Consejo de Cuentas de Castilla y León

El Consejo de Cuentas analiza por primera vez las actuaciones medioambientales llevadas a cabo en el ámbito municipal, y de forma específica, en relación con las contaminaciones atmosférica, lumínica y acústica y la recogida de residuos. Las entidades locales tienen atribuidas competencias sobre el medio ambiente urbano al tiempo que desarrollan otras que pueden causar impacto medioambiental. Por tanto, deben, por un lado, adoptar políticas medioambientales y, por otro, paliar y reducir los efectos que su actividad genera, todo ello con sujeción a la normativa europea, estatal y autonómica, a los instrumentos internacionales y a su propia normativa reguladora. Al tratarse de un ámbito de interés prioritario, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómico acordaron la realización coordinada de una fiscalización horizontal.

Se trata de una fiscalización combinada, de cumplimiento y operativa, sobre las actuaciones de los 23 ayuntamientos con población superior a 10.000 habitantes. De cumplimiento, en cuanto a la verificación de la aprobación por los ayuntamientos de las normas exigibles en materia medioambiental. También es operativa, en la medida que se analizan las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos y la eficacia alcanzada. Además se han analizado los programas presupuestarios destinados a la protección y mejora del medio ambiente y otros relacionados.

El periodo al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018. Por su parte, los ingresos y gastos se han analizado respecto a 2017, último ejercicio cerrado. Los resultados de este trabajo, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones 2018, quedan reflejados en un total de 63 conclusiones.

Conclusiones. De los 23 ayuntamientos analizados, 18 cuentan orgánicamente con una unidad, área o departamento específico de medio ambiente. El número total de trabajadores que desarrollan estas competencias asciende a 266, de los que 40 son técnicos especialistas en medio ambiente.

Hay 5 ayuntamientos que no se han sumado a ninguna agrupación de municipios con objetivos medioambientales. Con respecto a la adhesión a compromisos internacionales, 13 han formalizado la Carta Aalborg (ciudades europeas hacia la sostenibilidad) y se han adherido al desarrollo de la Agenda 21 Local. Entre los que no han suscrito ninguna de ellas figuran 3 capitales (Ávila, Segovia y Zamora).

La política medioambiental debe establecer los principios e intenciones básicas que orienten la actividad de la entidad local y se configura como un paso previo a la implantación de un sistema de gestión. Tan sólo 6 ayuntamientos (Ponferrada, Palencia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Soria y Valladolid) cuentan con una política medioambiental aprobada.

Todos los ayuntamientos han aprobado diferente normativa relacionada con el medio ambiente. Destacan las ordenanzas de limpieza y recogida de basuras, ruidos y vibraciones, suministro y saneamiento de aguas y tenenciade animales de compañía. Menos extendidas pero también destacables son las ordenanzas sobre huertos municipales y sobre parques y jardines. Por otra parte, todos los ayuntamientos perciben ingresos derivados de actividades con incidencia medioambiental, en su mayoría mediante una tasa.

Un total de 9 ayuntamientos ha acreditado la realización de actuaciones de vigilancia e inspección en materia medioambiental. Predominan las relacionadas con la contaminación acústica, los residuos, la suciedad y los vertidos. Los ayuntamientos de Valladolid y Benavente cuentan con trabajadores específicamente dedicados a estas tareas.

En relación a ayudas y subvenciones, si bien la mayoría de los ayuntamientos tiene previsto en sus ordenanzas fiscales la concesión de beneficios fiscales, destacan los concedidos en Valladolid y Burgos por la utilización de energías renovables y vehículos menos contaminantes.

En el funcionamiento interno, se han adoptado medidas de mejora energética en edificios e instalaciones municipales, realizadas por la mayoría de las entidades, mediante la incorporación de tecnología led, sistemas de luz con control de movimientos y medidas sobre la climatización y las calderas. Otras actuaciones han consistido en el fomento del reciclaje, la inclusión de cláusulas medioambientales en los pliegos de contratación o actuaciones para reducir el consumo de agua.

El mayor gasto realizado por los ayuntamientos en materia medioambiental, por42,4 millones de euros, deriva de la Agenda 21 Local, si bien solo es imputable, principalmente, a Valladolid y Palencia. En la ejecución presupuestaria por grupos de programas relacionados con el medioambiente, el mayor gasto corresponde a limpieza viaria (64,5 millones), parques y jardines (44 millones), gestión de residuos (41 millones) y gestión del agua (18,7 millones).

Recomendaciones. Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas emite un total de 12 recomendaciones. Entre ellas, las entidades locales deberían fijar objetivos sobre los programas presupuestarios de protección y mejora del medioambiente, así como establecer un sistema de indicadores que permita la adecuada medición de su cumplimiento.

Los ayuntamientos deberían aprobar la normativa propia que corresponda en materia de contaminación atmosférica, lumínica, acústica y de recogida de residuos en desarrollo de la legislación estatal y autonómica, así como llevar a cabo determinadas actuaciones previstas en la normativa sectorial correspondiente.

Las autoridades locales deberán ejercitar sus potestades de inspección y control sobre los distintos tipos de contaminación. Igualmente deberían poner en marcha nuevas orientaciones en materia de gestión de residuos domésticos, reciclaje y reutilización, además de las obligaciones previstas normativamente.

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Enlace al informe completo: Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.