Las Cortes aprueban el plan de fiscalizaciones con 29 nuevos informes y enfocado en los “fundamentos competenciales” de la Comunidad
- Amilivia destaca que "desde una orientación constructiva", el Plan pone de relieve "la importancia de la educación, la adecuada financiación del gasto social, la sociedad digital, el medio ambiente y el papel fundamental de la administración local"
- Dos de cada 3 recomendaciones realizadas por la institución en los informes de 2022 fueron aceptadas por los entes fiscalizados; el grado de aceptación fue del 65% y el de cumplimiento -las corregidas más las aplicadas parcialmente- del 56%
- El presidente de la Institución dice que, en el caso de afrontarse nuevas competencias, estas no deberían generar solapamiento con las del Consejo y tendrían que ser asumidas con la "imprescindible dotación presupuestaria y de personal, no a coste cero"
La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León aprobó esta tarde el Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) del Consejo de Cuentas, que incluye 29 nuevos trabajos, con 28 fiscalizaciones de carácter legal y especial, y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones. Recoge, además, las 24 auditorías de planes anteriores cuya finalización se proyecta en el presente ejercicio.
Además de la hoja de ruta del Consejo para el año en curso, su presidente, Mario Amilivia, presentó ante la Comisión el informe de seguimiento de las recomendaciones efectuadas a los entes fiscalizados en 2022.
El Plan de fiscalizaciones para este año –subrayó-- profundiza "desde una orientación constructiva en los fundamentos competenciales de la Comunidad", poniendo de relieve "la importancia que para el futuro de la Comunidad tienen la educación, la adecuada financiación del gasto social, la sociedad digital, el medio ambiente y el papel fundamental de la administración local en la vertebración territorial". De forma que la actividad del Consejo de Cuentas alcanzará este ejercicio 53 informes en distintas fases de tramitación.
Afirmó que la institución trabaja con "plena normalidad" afrontando la posibilidad de asumir nuevas competencias "que, en todo caso, no deberían generar solapamiento de las competencias propias del Consejo de Cuentas y que deberían ser asumidas con la imprescindible dotación presupuestaria y de personal; es decir, no a coste cero, y ejercidas con la necesaria separación de funciones".
Competencias que, en su caso, "harán necesario abordar las reformas normativas planteadas por el Consejo de Cuentas en 2021, cuando insistíamos en la necesidad de mejorar el régimen del personal para poder garantizar el mantenimiento de la plantilla y una adecuada cobertura de plazas, y, en segundo lugar, favorecer un nuevo impulso a la rendición de cuentas". También, agregó, "reforzar la independencia y garantizar la autonomía funcional en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos". Y precisamente en este aspecto reiteró que "el Consejo de Cuentas es la única institución de control externo de España que no aprueba autónomamente su plan anual de fiscalizaciones al ser competencia última de las Cortes".
Una circunstancia que justifica "la elaboración de planes de gran amplitud y contenido, advirtiendo siempre que su ejecución superará el año natural con el fin de poder mantener la actividad normalizada de la institución ante cualquier eventualidad ajena a su ámbito de decisión", explicó.
En primer lugar, las fiscalizaciones a realizar por mandato legal: Son las correspondientes a la Cuenta General de la Comunidad 2023; los expedientes justificados al FCI 2023, la contratación administrativa de la Administración general e institucional de la Comunidad en 2023 y el informe anual de las cuentas del sector público local 2023. Cuatro trabajos que posibilitan una "visión amplia y homogénea de la gestión de las administraciones autonómica y local de la Comunidad, permitiendo además la comparabilidad de los datos y su análisis evolutivo para un mejor conocimiento de las políticas públicas y su ejecución".
En segundo lugar, las fiscalizaciones de carácter especial: Ocho corresponden al ámbito de la Comunidad para continuar con el seguimiento de los principales gastos a nivel presupuestario y 16 al ámbito local.
Así, en el primer ámbito se iniciará una auditoría financiera de la Gerencia de Servicios Sociales, de manera similar a la ya realizada sobre la Gerencia Regional de Salud. También, se analizará la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En este caso, a nivel operativo se analizará la eficiencia, a través de la comparación de los gastos de funcionamiento por alumno de un centro público y otro concertado –también financiado con fondos públicos— seleccionando al efecto dos centros con características similares. En la parte de legalidad se analizaría si se han realizado las funciones de inspección de los centros docentes y si se realiza un control económico de los fondos transferidos.
