• La Usal tiene buena situación económico-financiera tras cancelar su deuda histórica y, cumpliendo la recomendación del Consejo de Cuentas, sitúa al Consejo Social como garante del control interno

  • El Consejo de Cuentas considera imprescindible que la Consejería de Educación impulse y tutele el proceso de implantación de los Modelos de Contabilidad Analítica en las cuatro universidades públicas de Castilla y León

En su cuarta comparecencia del año en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado hoy dos informes sobre el mundo universitario: el de análisis de la situación económico-financiera de la Universidad de Salamanca y de sus entes dependientes y el referente a la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León.

El ámbito de las cuatro universidades públicas, siempre presente en la programación de auditorías del Consejo, ha sido objeto de análisis específico en un total de 16 auditorías especiales hasta la fecha. Al finalizar la sesión de hoy, quedarán únicamente tres informes aprobados y pendientes de comparecencia, dos de ellos relacionados con el sector público local y otro sobre la contratación. En la actualidad, el órgano de control tiene una programación de 50 auditorías en marcha, incluyendo las 35 del Plan Anual 2021 y otras 15 de planes anteriores. En el presente mandato de la institución, el presidente ha comparecido en 19  ocasiones, en las que ha presentado ya 52 informes, que suponen una cuarta parte del total histórico.

-Análisis de la situación económico-financiera de la Universidad de Salamanca y de sus entes dependientes

Amilivia con el presidente de la Comisión

Esta auditoría se centra en las cuentas rendidas en el ejercicio 2018 y en los tres anteriores. Como consecuencia de las conclusiones del trabajo, el Consejo de Cuentas emite 6 recomendaciones. Entre ellas, la

Usal debe valorar la necesidad dPe mejorar la estructura del servicio de auditoría interna, ya que no existe una ad

ecuada dotación de recursos para cumplir los fines del control interno.

Además, la aprobación de las cuentas anuales debería contener toda la actividad de la universidad, incluyendo la consolidación de las cuentas de todos sus entes dependientes.

Debe también aumentar el grado de ejecución de las operaciones de capital, especialmente de inversiones reales, que son las que más han incrementado su dotación de crédito a través de las modificaciones.

Finalmente, la universidad y sus entes dependientes deben corregir su excesiva liquidez, así como establecer fórmulas para utilizar el importante excedente de tesorería, a fin de mejorar la rentabilidad de la entidad.

El presidente destacó el cumplimiento de la recomendación para que el Consejo Social asuma la dependencia funcional del servicio de control interno, así como la buena situación económico-financiera de la entidad. El informe habla por sí solo de una buena situación económico-financiera y, por tanto, de una gestión satisfactoria en términos generales.

Cabe destacar la cancelación en 2017 de la deuda histórica, lo que permite liberar recursos para otros fines. Finalmente, como aspectos a mejorar, insistió en que la Usal debe aumentar el grado de ejecución de las inversiones reales, que son las que más han aumentado su dotación de crédito a través de las modificaciones. Y también, corregir su excesiva liquidez, así como establecer fórmulas para utilizar el importante excedente de tesorería a fin de mejorar la rentabilidad de la entidad, en términos de prestación de servicio público.

-Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las Universidades Públicas de Castilla y León en colaboración con el Tribunal de Cuentas

Este es el trabajo más reciente publicado por el Consejo de Cuentas. Desde hace siete años, el órgano de control externo viene reiterando en las recomendaciones de sus informes sobre las universidades públicas la necesidad de implantar la contabilidad analítica, recogida ya en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001. Se trata de una herramienta que posibilita el cálculo de los costes de docencia de cada titulación a efectos de cuantificar los precios públicos de las matrículas que, conforme a lo estipulado en la LOU, deben estar relacionados con los costes de prestación del servicio.

Imagen de la Comisión parlamentaria

También sirve de referencia en el análisis de la eficiencia en la prestación del servicio público de educación superior, para la implantación o supresión de titulaciones. En segundo lugar, los costes de docencia e investigación que se obtengan a partir del sistema deben servir como instrumento básico para fundamentar el nuevo modelo de financiación ordinaria de las universidades por parte de la Comunidad. El informe comprueba la implantación de la contabilidad analítica en las 4 universidades públicas, verificando el grado de implantación del Modelo CANOA aprobado en 2011 por el Ministerio de Educación.

El Consejo emitió 5 recomendaciones, las 4 primeras dirigidas a cada una de las universidades a fin de adaptarse al modelo y la quinta a la Consejería de Educación. Transcurridas dos décadas desde que la LOU otorgase la consideración de precios públicos a las tasas y estableciese una relación con los costes de prestación del servicio, después de un largo y complejo proceso, una vez que en 2020 la Conferencia de Rectores aprueba una última versión del modelo, y ante la constatada ausencia de supervisión desde los órganos competentes de la Administración central, el Consejo de Cuentas considera imprescindible que la Comunidad impulse y tutele el proceso de implantación, sin perjuicio de la autonomía orgánica y funcional de las universidades.

Más concretamente, debería fijar un calendario propio con un límite máximo para la implantación de los Modelos de Contabilidad Analítica y también garantizar la homogeneidad y coherencia de los parámetros básicos del sistema. Una vez que los sistemas de contabilidad analítica de las universidades estén plenamente operativos y posibiliten obtener información sobre los costes, la Comunidad podría reformular el tramo básico del modelo de financiación de las universidades, así como aplicar una nueva política de precios públicos de las matrículas en las titulaciones oficiales, cimentada en los costes de prestación del servicio. Otra imagen de la mañana

Aunque el Plan de Implantación no atribuyó a las autonomías ninguna función en el procedimiento de implantación de la contabilidad analítica de sus universidades, el presidente Amilivia consideró que no puede obviarse lo estipulado por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, es decir, que los poderes públicos deben apoyar a las universidades y estimular la excelencia en su actividad docente e investigadora. Más explícitamente, el artículo 73.3 señala que, sin perjuicio de la autonomía de las universidades, es competencia exclusiva de la Comunidad, en todo caso, la coordinación del sistema universitario, así como su financiación.

En relación a los precios públicos de las matrículas, recordó el compromiso asumido en la medida 55 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social suscrito el año pasado, en la que se planteaba reducir las tasas universitarias.

 También significó el presidente el hecho de que de las 50 universidades públicas de España, sólo dos de ellas (Santiago de Compostela y Zaragoza) han completado de manera efectiva la implantación del sistema de contabilidad analítica. Por otra parte, hasta la fecha, además de Castilla y León, solo se han publicado los informes sobre la implantación de la contabilidad analítica por parte de los órganos de control externo de Aragón, Asturias, Madrid y Valencia, además del propio Tribunal de Cuentas.

Cerró su intervención Amilivia subrayando que el Consejo lleva ya siete años recomendando la implantación del sistema, el mismo tiempo transcurrido desde que la Comisión Mixta de las Cortes Generales instase a las universidades a acometer esa tarea. Pese a su complejidad, no parece razonable que existan nuevos retrasos, 20 años después de que la LOU estableciese la relación de los precios públicos de las matrículas con los costes de prestación del servicio.

(Más información, ver nota de prensa).

Consejo de Cuentas de Castilla y León Fotografías: Cortes de Castilla y León/Agencia Ical