Consejo de Cuentas de Castilla y León

La iniciativa de este informe, que el Consejo de Cuentas realiza por segundo año consecutivo, partió de la Comisión de Coordinación en el ámbito local del Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo.

Esta auditoría, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones 2018, es fundamentalmente de cumplimiento de legalidad, aunque también tiene una parte operativa en lo referente al análisis de los sistemas de control interno de las entidades locales. Su objetivo es verificar el cumplimiento de la obligación de remitir información sobre los acuerdos contrarios a reparos formulados por los interventores locales, los expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos, así como determinar las causas que dieron lugar a estas situaciones. Asimismo, el trabajo se propone identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la información remitida por los interventores.

El informe contiene una parte general con datos agregados de la información correspondiente a 2016 remitida por los órganos de intervención y otra parte específica donde se examina la documentación sobre una muestra de expedientes que incluye los 13 ayuntamientos de más de 25.000 habitantes y las 9 diputaciones.

Conclusiones. Los resultados del trabajo quedan reflejados en un total de 48 conclusiones referidas tanto a los datos agregados de las entidades locales de la comunidad autónoma, al conjunto de las 22 entidades de la muestra, como al análisis específico de las 14 que tienen expedientes en alguno de los tres apartados analizados.

Datos agregados de las entidades locales de Castilla y León. A 31 de diciembre de 2017, el índice de cumplimiento de la obligación de remisión de información se sitúa en el 75% si se excluyen las entidades locales menores. Del total de entidades que remitieron información, el 58,2% lo hicieron dentro del plazo legal, observándose una clara mejoría en relación al ejercicio anterior. Respecto a la información remitida, el 95,9% de las entidades emitieron certificación negativa para acreditar la ausencia de incidencias en los tres apartados, 1,2 puntos más que en 2015.

Las entidades que comunicaron la existencia de acuerdos contrarios a reparos fueron 97. En total se presentaron 2.661 acuerdos, por un importe de 96,6 millones de euros. Respecto al ejercicio anterior disminuyen en 19 el número de entidades y en 424 los acuerdos, si bien en 2016 se incrementa el importe en 7,5 millones de euros. Del total de acuerdos comunicados, los ayuntamientos concentran el 90,9% y, más concretamente, los mayores de 25.000 habitantes el 57,5% de los acuerdos y el 64,9% de su importe.

Un total de 26 entidades presentan expedientes con omisión de fiscalización previa. Suman 223 expedientes, con un importe de 11,8 millones de euros. En relación al ejercicio anterior disminuye en 33 el número de expedientes, pero aumenta en 3 el número de entidades y en 1,6 millones de euros el importe agregado. Los ayuntamientos siguen concentrando la mayoría de los expedientes, fundamentalmente los mayores de 25.000 habitantes (61% de los acuerdos comunicados y 84,8% del importe).

La mayoría de las entidades comunica con certificación negativa que no se han detectado anomalías en la gestión de los ingresos. Al igual que en el ejercicio precedente, únicamente 15 presentan información, que suman 210 anomalías (258 en 2015) por importe de 35,4 millones de euros, más del doble que el año anterior.

Sobre las entidades de la muestra. De las 22 entidades de la muestra, la mitad ha comunicado la existencia de acuerdos contrarios a reparos, sumando 1.701 por importe de 83,9 millones de euros. En relación al ejercicio anterior se incrementa una entidad, 111 acuerdos y 7,3 millones. Dos ayuntamientos siguen concentrando más del 85% de los acuerdos. La modalidad de gasto en que se produce un mayor número de acuerdos contrarios a reparos (74,3%) continúa siendo contratación.

Diez entidades comunican 198 expedientes con omisión de fiscalización previa por importe de 11,5 millones de euros. Más de la mitad de los expedientes son de contratación.

Finalmente, cuatro entidades comunican 183 expedientes con anomalías en los ingresos, un 83% de las cuales afectan a un solo ayuntamiento.

Recomendaciones.El Consejo de Cuentas mantiene las recomendaciones que realizó en el informe referido a los ejercicios 2014 y 2015. Entre ellas, plantea que las entidades locales adopten medidas para garantizar una dimensión suficiente de las dotaciones de personal adscrito a los órganos de control interno, para desarrollar adecuadamente sus funciones.

En las entidades que tienen implantado el sistema de fiscalización limitada previa, los órganos de control interno deben realizar la fiscalización plena posterior, mediante técnicas de muestreo o auditoría.

Además, deben analizar las prácticas que dan lugar a reparos reiterativos por los órganos de intervención, que son finalmente solventados mediante acuerdos de los órganos de gobierno contrarios a los mismos, y adoptar medidas para evitar que tales incidencias se sigan produciendo, así como depurar las responsabilidades que puedan derivarse de las mismas.

Asimismo, deben implantarse procedimientos de gestión adecuados que garanticen el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con la suficiente antelación para evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual.

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Enlace al informe completo: Informe sobre los acuerdos contrarios a reparos en las entidades locales de la comunidad autónoma, así como la información remitida en virtud del artículo 218 del TRLRHL, ejercicio 2016, en colaboración con el Tribunal de Cuentas