• Los 17 nuevos informes programados ponen el foco en la educación, la financiación del gasto social, la sociedad digital y el papel clave de las entidades locales en la vertebración territorial
  • El Consejo de Cuentas solicita a la Mesa de las Cortes "la imprescindible dotación presupuestaria para cubrir los medios personales y materiales que permitan desarrollar el cometido de la Autoridad Independiente en materia de corrupción con la establecida separación de funciones"

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó hoy en las Cortes de Castilla y León un plan de fiscalizaciones para 2025 que, "desde una orientación constructiva, continúa profundizando en los fundamentos competenciales de la Comunidad, con nuevas fiscalizaciones que ponen el acento en la educación, la financiación del gasto social, la sociedad digital y el papel fundamental de las entidades locales en la vertebración territorial de Castilla y León".

El Plan incluye 17 nuevos trabajos, con 16 fiscalizaciones y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones, recogiendo además 34 auditorías de planes anteriores cuya finalización se proyecta en el presente ejercicio. En total, el Consejo tendrá este ejercicio 51 informes en distintas fases de tramitación.

Un programa de trabajos sometido esta tarde a la preceptiva ratificación de Comisión de Economía y Hacienda -ya que el Consejo no puede aprobarlo autónomamente- y que implica todos los recursos del Consejo, con una carga de trabajo que superará el año natural en su ejecución, si bien se parte del propósito de iniciar todas las actuaciones durante el presente ejercicio.

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Antes de pasar a desgranarlo, expuso que la Institución trabaja afrontando "nuevos retos" como ha sido la creación en 2024 de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, adscrita orgánicamente al Consejo.

Con relación a esta, recordó que, además del nombramiento de su titular, Luis Gracia, la Mesa de las Cortes aprobó una modificación de la plantilla del Consejo creando las 6 plazas necesarias para la puesta en marcha de la Autoridad. Hasta la fecha, precisó, se han cubierto 2 de las 3 plazas contempladas en el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2025 (una de asesor y otra de letrado) cuyo coste asciende a 365.556 euros.

Al prorrogarse las cuentas de 2024 y no quedar incorporada una dotación específica para estas nuevas plazas -prosiguió- "se genera una disfunción en el presupuesto del Consejo de Cuentas, ya de por sí austero, que debe ser corregida para no comprometer su normal funcionamiento". También, ante las nuevas necesidades con su entrada en funcionamiento, se realizó un gasto de 85.000 euros que tampoco estaba presupuestado.

A la vista de ello, el 23 de enero, por acuerdo del Pleno del Consejo, se remitió un escrito a la Mesa de las Cortes informando de esta situación y "solicitando la imprescindible dotación presupuestaria para cubrir los medios personales y materiales que permitan desarrollar el cometido de la Autoridad Independiente con la establecida separación de funciones, necesidad ya advertida hace un año en la comparecencia del Plan de Fiscalizaciones 2024".

Amilivia precisó que "esta responsabilidad adicional hace aún más patente la necesidad de abordar las reformas normativas planteadas en los términos del acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo de Cuentas el 14 de octubre de 2021, cuyo alcance conocen los grupos parlamentarios".

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Incidió en esta línea en "la conveniencia de reforzar nuestra independencia en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos", manifestando que "el Consejo de Cuentas es el único que no aprueba autónomamente su plan anual al ser competencia de estas Cortes. Circunstancia que, por cierto, no pasa desapercibida en el ámbito de las instituciones fiscalizadoras".

Empezando con la exposición del Plan, las 4 fiscalizaciones legales permiten una visión amplia y homogénea de la gestión de las administraciones autonómica y local, permitiendo además la comparabilidad de los datos y su análisis evolutivo para un mejor conocimiento de las políticas públicas y su ejecución.

En cuanto a las 12 fiscalizaciones de carácter especial, 5 corresponden al ámbito de la Comunidad y 7 al ámbito local.

Dentro del sector público autonómico, se volverá a analizar la situación económico-financiera y la ejecución funcional del gasto de la Comunidad, para obtener una perspectiva que permita constatar la evolución en las principales áreas como sanidad, educación o servicios sociales.

Especial atención tendrá en esta ocasión el ámbito educativo, con un análisis de la gobernanza en ciberseguridad de la Universidad de Burgos y la actualización de dos fiscalizaciones en marcha: una referida a los gastos de personal de las universidades públicas y otra a la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados de enseñanza secundaria obligatoria.

