Consejo de Cuentas de Castilla y León

• El presidente Amilivia presenta una propuesta "con vocación de consenso y susceptible de modificación", que recoge 7 fiscalizaciones de mandato legal, otras 10 de carácter especial y el informe de seguimiento de recomendaciones correspondiente a 2025
• El Consejo auditará las políticas de vivienda desplegadas por los municipios y como novedad se realizarán dos informes para la evaluación de las campañas de publicidad institucional, de acuerdo con la normativa
• Otros trabajos previstos son el del análisis de endeudamiento de la Administración autonómica en 2025, la fiscalización de la Fundación Patrimonio Natural o las auditorías de los ayuntamientos de Laguna de Duero y de Trabanca

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó en las Cortes el Plan Anual de Fiscalizaciones 2026 que incluye 18 nuevos trabajos, con 17 fiscalizaciones y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones. Una propuesta "con vocación de consenso, susceptible de modificación a posteriori si así lo conviene la Comisión de Economía y Hacienda".

Después de la intervención de Amilivia, los integrantes de la Comisión aprobaban el Plan con los votos a favor del PP y del grupo UPL-Soria Ya y la abstención del PSOE y Vox.

Entre estos nuevos trabajos para el próxiomo ejercicio se contempla una fiscalización especial mediante la que se analizará el ejercicio de la política de vivienda por parte de las entidades locales. Es decir, una auditoría operativa con enfoque evaluador sobre la planificación en política de vivienda, comprobando las medidas adoptadas por los municipios y verificando el cumplimiento de los objetivos previstos y la eficacia de las actuaciones.

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Asimismo, se comprobará la financiación obtenida y los recursos destinados a garantizar el derecho de acceso a la vivienda y a la construcción y gestión de viviendas sociales o dotacionales.

Al tratarse de un año con elecciones autonómicas, se incluye también el examen de la contabilidad electoral y otra novedad es la referida a la evaluación de las campañas exigida en el artículo 13 de la Ley 4/2009 de Publicidad Institucional de Castilla y León, tras su reforma por la Ley 1/2025. Así, se introduce esta nueva obligación por mandato legal mediante dos auditorías operativas con enfoque evaluador, una dedicada al ámbito autonómico y otra al sector público local.

Amilivia destacó como principales notas de este plan de trabajo para 2026 que "prioriza el análisis del gasto social, con vocación de consenso, siendo asumible y susceptible de modificaciones".

Es decir, "profundiza en la naturaleza social de los pilares competenciales de la Comunidad, con nuevas fiscalizaciones de orientación constructiva que ponen el foco en la sanidad, la educación, el medio ambiente, la vivienda, la sociedad digital y el papel fundamental de las entidades locales en la vertebración de Castilla y León".

Un Plan de consenso "porque teniendo en cuenta que debe ser aprobado por estas Cortes, la propuesta no solo goza de la unanimidad interna del Pleno del Consejo de Cuentas, sino que busca asimismo el mayor respaldo posible de los grupos parlamentarios y, en consecuencia, evitar auditorías previamente descartadas por estas Cortes".

Asumible en la carga de trabajo planteada que, si bien superará el año natural de ejecución del Plan, parte de la base de iniciar todos los trabajos.

Además, susceptible de modificaciones, "conscientes, por una parte, de la posibilidad de que esta Comisión pueda acordar a posteriori la incorporación de otras fiscalizaciones y, por otra, de que la colaboración con el Tribunal de Cuentas suscite alguna nueva auditoría". Informó al respecto que después de la aprobación de este proyecto de Plan de Fiscalizaciones ya ha sido acordada en dicho marco una auditoría sobre la atención de los municipios a las personas sin hogar.

Además de los 18 nuevos trabajos anotados en el Plan (7 fiscalizaciones legales, 10 de carácter especial, más el informe de seguimiento de recomendaciones) se incluyen 27 informes de planes anteriores cuya finalización se proyecta en 2026, entre los que también figuran otras dos colaboraciones con el Tribunal de Cuentas, con la fiscalización de la gestión de la vivienda protegida en la Comunidad y el establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios.

Con este programa, "tendremos 45 informes en tramitación para 2026, implicando todos los recursos en la ejecución de los trabajos durante el ejercicio; una cifra ambiciosa que ofrece la extensa dimensión de nuestra actividad".

