La contratación realizada por la Administración autonómica en 2021 volvió a niveles prepandemia con 764 millones
- El presidente del Consejo de Cuentas presenta en las Cortes la fiscalización de la contratación pública vinculada a la COVID-19 realizada por la Administración autonómica en 2020 y la de la contratación administrativa realizada en 2021
- El Consejo fiscaliza en la actualidad los contratos realizados por las diputaciones en 2021; la contratación administrativa de la Comunidad en 2022; los contratos de ayuda a domicilio de las diputaciones en 2022, y la de los contratos del servicio de bus urbano de los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, ejercicio 2022
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, explicó durante su comparecencia en el Parlamento autonómico para presentar dos informes sobre contratación pública, que el volumen económico de la contratación realizada por el conjunto de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en 2021, con exclusión de los contratos menores -17.759 expedientes por importe de 87,8 millones en 2021- volvió a niveles prepandemia, después del incremento del 26% experimentado en 2020. Así, en 2019, con 3.224 expedientes, se situó en 762 millones de euros y ascendió a 960 un año después con 3.390, cifrándose en 2021 en 764 millones derivados de los 2.914 expedientes anotados en dicho ejercicio.
No obstante, la senda de la recuperación en la contratación tras la crisis económica iniciada en 2007 todavía queda lejos del máximo alcanzado en 2006 en Castilla y León cuando el importe de la contratación alcanzó los 1.486 millones.
Con relación a la evolución en el tipo de contratación celebrada en Castilla y León, Amilivia señaló que el mayor volumen de esta en el ejercicio 2021 correspondió a la Gerencia de Salud, con el 51,3% del importe total, siendo el mismo porcentaje que el que representaba en los ejercicios 2018/2019, después del incremento experimentado en 2020 con motivo de la pandemia, cuando alcanzó el 62%. Seguido, por importancia, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el 18,1%, que recupera el mismo porcentaje prepandemia, después del 13% de la contratación que ocupó en 2020, y la Consejería de Educación, con un 7,5%.
Por tipo de contratos, en 2021 el 42,8% del importe total correspondió a servicios, después de que en 2020 se redujese al 23%. El 36,3% a suministros, cuando en el primer año de pandemia representaron el porcentaje más elevado, con el 58%; el 18,3% a obras, que recuperan un punto, y el 2,5% restante a otros.
Con relación al procedimiento de adjudicación, los contratos abiertos representaron el 47,9% del importe total y volvieron a ser los más habituales; los negociados sin publicidad el 17,4%, cuando en la pandemia representaron el 42%, y el resto fueron tramitados mediante otros procedimientos.
Por forma de tramitación, el 90,9% del importe contratado se formalizó por la vía ordinaria; el 6,5% por el procedimiento de emergencia, en su mayoría, un 5,1%, expedientes de la Gerencia Regional de Salud; y el 2,5% restante por urgencia.
En este contexto, Amilivia aludió a los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), que cifran el volumen de la contratación pública en España en 2021 en 162.086 licitaciones del conjunto del Sector Público por un importe de 96.855,44 millones de euros. Desglosadamente, 34.380 licitaciones por 31 millones correspondieron al sector público estatal; 49.000 por 35,4 millones al sector público autonómico y 78.709 por 30,5 millones al sector público local.
Añadió en este sentido que el informe anual 2021 de Oirescon, que recoge los resultados de los análisis del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo autonómicos, destacó nuevamente la ausencia de justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer, el incumplimiento de las obligaciones de publicidad, la ausencia de justificación suficiente del presupuesto base de licitación y la incorrecta definición de los criterios de adjudicación.
La mayoría de las irregularidades detectadas tanto por los órganos de control de las cuentas autonómicas como por los de control interno volvieron a concentrarse en la fase preparatoria del expediente.
El primero de los informes que presentó esta tarde Amilivia aborda la gestión de los contratos de emergencia suscritos por la Administración autonómica en el primer año de la crisis sanitaria, verificándose la adecuada formalización y registro, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación. De manera especial, lo regulado en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la pandemia.