Como "área de relevancia social especial", se realizará en colaboración con el Tribunal de Cuentas una fiscalización sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida en la Comunidad, ejercicios 2022 y 2023. Sus objetivos serán analizar la planificación en esta materia, las actuaciones de gestión y control efectuadas sobre el inventario de las viviendas protegidas de promoción pública y privada, la gestión de las adjudicaciones y la eficacia de las medidas adoptadas.
De forma muy relacionada con la financiación del gasto social, se continuará profundizando en el análisis del endeudamiento, una vez publicado el relativo a la gestión del programa de Deuda Pública. Así, se plantean dos informes de análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, uno correspondiente al ejercicio 2022 y otro a 2023. Trabajos que se coordinarían con el informe de Cuenta General, sustituyendo el contenido del apartado de endeudamiento, además de incluir aspectos como la regla de gasto y el déficit, de acuerdo con los criterios de estabilidad presupuestaria, estructura de la cartera de deuda, principales indicadores, etc.
En relación con la Gerencia Regional de Salud, se prevé una auditoría de ciberseguridad referente a su gobernanza, al igual que para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como organismo pagador que gestiona los gastos de la PAC.
Por otra parte, se propone un análisis a nivel operativo de la situación de los planes estratégicos de subvenciones de la comunidad autónoma, etapa 2013-2023.
Con referencia al ámbito local, Amilivia significó que el Plan es como siempre expresión de la "importancia que concedemos al municipalismo en una Comunidad de gran extensión y dispersión poblacional". Así, destacó la fiscalización de las mancomunidades de municipios, de los consorcios y de otras entidades asociativas de Castilla y León como fórmulas alternativas a la reducción de la planta local.
Precisó que la Comunidad cuenta con 241 mancomunidades, de las que forman parte 2.035 municipios, el 90,5% del total, además de 47 consorcios, 18 adscritos a ayuntamientos, 22 a diputaciones, 2 a entidades locales menores y otros 4 estaban pendientes de adscripción, según los últimos datos censales. El objetivo es verificar si estas fórmulas asociativas de carácter voluntario para la prestación de servicios y desarrollo de actividades constituyen una fórmula acorde con los principios de eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que establece la normativa y representan una opción que deba mantener su vigencia en detrimento de alternativas como reducir la planta local.
En este apartado local, también se iniciarán dos auditorías específicas, una sobre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y otra referida al Consejo Comarcal de El Bierzo, así como la fiscalización de la contratación menor de los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que no sean capitales de provincia.
Asimismo, resaltó las actuaciones sobre seguridad informática con el propósito de completar el análisis de los ayuntamientos capitales de provincia con los informes relativos a Soria, Segovia y Zamora. Además, se realizará el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías de ciberseguridad ya efectuadas en 2021 sobre municipios intermedios (Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Benavente) "para comprobar la mejora de la gestión de las entidades locales y la propia función del Consejo de Cuentas como herramienta facilitadora de cambios positivos".
Además, se incorporan dos fiscalizaciones por razones de oportunidad, de interés social e impacto en la Administración pública, una que pretende analizar los procesos de estabilización llevados a cabo para paliar las altas tasas de temporalidad en los ayuntamientos y otra, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, que analizará la situación del establecimiento de las zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, si bien podría ampliarse a otros mayores de 20.000 que superen los valores límite de los contaminantes regulados normativamente.
En tercer lugar, otras actuaciones. En este apartado se realizará el informe de seguimiento de recomendaciones correspondiente a 2023.
Resumió Amilivia que mediante algunos de los trabajos contenidos en el Plan "se continúa fortaleciendo la ejemplar colaboración entre las instituciones fiscalizadoras". También destacó la evaluación de políticas públicas mediante las auditorías operativas de gestión, que en este Plan "continúa orientando la mayoría de las fiscalizaciones especiales".
Informe de seguimiento de las recomendaciones
El presidente presentó también en su comparecencia el décimo análisis que se efectúa para determinar si los entes fiscalizados aplicaron adecuadamente las recomendaciones formuladas en las auditorías aprobadas en 2022.
