• Se aplicaron de forma íntegra o parcial un 56% de las recomendaciones (131 de las 232 analizadas), con un incremento de 14 puntos respecto a 2018
  • El grado de aceptación se eleva al 69%, 8 puntos más que el año pasado, si se tienen en cuenta las 29 (13%) que fueron tomadas en consideración
  • El grado de cumplimiento de la Junta, única administración fiscalizada todos los años, aumentó 29 puntos, pasando de un 31% en 2018 a un 60%

Este informe se realiza a raíz de la Ley 4/2013 de reforma de las Instituciones Propias de la Comunidad, siendo por tanto el séptimo que se realiza para revisar las indicaciones contenidas en los 18 trabajos de fiscalización llevados a cabo en 2019, y del mismo dará cuenta el presidente del Consejo, Mario Amilivia, en las Cortes, tal como establece la normativa.

Imagen de un pleno del Consejo

El objetivo fundamental es determinar si se han aplicado adecuadamente las recomendaciones, tomando como referencia para el análisis las contestaciones que han sido remitidas por los entes auditados durante el anterior ejercicio. Desde el año 2017 se ha introducido en la tramitación un segundo periodo de consultas a fin de que los entes fiscalizados conozcan la valoración del Consejo sobre las contestaciones dadas y puedan, de esta manera alegar sobre dicha valoración.

En los dos primeros meses de cada ejercicio, el presidente solicita a los responsables de los entes auditados información detallada sobre el cumplimiento  de las indicaciones de la institución. Este año, por efecto de la pandemia, la primera comunicación a los entes fiscalizados  se hizo una vez terminó el estado de alarma y el segundo periodo de consultas a principios de septiembre.

Las recomendaciones son una consecuencia de las fiscalizaciones y su cumplimiento implica una mejora de la gestión de los recursos públicos. Con relación a 2018 se ha mejorado en 8 puntos el grado de aceptación de las recomendaciones del Consejo, pasando del 61% al 69%, porcentaje en el que se tienen en cuenta tanto las que se considera que se han cumplido total o parcialmente como aquellas en las que solo se manifiesta su conformidad.

En cuanto al cumplimiento, de acuerdo con las contestaciones de los entes fiscalizados, el Consejo considera que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial 131 de las 232 analizadas, el 56%, el mejor porcentaje de la serie histórica. Se ha registrado un notable incremento de 14 puntos porcentuales respecto del 42% (72 de 172) obtenido en el informe del ejercicio 2018. En 2017 se alcanzó un 46%, en 2016 un 42%, en 2015 un 34%, en 2014 un 50% y en 2013 un 38%).

En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas: las diputaciones el 64% (29 de 45); los municipios el 54% (81 de 150); la Junta de Castilla y León el 60% (21 de 35). La Fundación Siglo, finalmente, no ha cumplido ninguna de las recomendaciones enviadas.

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, experimentó un importante ascenso de 29 puntos sobre el año anterior, obteniendo una clara mejora respecto a los ejercicios anteriores: un 13% de cumplimiento total o parcial en 2013; un 20% en 2014; 22% en 2015; 22% en 2016; 32% en 2017 y 31% en 2018, hasta alcanzarse el 60% en 2019.

Como en anteriores informes, el Consejo de Cuentas valora positivamente las mejoras introducidas mediante la aplicación de las recomendaciones, si bien insta a la puesta en práctica de aquellas no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.

Consejo de Cuentas de Castilla y León