El control ejercido por los Consejos Consultivo y de Cuentas fortalece la transparencia en la contratación pública de Castilla y León
- La Jornada organizada por ambas instituciones para debatir sobre los 5 años de la Ley de Contratos del Sector Público reúne a 250 empleados de las administraciones públicas en las Cortes
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCYL), Agustín S. de Vega, y el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, inauguraron ayer jueves en el Parlamento autonómico la Jornada "Cinco años de la Ley de Contratos del Sector Público", en la que se analizó el periodo de vigencia de una normativa que introdujo cambios sustanciales en materia de contratación a la vez que se debatió sobre los retos planteados y las perspectivas de futuro.
Ambos valoraron el trabajo de control ejercido por ambas instituciones propias, que posibilita fortalecer la transparencia y la supervisión en los procesos de contratación pública, además de impulsar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
La Jornada reunió en el salón de actos del Parlamento autonómico a 250 personas, en su mayoría empleados públicos, y se enmarcó en el protocolo de colaboración que mantienen ambas instituciones para promocionar actividades formativas y de estudios en materia de contratación pública, así como facilitar el conocimiento recíproco de resoluciones, dictámenes e informes sobre esta materia. Colaboración institucional que tuvo su expresión también el pasado 25 de abril con un curso específico para los funcionarios en la sede palentina del Consejo de Cuentas, sobre áreas de riesgos en la contratación pública.
Amilivia significó que el Consejo de Cuentas, como institución encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León, ha realizado en su serie histórica un total de 39 fiscalizaciones en materia de contratación, 28 de ellas en el ámbito del sector público autonómico y 11 en el sector público local. Representando el 14% de los 275 informes realizados por el órgano de control externo autonómico. De esas 39 fiscalizaciones, 16 corresponden al informe anual de mandato legal que se elabora sobre la contratación administrativa de Castilla y León y 23 a auditorías especiales.
También, el informe anual sobre las cuentas del sector público local incluye un apartado específico sobre el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de contratos por parte de las entidades locales de la Comunidad. En la actualidad, continuó Amilivia, el Consejo trabaja en otras cuatro fiscalizaciones sobre contratación: la de las diputaciones, los contratos del servicio de ayuda a domicilio de estas instituciones provinciales, los contratos del bus urbano de los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, así como la contratación autonómica de 2022.
En cuanto a la evolución de la contratación administrativa en Castilla y León, en 2021 se volvió a niveles prepandemia, con casi 3.000 expedientes y 765 millones de euros. El mayor volumen de contratación en 2021, conforme a la fiscalización realizada por el Consejo de Cuentas, corresponde a la Gerencia de Salud, con el 51,3% del importe total, siendo el mismo porcentaje que el que representaba en los ejercicios 2018/2019, después del incremento experimentado en 2020 con motivo de la pandemia, cuando alcanzó el 62%. Por tipo de contratos, en 2021 el mayor peso del importe total (42,8%) corresponde a servicios. En 2020, primer año de la pandemia, fueron los suministros, con el 58%, los que representaron el porcentaje más elevado, quedándose en 2021 en el 36%.
Por su parte, el Consejo Consultivo integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva, encargada de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y el resto del ordenamiento jurídico, y la correspondiente al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito al Consultivo desde 2012 -cuando Mario Amilivia presidía esta institución propia con sede en Zamora-.
S. de Vega explicó que más de 1.000 resoluciones, con un valor en litigio superior a 14.600 millones de euros permiten hablar de un acierto en su particular diseño, y de la solidez de la institución. Del mismo modo, señaló que el TARCCYL ha sido reconocido como un modelo de éxito como órgano especializado e independiente para la resolución del recurso especial en materia de contratación pública. El Tribunal ofrece una justicia rápida y gratuita en materia de contratación pública, a la vez que genera una gran confianza entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos.
El presidente del Consultivo añadió que los órganos encargados de resolver los recursos especiales se configuran como un mecanismo de control de irregularidades y se convierten en uno de los principales instrumentos de transparencia y buen gobierno mediante el control de la legalidad en la contratación pública. El TARCCYL resolvió el pasado año 208 recursos. El 68,75% (143) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38 %), seguido del de pliegos (35,58 %) y del de exclusiones y no exclusiones (19,23 %). Los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 77 (37,02 %).
El antecedente de la Jornada celebrada hoy tuvo lugar el 23 de noviembre de 2017, también en el salón de actos de las Cortes de Castilla y León, cuando Consultivo y Cuentas realizaron la primera Jornada Técnica sobre Contratación del Sector Público, que congregó a 300 profesionales de las administraciones públicas interesados en las novedades introducidas por la, entonces, recién publicada Ley de Contratos del Sector Público.
A partir de entonces, la contratación pública ya no es solo un instrumento de abastecimiento de materias primas o de servicios en las mejores condiciones para los órganos de contratación y para los ciudadanos que los reciben. La contratación pasa a concebirse como una herramienta a través de la cual los poderes públicos profundizan en otras políticas estratégicas, como pueden ser políticas horizontales de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovación.
Entre los intervinientes en la Jornada figuran Pedro San Miguel, subdirector de Fiscalización del Consejo de Cuentas, y Luis Gracia, secretario del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Los temas de debate han pivotado en torno a la importancia de la planificación en la contratación pública y la problemática con respecto a los recursos contractuales.
También se ha debatido sobre cómo combatir las infracciones de competencia en contratación, las reformas y retos de futuro, y acerca de la profesionalización de la contratación pública.