El Plan, al detalle

En primer lugar, recoge siete fiscalizaciones de mandato legal. La de la Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2025 se presenta ya por segundo año con su nueva estructura, después del proceso de simplificación iniciado con la Cuenta de 2022, consecuencia de cambios normativos y de su adecuación a las normas internacionales de auditoría con el fin de generar una metodología común entre las instituciones de control. Amilivia subrayó que "Castilla y León es una Comunidad muy avanzada en la presentación consolidada de sus cuentas".

La fiscalización de los expedientes justificados a los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI), ejercicio 2025 no presenta novedades.

En referencia al informe sobre la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2025, tras ampliarse en el último Plan el alcance objetivo de la auditoría relativo al examen de expedientes en las fases de ejecución y extinción de los contratos, para este siguiente ejercicio no se contempla ningún otro cambio.

El Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León, ejercicio 2025, tampoco presenta modificaciones.

Otra de las fiscalizaciones de carácter legal es la de los informes sobre el examen de la contabilidad electoral de las elecciones a las Cortes de Castilla y León a celebrar en 2026, trabajo contemplado tanto en la Ley del Consejo de Cuentas como en la Ley Electoral de Castilla y León.

Así, las formaciones políticas han de presentar su contabilidad electoral entre los 100 y 125 días a partir de los comicios, debiendo pronunciarse el Consejo de Cuentas sobre su regularidad en los 200 días posteriores a la cita con las urnas, proponiendo, en su caso, la reducción o la no adjudicación de la subvención a percibir.

Están obligadas a rendir al Consejo tanto las formaciones que obtengan representación, como las que hayan solicitado un adelanto de subvenciones por haberla tenido en las anteriores elecciones autonómicas. Se elaborará un informe individual para cada una de dichas formaciones políticas.

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Este bloque de fiscalizaciones de mandato legal se completa con los dos nuevos informes contemplados para la evaluación de las campañas de publicidad institucional de acuerdo con lo establecido en la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León.

Amilivia recordó a tal efecto que la reforma de la ley de publicidad institucional establece en su artículo 13 que se realizará un informe de evaluación de cada una de las campañas de publicidad institucional elaborado por el Consejo de Cuentas, que tenga en cuenta el análisis previo al lanzamiento de la campaña, los resultados, el impacto de la campaña en la audiencia y en la propia organización.

Matizó al respecto que "considerando el ámbito subjetivo de la Ley, debemos tener presente que, no solo se extiende al sector público autonómico y las universidades públicas, sino que también comprende las entidades locales y sus entes dependientes".

Argumentó en esta línea que "teniendo en cuenta que solo la planificación de la publicidad institucional de la Junta contemplaba para el presente ejercicio 2025 más de un centenar de campañas, resultaría imposible para el Consejo de Cuentas, con sus medios materiales y humanos, acometer más de 100 informes al año únicamente para el ámbito de la Administración autonómica, además de los que corresponderían a las campañas programadas por las entidades que integran el sector público local".

Es por esta razón, subrayó, que "dando cumplimiento a la ley, y en coherencia con distintos informes técnicos solicitados a tal efecto, el Pleno del Consejo llegó a la conclusión de plantear dos trabajos, conformes con la naturaleza fiscalizadora de nuestra institución y con las metodologías de otros trabajos de mandato legal, como pueden ser los análisis de la contratación autonómica o de las cuentas del sector público local".

"Una solución -añadió- que, además, es coherente con el acuerdo de la Mesa de las Cortes por el cual esta decidió no dotar al Consejo de Cuentas de presupuesto para incorporar más personal destinado a la elaboración de estas nuevas fiscalizaciones de mandato legal, por considerarlo innecesario".

En segundo lugar, en cuanto a las fiscalizaciones especiales, el Plan anota 4 informes del sector público autonómico y 6 del sector público local.

En el ámbito de la Comunidad, el primero es el análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2025, separado del de Cuenta General. Una auditoría que incluirá un análisis de la evolución de la deuda pública de la Administración de la Comunidad y su impacto en la Cuenta General rendida, comparando sus datos con otras comunidades autónomas y verificando la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.