Como ya se hizo en el plan anterior, de forma complementaria a la Cuenta General de la Comunidad se realizará otro informe para analizar detalladamente la situación y evolución del endeudamiento y verificar aspectos de legalidad como el cumplimiento de las reglas fiscales.

Pasando al sector público local, el Plan refleja como siempre la relevancia del municipalismo en una Comunidad de gran extensión y dispersión poblacional, que cuenta con cerca de 5.000 entidades.

Así, Amilivia destacó las actuaciones programadas en seguridad informática, analizando la situación de los servicios que prestan las diputaciones a los municipios en esta materia y efectuando el seguimiento de la auditoría de ciberseguridad que se realizó al Ayuntamiento de Palencia. Asimismo, se proponen dos auditorías sobre los ayuntamientos de las capitales de provincia, una sobre los costes y rendimientos derivados de los servicios públicos y otra sobre la contratación.

Por otra parte, se profundizará en los procesos de estabilización llevados a cabo para paliar las altas tasas de temporalidad en los ayuntamientos. Y, además, se acometerán auditorías específicas de los ayuntamientos de Medina del Campo y de Trabanca atendiendo a criterios de riesgo. Finalmente, se realizará el informe de seguimiento de recomendaciones del ejercicio 2024.

A continuación, expuso sintéticamente las nuevas auditorías que contiene el Proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones empezando por las 4 de mandato legal que incluye la programación en todos los ejercicios.

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1.- En relación con la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2024, se completa el proceso de simplificación iniciado con la de 2022, consecuencia de cambios normativos experimentados en los últimos años y de su adecuación a las normas internacionales de auditoría para generar una metodología común entre las instituciones de control que refuerce la calidad de su trabajo.

2.- En cuanto a la fiscalización de los Expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2024, esta no presenta novedades.

3.- En relación con el informe sobre Contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2024 se amplía el alcance objetivo de la auditoría relativo al examen de expedientes en las fases de ejecución y extinción de los contratos. Así, para este ejercicio, además de las pruebas habituales sobre el plazo y condiciones establecidas para la ejecución y sus modificados, se adicionan otras sobre la justificación de las prórrogas y ampliaciones de plazo, el régimen establecido sobre subcontratación y su cumplimiento, o la introducción de condiciones especiales de ejecución del contrato y su efectivo cumplimiento por el adjudicatario.

4.- El Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León, ejercicio 2024, no presenta novedades.

En cuanto a las fiscalizaciones especiales, el Plan contempla 5 informes del sector público autonómico y 7 del sector público local.

5.- Comenzando por el ámbito de la Comunidad, el Análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2024 continúa la línea del informe realizado sobre el endeudamiento del 2022, así como el que se está llevando a cabo para 2023. Amilivia subrayó que esta auditoría combinada, operativa y de legalidad, coordinada con el informe de la Cuenta General, estudiará con detalle la evolución del endeudamiento del sector público autonómico, tanto desde el punto de vista de las entidades como en términos de contabilidad nacional, verificando la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.

6.- El Informe acerca de la situación y actividad económico- financiera, así como de la ejecución funcional del gasto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2023 es una fiscalización que el Consejo viene realizando periódicamente, siendo la anterior del Plan Anual de 2020.

Esta auditoria operativa analiza aspectos de la situación y actividad económico-financiera, así como la ejecución funcional del gasto de la Comunidad en 2023 y los tres anteriores. Podrían introducirse como novedad datos provincializados.

7.- El Análisis de la gobernanza en materia de ciberseguridad de la Universidad de Burgos responde a la estrategia del Consejo en materia de ciberseguridad, iniciada en el sector público local y continuada en el sector público autonómico, primero con la Administración general y sus organismos autónomos, y ahora con una de las universidades públicas.

8.- La Fiscalización de la gestión del personal de las universidades públicas de Castilla y León, ejercicio 2023, da continuidad a los estudios específicos que se vienen realizando respecto de las universidades públicas de la Comunidad en aspectos como el mapa de titulaciones, la situación financiera, la gestión de la investigación o la implantación de los sistemas de contabilidad analítica, focalizando ahora el análisis en el gasto de mayor relevancia en sus presupuestos. Se trata de una auditoría fundamentalmente de cumplimiento de legalidad en relación con los gastos de personal y los procedimientos de selección, pero en la que también se valorarán desde un punto de vista operativo otros aspectos relevantes de la gestión de las plantillas del personal docente investigador y de administración y servicios.