Esta fiscalización de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los contratos de emergencia suscritos en 2020 por las entidades que forman parte de la Administración General e Institucional de la Comunidad se enmarcó en el ámbito de colaboración establecido entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo para analizar los efectos de la pandemia y, asimismo, fue planteado en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León suscrito en 2020, fruto de un amplio consenso parlamentario.
En opinión del Consejo, la Administración autonómica cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la tramitación de emergencia en dicha anualidad, excepto por determinadas salvedades que detalla este informe y que quedan referidas en 5 de sus 15 conclusiones.
El análisis de comprobación del cumplimiento de los requisitos legales más significativos en los procedimientos de contratación fue realizado sobre una muestra representativa de 100 expedientes, de los que 73 figuran en el Registro Público de Contratos de Castilla y León (RPCCYL) por 96.173.537,08 euros, y otros 27 contratos no incluidos en dicho registro por cuantía de 20.002.296,92 euros. Para ello, se seleccionaron expedientes de todas las entidades, de todos los tipos, los de mayor importe o las adjudicaciones más importantes, entre otras cuestiones. El órgano de contratación con mayor peso en la muestra fue la Gerencia de Salud con 75 expedientes que suman 90.613.937,78 euros.
El Consejo de Cuentas anotó 6 recomendaciones, entre ellas, que la Administración autonómica debe registrar adecuadamente todos los contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia en el RPCCYL, depurando los datos existentes sobre la contratación que tienen su causa en la pandemia.
Asimismo, que la declaración de emergencia y la orden de adjudicación y ejecución deben contener las declaraciones necesarias que permitan identificar todos los elementos básicos del contrato, como su objeto, precio, plazos y adjudicatario. Que la Administración de la Comunidad debería promover algún tipo de concurrencia o de negociación previa entre las posibles empresas interesadas y comprobar sus condiciones de capacidad y solvencia, siempre que dichas actuaciones sean compatibles con la atención inmediata de las necesidades planteadas.
Recomienda también que, en los expedientes adjudicados por el procedimiento de emergencia, los órganos de contratación deben formalizar un documento, suscrito por ambas partes, donde se concreten los respectivos derechos y obligaciones, una vez que se hayan adoptado las medidas iniciales de carácter perentorio.
Además, que la Administración de la Comunidad debe cumplir las obligaciones de publicidad de las adjudicaciones y formalizaciones de los contratos de emergencia y dar cuenta a la Junta de Castilla y León de los acuerdos relativos a estos contratos, en la forma prevista en la normativa de aplicación.
Finalmente, el Consejo recomienda que los órganos de contratación deben vigilar el estricto cumplimiento de los contratos en sus propios términos, evitando demoras en los plazos de inicio y de ejecución, incompatibles con la situación que se pretende afrontar, y documentar adecuadamente su total cumplimiento mediante las certificaciones de buena ejecución o actas de recepción precisas.
El segundo informe presentado es la auditoría de los contratos administrativos y privados celebrados por las consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado que integran la Administración General e Institucional de Castilla y León, anotados durante el año 2021 en el Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad.
La contratación comunicada, excluida la contratación menor, ascendió en 2021 a 2.914 contratos, por importe de 764.514.054,80 euros. Para esta fiscalización se trabajó sobre la selección de una muestra representativa de 90 expedientes, por 190.683.470,43 euros.
La opinión del Consejo de Cuentas a la vista de las conclusiones referentes a la comunicación de la contratación, la publicidad de los contratos, la organización y control interno de los órganos de contratación, y la formalización y ejecución de estos, entre otros análisis, es que la Administración autonómica cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por algunas salvedades que afectan a los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos establecidos en la normativa.
A la vista de todo ello, Amilivia expuso las 8 recomendaciones del informe, entre ellas, que el Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias detectadas en su información.
