Fiscalización de la contratación realizada por las diputaciones provinciales de Castilla y León en 2021
- El Consejo de Cuentas publica un informe que analiza el cumplimiento de los requisitos legales más significativos en el procedimiento de contratación de 60 expedientes de estas instituciones
- Las relaciones comunicadas incluyeron 717 contratos por un importe de adjudicación de 138,9 millones de euros y, además, comunicaron 9.577 contratos calificados como menores, cuyo importe ascendió a 19,8 millones
El propósito de este trabajo ha sido la realización de una auditoría de cumplimento de la legalidad en la contratación administrativa, con especial atención a las áreas señaladas en el informe anual de supervisión de la contratación pública en España 2021, emitido por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, en concreto en los riesgos detectados en el análisis de los recursos especiales.
Más específicamente, se comprueba en primer lugar el cumplimiento de la obligación de remisión de los contratos al Consejo de Cuentas. En segundo término, se verifica la legalidad de determinadas fases del procedimiento de contratación administrativa, como la redacción y definición de los criterios de adjudicación en los pliegos, la motivación de la resolución de adjudicación, especialmente la valoración de la oferta realizada por el órgano de contratación y la justificación, en su caso, de las exclusiones de los licitadores.
La fiscalización se refiere a la gestión contractual de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León comunicada a la Plataforma de Rendición de los Órganos de Control Externo, correspondiente al ejercicio 2021. No incluye la gestión contractual de otros entes dependientes de las diputaciones.
Para comprobar la observancia de los requisitos legales más significativos en el procedimiento de contratación se han seleccionado todos los contratos comunicados que superan los importes del artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, aquellos superiores a 600.000 euros en obras, concesiones de obras, concesiones de servicios y acuerdos marco; a 450.000 euros en suministros; y a 150.000 euros en servicios y contratos administrativos especiales.
Este criterio de selección afecta a 60 contratos, el 8% de los comunicados, con un importe de 93,1 millones de euros, lo que supone el 67% del total registrado. Por diputaciones la distribución de expedientes es la siguiente: Ávila 2; Burgos 11; León 8; Palencia 7; Salamanca 11, Segovia 4; Soria 5; Valladolid 4; y Zamora 8.
Las observaciones de los resultados del trabajo que se refieren a incumplimientos de las normas de contratación o de sus principios u objetivos generales, se han clasificado en incumplimientos muy significativos, entendiendo por tal los que de forma individual o en conjunto afectan a los principios generales de la contratación, no son aislados y tienen carácter generalizado; incumplimientos significativos, que afectan a los principios generales de la contratación, son aislados y no tienen carácter generalizado, e incumplimientos leves o poco significativos, que no inciden en los principios de contratación, siendo con frecuencia de carácter formal.
Además, se han diferenciado aquellos otros aspectos que, sin suponer incumplimiento normativo, se consideran prácticas contrarias a los principios de buena gestión o que no favorecen su aplicación.
Comunicación de los contratos. Las diputaciones han cumplido con la remisión de las relaciones certificadas de contratos adjudicados en 2021 a la Plataforma de Rendición de Cuentas de los Órganos de Control Externo. Las relaciones comunicadas incluyen un total de 717 contratos, por un importe de adjudicación de 138,9 millones de euros y, además, comunicaron 9.577 contratos menores, cuyo importe ascendió a 19,8 millones.
Excepto las Diputaciones de León y Soria, el resto incumplieron la obligación de remisión de los documentos de formalización de los contratos y de los extractos de los expedientes, antes de su requerimiento por el Consejo de Cuentas. Los extractos de los expedientes enviados por todas las diputaciones carecen de parte de la documentación obligatoria.
Actuaciones preparatorias de los contratos. Se han producido incumplimientos muy significativos, que suponen una aplicación incorrecta de las normas o que ha existido un elevado riesgo de que los contratos no se adjudicaron a los mejores licitadores, en uno de los dos contratos analizados de la Diputación de Ávila y en dos de los cinco contratos analizados de la Diputación de Soria.
Adjudicación de los contratos. En la resolución de adjudicación se detectan incumplimientos significativos en 10 contratos de tres diputaciones. En uno de ellos, de la Diputación de Palencia, se produce un incumplimiento muy significativo, relacionado con la retirada de una oferta antes de la adjudicación.
Recomendaciones. El Consejo de Cuentas realiza 5 recomendaciones. Entre ellas, las diputaciones deben establecer un protocolo que garantice el envío de las relaciones certificadas de los contratos adjudicados a la Plataforma de Rendición de los Órganos de Control Externo, así como los documentos de formalización y de los extractos de los contratos señalados en el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el plazo establecido. Asimismo, deberán remitir al portal de transparencia toda la información sobre la contratación realizada, de forma ordenada, estructurada y de fácil acceso.
Por otra parte, se recuerda especialmente a las Diputaciones de Burgos, Palencia y Zamora, la obligación de publicar la formalización y la incorporación del correspondiente documento contractual en el perfil de contratante, así como el envío del anuncio de formalización al Diario Oficial de la Unión Europea en los contratos sujetos a regulación armonizada.
Además, las diputaciones deben extremar el rigor para evitar que no se otorgue la mayor puntuación a la oferta económicamente más favorable o que no se publiquen documentos sustanciales de la licitación y del contrato. Deberán reflejar, con el suficiente desglose, los elementos tenidos en cuenta para la asignación de los puntos otorgados en las actas de las mesas de contratación, que deberán publicarse. Además, deberán garantizar que no se incluyen en el pliego de prescripciones técnicas clausulas correspondientes al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Finalmente, la Diputación de Palencia deberá finalizar la tramitación del expediente incoado en un contrato, a efectos de determinar la posible existencia de responsabilidades, en la retirada de la oferta antes de la adjudicación, así como la imposición, en su caso, de las penalidades correspondientes.
