una veintena de fiscalizaciones en marcha, con “46 informes emitidos en dos años superando la media histórica” y defendió la apuesta por el teletrabajo que, debido a la pandemia”, ha llegado “para quedarse”.

Plan Anual de Fiscalizaciones. Abogó porque el Consejo de Cuentas apruebe su propio Plan Anual de Fiscalizaciones ya que es el único de los órganos de control externo autonómicos que no tiene potestad para hacerlo. La aprobación de esta programación corresponde a las Cortes de Castilla y León, por lo que una situación de convocatoria y celebración de elecciones como la actual afecta inevitablemente a los planes de la institución. Aún así, como significó, se está trabajando en más de veinte fiscalizaciones, por lo que dicha previsión permite que se vayan aprobando informes con total normalidad hasta que se apruebe definitivamente el Plan anual de 2022, entregado a las Cortes hace varios meses.

Impacto de la pandemia e informes al respecto. Entre las fiscalizaciones que están en marcha en la actualidad se encuentran siete directamente relacionadas con el impacto de la pandemia. En el ámbito del sector público autonómico, la contratación pública del ejercicio 2020; el análisis del diseño de las ayudas y subvenciones tramitadas el año 2020; el análisis económico financiero del impacto de la Covid-19 en la Comunidad y el análisis de las garantías de privacidad de datos de usuarios de la plataforma de Educación online de la Comunidad en el curso 2019/2020.

En el ámbito del sector público local se está analizando el impacto en los ingresos propios de las capitales de provincia; la aplicación de los recursos adicionales recibidos por las entidades locales y también un informe acerca del impacto de la pandemia en la situación económico- financiera del sector público local.

Se busca valorar el impacto de la pandemia en la economía de Castilla y León, en la Administración autonómica y también en los Ayuntamientos para “conocer cómo han empleado estos las ayudas recibidas por la pandemia”.

Fondos Next Generation. El Tribunal de Cuentas, el Consejo de Cuentas y los demás órganos de control externo acordaron en una reunión de trabajo celebrada el pasado 11 de febrero coordinarse en la fiscalización de los Fondos Europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE). El trabajo se centrará en el examen de las medidas adoptadas por las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para afrontar con éxito la gestión de estos fondos.

Va a analizarse si las comunidades autónomas han diseñado y puesto en marcha las medidas normativas, de planificación y de gestión de recursos necesarias para tramitar de forma ágil, transparente y eficaz los fondos. El volumen de las inversiones y el breve periodo establecido para la ejecución de los proyectos constituyen un importante desafío. Las administraciones deberían tener desarrollados y previstos instrumentos de control, como la implantación de los planes de medidas antifraude.

Hay que recordar en este sentido que en el ámbito de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Empleo e Industria se comprometió mediante una “Declaración en materia antifraude” a cumplir con la obligación de aseguramiento de la regularidad del gasto y de la adopción de medidas dirigidas a prevenir el fraude y la corrupción, el conflicto de interés y la doble financiación.

Digitalización de los ayuntamientos. Desde 2020, el Consejo de Cuentas ha ampliado su actividad fiscalizadora a un ámbito esencial en la Administración pública como son las nuevas tecnologías. Una importancia especialmente relevante tras las restricciones de movilidad por la crisis sanitaria de la COVID-19.

En 2021 se han aprobado 8 informes sobre esta materia: 7 de seguridad informática en ayuntamientos con población entre 10.000 y 20.000 habitantes y otro sobre la administración electrónica en las entidades locales. En relación con este informe, podemos concretar que el servicio de administración electrónica prestado por las diputaciones provinciales es utilizado por el 98% de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Que al cierre de 2019 estaban implantados un 82% de los 8 servicios previstos en la normativa y que otros 5 servicios con entrada en vigor prorrogada hasta 2021 se prestan al 71%.

En cuanto al apartado de ciberseguridad, los informes realizados están poniendo de manifiesto serias deficiencias que los ayuntamientos deben corregir para solucionar aspectos vulnerables en sus sistemas de seguridad informática.

Actualmente están en elaboración 4 nuevos informes sobre esta especialidad: 3 de seguridad informática en capitales de provincia y otro sobre la plataforma de educación online utilizada en los centros educativos de la Comunidad.

Podemos decir, resumidamente, que estos informes están siendo un instrumento muy útil que está poniendo de manifiesto gravísimas deficiencias en materia de ciberseguridad en los ayuntamientos auditados. 

Cumplimiento de las recomendaciones. Señaló Mario Amilivia que el grado de aceptación de las recomendaciones realizadas en 2019 fue del 69% y en 2020 se eleva hasta el 81%, los dos mejores porcentajes de la serie histórica.

El cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas revela por parte de la entidad fiscalizada una voluntad de mejorar la gestión y un compromiso con la transparencia, teniendo en cuenta el carácter no vinculante de las mismas.

La presentación ante las Cortes de Castilla y León del informe sobre el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones completa el ciclo parlamentario del control externo que realiza el Consejo de Cuentas sobre la gestión económica y financiera de las Administraciones autonómica y local, desarrollando en la práctica un procedimiento de evaluación continua de las políticas públicas.