Cuentas y Consultivo analizan conjuntamente en Palencia las principales áreas de riesgo en la contratación del sector público
- Las dos instituciones impulsan su colaboración en materia de contratación pública con una jornada de formación en la sede del órgano de control externo de Castilla y León
- Amilivia y S. de Vega destacan que la coordinación y apoyo entre ambos órganos permite reforzar la transparencia y supervisión en los procesos de contratación pública
La importancia de los controles en materia de contratación pública, así como el análisis de las principales áreas de riesgo en la contratación sector público reunieron hoy en un curso de formación celebrado en la sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León a este órgano de control externo y al Consejo Consultivo, cuyos presidentes abrieron la jornada.
Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas, y Agustín S. de Vega, presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que tiene adscrito este órgano, coincidieron en subrayar que esta colaboración y apoyo recíprocos entre ambos órganos permiten redoblar la transparencia y supervisión ejercidos en los procesos sobre contratación pública.
Ambas instituciones colaboran de manera habitual en el conocimiento recíproco de informes de índole contractual, resoluciones y dictámenes, además del intercambio de información y en la promoción de actividades formativas como es el caso del curso de hoy, con la participación de una treintena de empleados. Así, se enmarca en el protocolo de actuación suscrito entre ambos presidentes a finales de 2020 para el intercambio de información y la promoción de actividades formativas y de estudios en materia de contratación pública.
En sus más de 20 años de trayectoria, el Consejo de Cuentas ha realizado un total de 38 fiscalizaciones en materia de contratación, 27 de ellas en el ámbito del sector público autonómico y 11 en el sector público local. Representan el 14% de los 268 informes realizados por el órgano de control externo.
De esas 38 fiscalizaciones, 17 corresponden al informe anual de mandato legal que se elabora sobre la contratación administrativa de la Comunidad y los 21 restantes son auditorías especiales. Además, el informe anual sobre las cuentas del sector público local incluye un apartado específico sobre el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de contratos por parte de las entidades locales de Castilla y León.
Actualmente se encuentran en elaboración otras 2 fiscalizaciones (la contratación menor en la Administración autonómica y la contratación por parte de las diputaciones provinciales) y en el Plan de trabajo del año en curso se han programado tres más (la contratación administrativa de la Comunidad del ejercicio 2022, la contratación del servicio de ayuda a domicilio por parte de las diputaciones provinciales y los contratos de prestación del servicio de transporte colectivo urbano por los ayuntamientos de las capitales de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora).
Amilivia puso de manifiesto que la contratación administrativa de la Comunidad representó en el ejercicio 2021 casi 3.000 expedientes por un importe de 765 millones de euros. También refirió que un reciente acuerdo con el Tribunal de Cuentas permitirá, mediante la puesta en marcha de la herramienta online "Fisconex" alcanzar una mayor eficiencia en la remisión de los contratos del sector público estatal y autonómico al automatizar dicho proceso, en su mayor parte, vía interconexión con la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega señaló que más de 17.000 dictámenes, seguidos en un 95% por las administraciones consultantes en estos 20 años, y más de 1.000 resoluciones, con un valor en litigio de más de 14600 millones de euros, desde la adscripción del TARCCYL hace 10 años, permiten hablar de un acierto en su particular diseño, y de la solidez de la institución.
Afirmó además que el TARCCYL ha sido reconocido como un modelo de éxito como órgano especializado e independiente para la resolución del recurso especial en materia de contratación pública, recordando que los datos confirman que ofrece una justicia rápida y gratuita en materia de contratación pública, a la vez, que genera una gran confianza entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos.
El Consejo Consultivo aprobó el pasado año 696 dictámenes, casi un 27% más que en 2021, de los cuales 31 pertenecen a la provincia de Palencia.
En relación con la actividad del TARCCYL, que cumple ahora una década como órgano adscrito al Consejo Consultivo, en 2022, se resolvieron 208 recursos. El 68,75% (143) de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38 %), seguido del de pliegos (35,58 %) y del de exclusiones y no exclusiones (19,23 %). Los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibió, 77, (37,02 %). Del total de recursos, 4 pertenecen a la provincia de Palencia.