El cumplimiento de las recomendaciones, explicó, es "el mejor reflejo de la auctoritas del Consejo en la medida en que supone que las administraciones atiendan nuestras propuestas de mejora por el prestigio de nuestros análisis y opiniones, sin que legalmente estén obligados a ello". Con la exposición del contenido de este informe en esta Comisión, añadió, "se proporciona una herramienta para el ejercicio del control parlamentario que corresponde a la Cámara representativa de los castellanos y leoneses".
Durante 2022 el Consejo aprobó 29 informes de fiscalización que contenían 212 recomendaciones para la mejora de la gestión pública, de las cuales fueron objeto de análisis sobre su aceptación o cumplimiento 195 correspondientes a 20 informes.
Como conclusión general subrayó que "dos de cada tres recomendaciones realizadas en los informes de 2022 han sido aceptadas por los entes fiscalizados".
El grado de aceptación fue del 65%, teniéndose en cuenta tanto las recomendaciones que se cumplieron total o parcialmente (56%) como aquellas en las que sólo se manifestó su conformidad (9%). Por administraciones, el grado de aceptación fue del 68% en el caso de la Junta, del 63% por los municipios y del 75% en cuanto a las universidades. Salvo casos puntuales, todas las administraciones están por encima del 50% de recomendaciones aceptadas en los últimos años.
Pormenorizadamente, los entes fiscalizados aplicaron de forma íntegra o parcial 110 de las 195 analizadas, lo que supone un grado de cumplimiento del 56%. Por otro lado, 17 de las 76 recomendaciones no aplicadas por los entes fiscalizados (9% del total), fueron tomadas en consideración, es decir, aceptadas en su contenido a pesar de no haber sido todavía puestas en marcha.
Respecto de la evolución del cumplimiento de las recomendaciones en los últimos años, en 2022 se anotó el mejor registro, igualado a 2019. Así, en 2022 se cumplió total o parcialmente un 56%, en 2021 un 51%, en 2020 un 55%, en 2019 un 56%, en 2018 un 42%, en 2017 un 46%, en 2016 un 42% y en 2015 un 34%.
En términos absolutos, en el acumulado de los 10 años en los que se lleva realizando este informe, han sido aplicadas total o parcialmente 972 recomendaciones de las 2015 analizadas, lo que representa el 48% para todo el periodo 2013-2022.
Con relación al porcentaje de cumplimiento, como en años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas: los municipios el 54% (62 de 115); la Junta el 59% (45 de 76); y las universidades el 75% (tratándose solo de la Universidad de Burgos, que cumplió 3 de las 4 recibidas).
Y en referencia al grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, fue superior al año 2021. Con la siguiente evolución: un 20% en 2014; un 22% en 2015; otro 22% en 2016; un 32% en 2017; un 31% en 2018; un 60% en 2019; un 48% en 2020; un 38% en 2021 y un 59% en 2022, 21 puntos más que el año anterior, siendo el mejor año de la serie histórica. Siendo, además, el año que menos recomendaciones no aplicadas tiene la Junta, un 30%.
Entrando más al detalle, Amilivia desgranó el seguimiento de las recomendaciones en cada uno de los 20 informes, que fue del siguiente tenor:
Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2020: de las 15 recomendaciones, 4 se corrigieron, 7 fueron aplicadas parcialmente y 4 no fueron aplicadas. De estas últimas 3 no fueron aplicadas porque la Junta no comparte la recomendación y la otra no fue contestada. En total, un grado de cumplimiento del 74%.
Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2020: de las 2 recomendaciones remitidas una no fue compartida por la Junta y la otra fue tomada en consideración.
Contratación de la Administración autonómica, ejercicio 2020: de las 12 recomendaciones enviadas a la Junta, todas fueron aplicadas parcialmente. En esta misma fiscalización, correspondiente al ejercicio 2021: de las 8 recomendaciones enviadas, una fue corregida, 4 fueron aplicadas parcialmente, una fue imposible de verificar y 2 no fueron aplicadas porque no se comparten. El grado de cumplimiento de ambos informes considerados conjuntamente alcanza el 85%.
Publicidad activa recogida en la legislación en materia de transparencia, así como de la calidad de los datos publicados por la Comunidad: la Consejería de la Presidencia cumplió las 5 recomendaciones. 4 se aplicaron parcialmente y una fue corregida.
Garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación online utilizada en los centros educativos de la Administración autonómica, en los cursos 2019/2020 y 2020/2021: se enviaron 7 recomendaciones a la Consejería de Educación y una a la de Movilidad y Transformación Digital. El grado de cumplimiento fue del 100% (2 corregidas y 6 aplicadas parcialmente).
Análisis económico-financiero del impacto de la Covid-19 en la Administración autonómica: de las 5 recomendaciones, 2 no fueron compartidas por la Consejería de Economía y Hacienda, una no fue contestada y las otras 2 perdieron validez en el marco actual.
Ayuntamiento de Soria, en el ejercicio 2019: de las 15 recomendaciones, la mitad se cumplieron, con 3 corregidas y 4 aplicadas parcialmente. Las 8 restantes no se han contestado.
Ayuntamiento de Segovia, en el ejercicio 2020: el grado de aceptación ha sido total. De las 14 recomendaciones enviadas, 12 se aplicaron total o parcialmente y 2 no se aplicaron, pero se tomaron en consideración.
En los tres informes sobre análisis de la seguridad informática de capitales de provincia: el Ayuntamiento de Ávila no contestó ninguna de las 12 recomendaciones; en el Ayuntamiento de Burgos, de las 8 recomendaciones enviadas, 2 fueron corregidas, 4 fueron aplicadas parcialmente y 2 no se aplicaron, pero se tomaron en consideración. En suma, el grado de aceptación alcanza el 100%; al igual que en el Ayuntamiento de Palencia, donde de las 11 recomendaciones, 4 se corrigieron, 6 se aplicaron parcialmente y una fue tomada en consideración.
Impacto en los ingresos propios de las capitales de provincia de la situación económica y normativa creada por la Covid-19: se enviaron dos recomendaciones a cada ayuntamiento, 18 en total, de las cuales Segovia corrigió las 2, Valladolid y Zamora aplicaron parcialmente 2 y Salamanca una; Palencia tomó en consideración las 2; y el resto no fueron contestadas. En resumen, un grado de aceptación del 50% en el conjunto de los 9 ayuntamientos.
Aplicación de los recursos adicionales recibidos por las entidades locales como consecuencia de la Covid-19: se enviaron dos recomendaciones a cada uno de los 16 ayuntamientos con población superior a los 20.000 habitantes, 32 en total. Fueron corregidas 11, las 2 de Valladolid, Arroyo-La Encomienda, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo y una de Salamanca, Aranda de Duero y Laguna de Duero; otras 8 recomendaciones fueron aplicadas parcialmente, las 2 enviadas a Segovia y Ponferrada y una de las remitidas a Palencia, Salamanca, Zamora y Aranda; de las 13 restantes, 12 no fueron contestadas y una no compartida. En conjunto, un índice de cumplimiento del 59%.
Efectos de la aplicación de la Ley 7/2013 de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales: se enviaron tres recomendaciones a la Consejería de Presidencia y una a cada una de las 5 mancomunidades de interés general, es decir, 8 en total. La Consejería aplicó parcialmente una y tomó en consideración las otras 2. La Mancomunidad de Valladolid aplicó parcialmente la recomendación recibida; las de León, Zamora y Benavente las tomaron en consideración; y la de Medina del Campo no contestó. En este informe, en conjunto, el grado de aceptación alcanza el 88%.
Estrategia autonómica para el cambio climático 2009-2020: de las 6 recomendaciones dirigidas a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la mitad se tomaron en consideración y la otra mitad no se comparten.
Situación económico-financiera de la Universidad de Burgos y de sus entes dependientes: de las 4 enviadas, se corrigió una, dos se aplicaron parcialmente y una quedó sin validez en el marco actual.
Cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla y León como consecuencia del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, en 2022: la Junta no aplicó ninguna de las 3 recomendaciones porque no las comparte.
Contratación de la Administración autonómica vinculada a la Covid-19, en 2020: de las 6 recomendaciones enviadas a la Junta, una se corrigió, otra fue imposible de verificar y las 4 restantes no se aplicaron, si bien 2 de ellas fueron tomadas en consideración. El grado de aceptación es, por tanto, del 50%.
Y finalmente, el informe sobre el diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la Covid-19 tramitadas por la Administración autonómica en 2020: de las 3 recomendaciones enviadas a la Junta, una fue aplicada parcialmente, otra fue imposible de verificar y la otra no fue contestada.