En materia educativa, se recoge la auditoría sobre los sistemas de información para la gestión de los gastos de personal en las universidades públicas de Castilla y León. El presidente explicó que "dada la extensión y complejidad de la fiscalización en marcha sobre la gestión del personal de las 4 universidades con carácter general, se plantea la conveniencia de la revisión de los controles de procesamiento de la información de manera independiente, aunque los resultados de ambas, como es evidente, deberán interpretarse en su conjunto".

En el ámbito sanitario, la fiscalización de la gestión de la receta electrónica se enmarca en el especial seguimiento de los principales gastos a nivel presupuestario. El ámbito sanitario constituye la principal política de gasto de la Comunidad. Cerca del 23% del gasto en transferencias corrientes se corresponde con facturas de los colegios oficiales de farmacéuticos destinadas al pago de las recetas, que en 2023 ascendieron a 785 millones de euros.

Un trabajo con el que "se intentará evaluar la eficacia, eficiencia y economía de los procesos y el uso de los recursos aplicados por la Gerencia Regional de Salud a la gestión de la receta electrónica para identificar oportunidades de mejora y asegurar que las actividades apoyen los objetivos estratégicos".

A tal fin, se realizará una revisión técnica del funcionamiento y control de los sistemas específicos que soportan estos procesos, así como la protección de los activos de información y los servicios prestados conforme al Esquema Nacional de Seguridad y a la normativa de protección de datos.

El cuarto informe especial de este ámbito es la fiscalización financiera y de cumplimiento de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, participada al 100% por la Comunidad y considerada medio propio de la Administración autonómica.

La entidad, argumentó Amilivia, gestiona recursos públicos relevantes vinculados a la protección medioambiental, restauración y mantenimiento del patrimonio natural, así como a la ejecución de proyectos y subvenciones públicas, "circunstancias que exigen el control y la verificación de la regularidad en el uso de los fondos, resultando además esencial analizar su situación económico-financiera, la gestión de personal, los procedimientos de control interno y el cumplimiento de los fines fundacionales".

Con relación a las 6 fiscalizaciones especiales del sector público local, la primera analizará el ejercicio de la política de vivienda por parte de las entidades locales. A tal fin, se realizará una auditoría operativa con enfoque evaluador.

También se fiscalizarán las actividades y servicios prestados por los municipios menores de 500 habitantes y por las entidades locales menores de Castilla y León. La Comunidad cuenta con 1.803 ayuntamientos con población inferior a los 500 habitantes, el 80% del total, y 2.208 entidades locales menores.

Esta auditoría tratará de verificar si el ejercicio de sus competencias se encuentra alineado con los postulados de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Así, se elaborará un mapa de los servicios prestados y de las actividades desarrolladas, se examinarán los principales indicadores de la situación económico-financiera y se comprobará en qué medida se cumplen los principios de eficacia, calidad y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

El Plan recoge también un informe sobre la situación de las recomendaciones más relevantes no corregidas por las entidades locales, fiscalización que decaería en caso de incorporarse más adelante la ya señalada sobre la atención de los municipios a las personas sin hogar, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

Finalmente, se anotan también auditorías específicas a tres ayuntamientos. En primer lugar, el análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), iniciando así este tipo de auditoría con ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, una vez realizada una primera serie de municipios intermedios y otra segunda con las capitales de provincia.

En segundo lugar, una fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid), de interés al ser uno de los municipios mayores de 20.000 habitantes. Se analizarán, entre otras, las áreas de personal, subvenciones y gestión tributaria y recaudatoria. También, el análisis económico-financiero y de las principales magnitudes presupuestarias en el actual contexto de senda de equilibrio y recuperación de las reglas fiscales.

En tercer lugar, la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Trabanca (Salamanca), municipio que nunca ha rendido su cuenta general en toda la serie histórica del Consejo de Cuentas.

Además, es uno de los municipios menores de 500 habitantes más endeudados de Castilla y León (con 434.000 euros) según los datos del Ministerio de Hacienda. El ayuntamiento tampoco remite información a Hacienda de sus presupuestos ni liquidaciones, por lo que desde hace años se le retienen las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado.

Además, el Plan contiene, según el Reglamento del Consejo, la realización del Informe de seguimiento de recomendaciones, ejercicio 2025. Por segundo año, incorporará conclusiones de carácter cualitativo que complementen los análisis estadísticos. Asimismo, el Consejo podrá colaborar con el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas Europeo en las actuaciones que le sean solicitadas al efecto, teniendo en cuenta los recursos disponibles en cada caso.