9.-, La Fiscalización de la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y centros concertados de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ejercicio 2024, es una adaptación de una fiscalización de planes anteriores, cuyo ámbito de actuación temporal se actualiza. En la parte de legalidad se analizaría si se han realizado las funciones de inspección de los centros docentes y si se efectúa un control económico de los fondos transferidos. En la operativa, se observará la eficiencia, a través de la comparación de los gastos de funcionamiento por alumno de un centro público y otro concertado, seleccionando al efecto dos centros con características similares.

10.- Dentro de las fiscalizaciones especiales del sector público local, la primera es la de Asistencia técnica-informática prestada a los municipios por las diputaciones y entidades equivalentes de la Comunidad Autónoma con especial incidencia en el ámbito de la seguridad informática. Se pretende evaluar la eficacia y eficiencia en la prestación de dicha asistencia y si se adecúa a la normativa vigente. Asimismo, se comprobará si llega de manera equitativa a todos los municipios, especialmente a los de menor población o recursos.

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11.- Seguimiento de recomendaciones y actualización de la situación de la seguridad informática del Ayuntamiento de Palencia. Partiendo de los resultados obtenidos en el informe inicial aprobado en 2022 y de las recomendaciones planteadas entonces, se realizará una nueva evaluación de los controles básicos de ciberseguridad, verificando si las medidas implantadas posteriormente han sido efectivas, para obtener una visión actualizada de la situación del ayuntamiento en esta materia y de cómo ha evolucionado durante este periodo.

12.- Contratación administrativa celebrada por los ayuntamientos capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2024. Teniendo en consideración que la contratación administrativa supone un alto porcentaje del gasto municipal, se plantea una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual de estas entidades locales. Se comprobará la obligada comunicación de la contratación al Consejo de Cuentas y se verificará la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia y no discriminación e igualdad de trato a los licitadores.

13.- Fiscalización de los procedimientos de estabilización de empleo temporal de las entidades locales. Dada la importancia que han tenido estos procesos tras la promulgación de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y en virtud de la experiencia adquirida en un primer informe actualmente en curso, se plantea esta segunda actuación sobre otro grupo de entidades, seleccionadas por estratos de población, con exclusión de las capitales de provincia.

14.- Fiscalización de determinadas áreas del ayuntamiento vallisoletano de Medina del Campo. Al ser uno de los municipios no capitales de provincia de mayor población de Castilla y León, con más de 20.000 habitantes, resulta de interés llevar a cabo una fiscalización sobre áreas de especial relevancia como las de personal, subvenciones y gestión tributaria y recaudatoria. También presenta especial interés el análisis económico- financiero y de las principales magnitudes presupuestarias en el actual contexto de senda de equilibrio y recuperación de las reglas fiscales. Sobre todo, teniendo en cuenta que desde el ejercicio 2016 viene rindiendo las cuentas fuera del plazo establecido y la de 2023 todavía la tiene sin rendir.

15.- El interés de la Fiscalización de determinadas áreas del ayuntamiento salmantino de Trabanca deriva de ser un municipio que nunca ha rendido su cuenta general en toda la serie histórica del Consejo de Cuentas. Además, a tenor de los datos del Ministerio de Hacienda, es uno de municipios menores de 500 habitantes más endeudados de Castilla y León, al contar con una deuda de 434.000 euros. Asimismo, el ayuntamiento tampoco remite información al Ministerio de Hacienda de sus presupuestos ni liquidaciones, por lo que desde hace años se le retienen las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado.

16.- Análisis del coste y rendimiento de los servicios públicos prestados por los ayuntamientos capitales de provincia de Castilla y León. Amilivia señaló que esta tiene como objetivo establecer el panorama de la forma en la que se gestionan en las capitales de provincia algunos de los principales servicios mínimos obligatorios señalados por el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y analizar el coste de su prestación y su previsible cobertura a través de los rendimientos obtenidos. En tal sentido, las entidades locales deben guiarse en su funcionamiento por criterios de eficacia, eficiencia y economía.

17.- Además, el plan contiene el Informe de seguimiento de recomendaciones, ejercicio 2024. El presidente destacó que, como novedad, "estamos estudiando la posibilidad de incorporar conclusiones de carácter cualitativo que complementen los análisis estadísticos que presenta el informe en la actualidad".

El anexo del Plan Anual 2025 recoge las 34 fiscalizaciones correspondientes a planes anteriores que se mantienen vigentes.

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