La fiscalización de la Gerencia de Servicios Sociales manifiesta que alcanzó un gasto de 1.162 millones en 2022
- 975 millones, el 84% del gasto presupuestario, fueron destinados por el organismo de la Consejería de Familia a servicios sociales básicos e integración social, la atención a personas mayores, y la atención a personas con discapacidad
- Las transferencias y subvenciones recibidas por la Gerencia ascendieron a 1.122 millones. Un 55% de las transferencias corrientes procedió de la Consejería, un 45% de las entregas finalistas de la Administración del Estado, y el resto, de la Seguridad Social y del exterior
El Consejo de Cuentas divulga hoy su informe número 303, referido a la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Servicios Sociales de Castilla y León, en el que se recoge que, desde el punto de vista funcional, el 84% del gasto presupuestario en 2022 -que alcanzó los 1.162 millones de euros- se dedicó al principal programa, denominado "servicios sociales", lo que supuso un aumento de 104 millones (un 12% respecto a 2021) hasta alcanzar los 975 millones de euros.
El programa "servicios sociales" se divide en 7 subprogramas entre los que destacan cuantitativamente los servicios sociales básicos e integración social (406 millones); la atención a personas mayores (236) y la atención a personas con discapacidad (175).
El resto de los programas son el de "pensiones y otras prestaciones económicas" (160 millones); "promoción social" (14); "fomento del empleo" (11) y "transferencias a corporaciones locales" (2).
La opinión del Consejo de Cuentas en este informe entregado a las Cortes de Castilla y León anota que "la Cuenta General de la Gerencia se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables, y refleja de forma fiable su actividad económico-financiera, excepto por las salvedades que refleja el informe, entre las que destaca la falta de un inventario completo de bienes y derechos".
El trabajo subraya que, con motivo de la prórroga de los presupuestos de 2021 y tras las modificaciones incorporadas por 189 millones, el presupuesto definitivo de la Gerencia alcanzó los 1.246 millones.
En la liquidación de presupuesto de ingresos, el grado de ejecución fue del 96%, por lo que las previsiones definitivas de ingresos se materializaron en derechos reconocidos (1.198 millones), en un porcentaje adecuado. El 85% de dichos derechos correspondió a transferencias corrientes.
En la liquidación de gastos del organismo adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el grado de ejecución fue del 93%, por lo que los créditos definitivos se materializaron en obligaciones reconocidas (1.162 millones) en un porcentaje aceptable. El 94% correspondió a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, y transferencias corrientes.
Por la distribución provincial del gasto, casi el 47% de las obligaciones reconocidas están contabilizadas sin territorializar. La provincia donde se contabilizó más gasto de forma específica en términos absolutos fue Valladolid y la que menos Soria. El resultado presupuestario ajustado de 2022 fue de 66 millones y de 33 en 2021. La Gerencia presentó un remanente de tesorería no afectado de 65 millones, 36 más que en 2021.
Con relación a los gastos de personal, en 2022 trabajaron en la Gerencia el equivalente a 5.246 personas (32% personal temporal; 31% laboral fijo; 15% funcionarios de carrera; 11% laboral indefinido y otro 11% interinos). La temporalidad (internos y personal laboral temporal) era del 43%. El gasto en personal fue de 219 millones, un 3% más y un 19 del total del gasto presupuestario.
Respecto a los gastos corrientes en bienes y servicios, aumentaron en un 14% (36 millones) vía modificaciones presupuestarias, siendo los correspondientes a "Acciones en materia social" los únicos que estaban inicialmente necesitados de incremento.
Los gastos corrientes en bienes y servicios representaron el 22% de las obligaciones reconocidas netas. El mayor importe (el 80%) lo encabezan las acciones en materia social, que alcanzaron los 203 millones, destacando los conciertos y convenios a favor de discapacitados y personas mayores, cuyo importe ascendió a 175 millones.
En el capítulo de ingresos, las transferencias y subvenciones recibidas ascendieron a 1.122 millones, 156 más respecto a 2021 (un 16%). Las subvenciones se cifraron en 534 millones y las transferencias en 588. Un 55% de las transferencias corrientes procedió de la Consejería de Familia, un 45% a las transferencias finalistas de la Administración del Estado, y el resto, de la Administración de la Seguridad Social y del exterior.
Los derechos reconocidos netos por transferencias de capital se incrementaron un 93%, destacando el aumento de las procedentes de la Administración estatal (166%) y, sobre todo, el de las procedentes del exterior (412%). Las transferencias de la Administración autonómica se mantuvieron igual que en 2021. Toda la financiación estatal tiene carácter finalista, a diferencia de la procedente de la Junta. El mayor aumento fue destinado a la atención de personas dependientes, el bono social térmico, pensiones no contributivas y el plan de corresponsables.
Los fondos Next Generation EU financian actividades de la Gerencia relacionadas con el Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión. Así, reconoció derechos por estas líneas de ayudas por 8 millones en 2021 y 37 en 2022 cuando el importe real de la ayuda concedida fue de 40 millones en 2021 y de 62 en 2022, contabilizándose la diferencia como cobros pendientes de aplicar al presupuesto.
En el capítulo de gastos, las transferencias y subvenciones, por 667 millones, supusieron un 57% del total de obligaciones reconocidas netas, destinándose en más de un 70% a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Entre las subvenciones corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro se incluyen las prestaciones a dependientes (205 millones) y las pensiones no contributivas (139).
En la opinión del Consejo, este anota varias salvedades, entre ellas la falta de un inventario completo de bienes y derechos, así como la no contabilización de algunas bajas de inmovilizado; la incorrecta tramitación de los expedientes tanto de generación como de minoración de créditos, o la sobrevaloración tanto de ingresos como de gastos por el importe de las pensiones no contributivas.
Además, en el cálculo del resultado presupuestario ajustado, así como del remanente de tesorería, no se consideran las desviaciones de financiación, al menos en lo referente a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Recomendaciones. El Consejo formula tres; en primer lugar, al realizar la propuesta de los créditos necesarios para gastos de personal en cada ejercicio, debería tenerse en cuenta la alta temporalidad de las relaciones laborales en la Gerencia debido a la naturaleza de su actividad y a la composición de su personal.
Por otra parte, la Gerencia no debería incluir en la propuesta de incorporación del remanente de tesorería al ejercicio siguiente, como remanente de tesorería para gastos generales, los derechos pendientes de cobro que se consideren de muy difícil o imposible recaudación si estos no se han dado de baja en la contabilidad, a fin de mejorar la imagen fiel de los recursos de la tesorería de la entidad.
Finalmente, la Gerencia debe avanzar en la actualización del inventario de bienes y derechos a efectos de garantizar la constancia registral de la realidad del inmovilizado material.
La Gerencia de Servicios Sociales fue creada por la Ley 2/1995 como organismo autónomo adscrito a la Consejería competente en esta materia, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios. Así, le corresponde ejecutar las competencias de administración y gestión de los centros, servicios y programas sociales que le encomiende la Junta de Castilla y León.
