Fiscalización de las cuentas anuales de la Universidad de Valladolid, ejercicio 2016
El Consejo de Cuentas hace público también hoy el Informe de fiscalización de las cuentas anuales de la UVa. El trabajo, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2018, tiene como objetivo analizar la organización administrativa y de gobierno de la Universidad, así como sus sistemas de control interno; verificar la legalidad en la aprobación y composición del presupuesto y de las cuentas rendidas; y analizar la situación económico-financiera.
Las actuaciones fiscalizadoras se han referido al ejercicio 2016 o curso 2016-2017, principalmente, analizándose también la evolución de determinados datos en el periodo 2014 a 2017. Los resultados del trabajo quedan reflejados en un total de 26 conclusiones.
-Conclusiones. Organización. La UVA ha experimentado un descenso generalizado en el número de alumnos. La matriculación total en el curso 2016/2017 respecto del anterior descendió un 3%, situándose en 21.029 alumnos. En recursos humanos, el número de efectivos al cierre de 2017 asciende a 3.735, aumentando en 37 respecto a 2016.
La UVA aprobó su primer y único plan estratégico para el periodo 2008-2014,
pero no ha establecido uno nuevo continuación del anterior, si bien ha elaborado unas líneas de política docente e investigadora de carácter bienal.
Sistemas de control de la actividad económico-financiera. Los medios personales del servicio de control interno, dependiente de la gerencia de la Universidad, resultan escasos para realizar su cometido, y por ello sus actuaciones siguen resultando insuficientes en relación al volumen de recursos gestionado.
Además, la falta de informes de seguimiento de recomendaciones, contemplados en sus programas anuales de control interno desde 2017, conlleva que no pueda constatarse la eficacia de las actuaciones realizadas. No obstante se han elaborado dos manuales, uno de fiscalización y otro de auditoría, que regulan tanto los procedimientos como los aspectos a comprobar. Desde finales de junio de 2018, el cargo de jefe del servicio de control interno figura en adscripción provisional en manos del anterior gerente de la UVA.
El Consejo Social no ha realizado las funciones previstas normativamente relativas a la supervisión de las actividades económicas y el rendimiento de los servicios, la supervisión del presupuesto, así como el control de las inversiones, gastos e ingresos, ni funciones de supervisión del servicio de control interno. Tampoco ha establecido normas para la gestión de los servicios administrativos y económicos, funciones encomendadas al gerente.
-Actividad económico-financiera. En la rendición de las cuentas anuales la UVA ha cumplido con los trámites y plazos establecidos, ajustándose, en términos generales, al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad.
La Comunidad Autónoma no ha establecido un marco regulatorio para la elaboración por las universidades públicas de las programaciones plurianuales. Desde la conclusión del contrato-programa relativo a la financiación universitaria 2007-2010, no se ha procedido a la firma de uno nuevo para los sucesivos ejercicios.
El consejo social de la UVA, ni ha aprobado una programación plurianual que recoja los escenarios presupuestarios plurianuales, ni ha reclamado del consejo de gobierno una propuesta en relación a esta programación.
La Universidad aprueba su presupuesto con posterioridad al inicio del ejercicio, por lo que cada año debe prorrogar automáticamente los del anterior.
El presupuesto definitivo de gastos alcanzó los 215 millones de euros en 2016 y los 221 millones en 2017, presentando una ejecución del 82% en ambos años. La ejecución de las inversiones reales fue tan solo del 43% (2016) y 52% (2017), lo que representa 24 millones sin invertir en cada ejercicio. En 2016, del total de las obligaciones reconocidas el 73% correspondió a gastos de personal (70% en 2017).
En el periodo 2014-2017 el resultado presupuestario fue positivo en todos los ejercicios excepto 2016, pasando de 12 millones en 2014 a 4 millones en 2017. El remanente de tesorería ascendió a 72 millones en 2017, que supone un incremento interanual del 9%.
La Comunidad Autónoma aportó el 61% de la financiación total con la que contó la UVA en este periodo. Los recursos totales aumentaron en 2017 respecto de 2014 en un 9%.
Situación financiera y patrimonial.Los indicadores relacionados con la liquidez ponen de manifiesto que existe una elevada e incluso excesiva capacidad para atender las obligaciones de vencimiento inferior a un año con el efectivo disponible. La UVA presenta unos bajos índices de endeudamiento, si bien aumenta del 13% en 2014 al 17% en 2017 debido al incremento de la deuda viva de los anticipos y préstamos reintegrables. La Universidad no tiene deudas con entidades financieras.
En el periodo 2014-2017 destaca una disminución del peso de los ingresos por prestación de servicios, pasando del 18% al 15%, debido principalmente a la disminución del número de alumnos, compensado por el aumento del peso de las transferencias y subvenciones, que en 2017 llegan al 80%. La estructura de gastos indica un 74% de media en personal.
Recomendaciones. El Consejo de Cuentas emite 7 recomendaciones. Entre ellas, la UVA debe impulsar la elaboración de un nuevo plan estratégico plurianual, en el que se especifiquen objetivos y prioridades, políticas generales, líneas de acción, programación de actuaciones y mecanismos de evaluación de los resultados alcanzados.
Con respecto al servicio de control interno, dependiente de la gerencia de la UVA, debe incardinarse tanto orgánica como funcionalmente dentro de la estructura del Consejo Social para que este pueda hacer frente de manera efectiva a las funciones que le corresponden.
Asimismo, debe aprobar sus presupuestos con anterioridad al comienzo del ejercicio de aplicación. Además, debería revisar las normas de ejecución presupuestaria, para evitar que se delegue la aprobación de ciertas modificaciones presupuestarias en órganos distintos del Consejo Social. Por otra parte, debe revisar el modo, procedimiento y órganos de participación en cuanto al cálculo, supervisión y aprobación del límite de gasto no financiero.
Finalmente, la Comunidad Autónoma debería establecer un marco regulatorio para la elaboración por las universidades públicas de las programaciones plurianuales.