Por su parte, que los órganos de contratación deben establecer un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
También, que los servicios jurídicos, en sus informes sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares, deberían incidir en la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor y en la definición de los criterios de adjudicación referentes a la oferta económica.
Los miembros de las mesas de contratación deben asegurarse de que queda constancia en las actas de todas sus actuaciones y deben velar por que los informes de los órganos de asesoramiento estén suficientemente desarrollados conforme a los criterios de adjudicación definidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Asimismo, que las unidades de contratación deben motivar suficientemente sus informes y propuestas de adjudicación, con indicación de las ventajas de cada una de las ofertas analizadas y justificar los acuerdos sobre la existencia de bajas presuntamente anormales o desproporcionadas.
Los órganos de contratación deben determinar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la forma de justificación y cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de naturaleza laboral, social y medioambiental y dejar constancia expresa en los expedientes de esta circunstancia.
Los órganos de contratación, en particular los de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; Economía y Hacienda; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y el Instituto Tecnológico Agrario, deben extremar los esfuerzos para que los contratos se cumplan en el plazo de duración y de ejecución establecido.
Finalmente, el Consejo recomienda que la Consejería de Cultura y el Servicio Público de Empleo inicien el expediente para recuperar las cantidades susceptibles de ingreso como consecuencia de las penalidades impuestas en los procedimientos de contratación.
Otras iniciativas en materia de contratación. Durante la comparecencia, Amilivia dio cuenta de que restan 8 fiscalizaciones pendientes de su presentación en la Comisión de Economía y Hacienda, 3 aprobadas en 2022 y 5 en el año en curso, que podrían ser expuestos ante esta Comisión en lo que resta de año. En cuanto a la programación general del Consejo de Cuentas, 15 fiscalizaciones del Plan Anual 2022 se encuentran en su última fase de elaboración, y a su vez van acometiéndose las actuaciones de 28 informes del Plan del año en curso. En total, señaló que 51 informes en distintas fases de tramitación conforman la actividad de la institución. Hasta la fecha, Amilivia ha comparecido en 41 ocasiones en esta Comisión con 112 auditorías, lo que representa ya el 41% de toda la seria histórica.
También anunció la próxima puesta en marcha de la plataforma telemática "Fisconex" permitirá una mayor eficiencia en la remisión y fiscalización de los contratos y convenios del sector público autonómico y estatal, automatizando dicho proceso, en su mayor parte mediante la interconexión con la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Esta plataforma para la remisión y fiscalización de la contratación se pondrá en marcha en los próximos meses en virtud del convenio suscrito el pasado 27 de marzo por el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Cuentas y los demás los órganos de control externo autonómicos. La herramienta digital "Fisconex" dará soporte a la fiscalización de la contratación del conjunto del Sector Público ya que se interconectará también con la plataforma de remisión de la contratación del sector público local, que comparten a su vez los órganos de control y el Tribunal de Cuentas.
Así lo subrayó en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en la que compareció para presentar la fiscalización de la contratación pública vinculada a la COVID-19 realizada por la Administración autonómica en 2020 y la de la contratación administrativa realizada en 2021, también en el ámbito de la administración regional.
Con relación a la actividad del Consejo de Cuentas en esta materia, subrayó que hasta la fecha se han realizado un total de 39 informes, 28 del sector público autonómico y 11 del sector público local. Además -añadió- el Consejo está elaborando en la actualidad otros cuatro informes al respecto: la fiscalización de la contratación realizada por las diputaciones en 2021; la fiscalización de la contratación administrativa de la Comunidad en 2022; la fiscalización de los contratos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio de las diputaciones provinciales, ejercicio 2022 y la de los contratos para la prestación del servicio de transporte colectivo urbano de los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, ejercicio 2022.
Finalmente, avanzó la celebración de la Jornada "Cinco años de la Ley de Contratos del Sector Público" el próximo 28 de septiembre en la sede del Parlamento autonómico, organizada conjuntamente por el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Especialmente dirigida a los empleados públicos de Castilla y León, la jornada abordará asuntos de actualidad sobre la contratación pública.
