Consejo de Cuentas de Castilla y León

El objetivo general de esta auditoría operativa -correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2020- es realizar un análisis sobre determinados aspectos de la situación y actividad económico-financiera, así como de la ejecución funcional del gasto de las entidades del sector público autonómico sujetas al régimen de contabilidad pública. La información utilizada es la contenida en la Cuenta General de la Comunidad rendida de los ejercicios 2015 a 2018.

Conclusiones. Los resultados del trabajo quedan reflejados en un total de 29 conclusiones. Magnitudes e indicadores presupuestarios.Los gastos presupuestarios ejecutados en 2018 ascienden a 10.668 millones de euros, un 4% más que en 2015. El grado de ejecución en 2018 se sitúa en el 94%, menor que en ejercicios anteriores.La ejecución de ingresos en 2018 asciende a 10.925 millones, un 2% más que la de 2015. El grado de ejecución de ingresos se sitúa en el 100% en 2018, tres puntos más que en 2015.

La autonomía en el ámbito presupuestario se ha incrementado en el periodo, ya que las transferencias recibidas, las corrientes -no así las de capital- se han incrementado y los ingresos tributarios también, mientras que ha disminuido la necesidad de recurrir a la emisión de pasivos financieros.

El índice de la carga financiera global de la deuda (gastos financieros y amortizaciones en relación a ingresos corrientes) pasa de un 18% en 2015 a un 16% en 2018, lo que provoca un impacto menos negativo al final del periodo para atender el funcionamiento de los servicios.

El margen de funcionamiento (capacidad para generar recursos de las operaciones corrientes sin considerar las transferencias) experimenta una tendencia favorable y por primera vez alcanza valores positivos en 2018, con 23 millones de euros. Si en este margen se tiene en cuenta el impacto de las transferencias corrientes, el ahorro bruto (diferencia entre derechos y obligaciones de operaciones corrientes) muestra también tendencia favorable, al pasar su importe de -258 millones en 2015 a 392 millones en 2018. Si al ahorro bruto se deduce la amortización de la deuda, el ahorro neto obtenido resulta negativo por importe de ‑825 millones en 2018, un 39% menos que 2015. Así, el margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a inversiones.

Las necesidades de financiación (resultado presupuestario de las operaciones no financieras) ascienden en 2018 a 208 millones, si bien han disminuido significativamente un 76% con respecto a las existentes en 2015, año en que aquellas eran de 864 millones. 

El resultado presupuestario (diferencia entre ingresos y gastos totales liquidados) presenta una tendencia descendente, ya que en 2015 su saldo fue positivo por importe de 409 millones, mientras que en 2018 el superávit era de 257 millones. Su evolución está condicionada al recurso al endeudamiento que permite atender las necesidades de financiación en cada ejercicio.

Balance de situación agregado. La evolución refleja una disminución significativa del patrimonio neto (diferencia entre activo y pasivo), cuyo importe desciende un 41% con respecto al 2015, situándose en los 1.720 millones en 2018. 

En 2018 la diferencia entre el activo y el pasivo corriente presenta desequilibrio, con unas necesidades de financiación para atender sus obligaciones a corto plazo de 239 millones, superior a los 116 millones que se precisaban en 2015. Consecuencia de ello es una situación que genera tensiones de liquidez, con tendencia desfavorable.

El indicador de endeudamiento general (deuda total en relación al activo total) experimenta una tendencia desfavorable, pasando del 83% en 2015 al 90% en 2018. Los indicadores de endeudamiento ponen de manifiesto que aumenta la dependencia de las entidades de crédito y/o de la emisión de deuda para obtener financiación. La deuda soportada por cada castellano y leonés se incrementa hasta los 6.343 euros por habitante en 2018, cuando en 2015 fue de 5.820 euros.

Evolución de las áreas y políticas de gasto.De las seis áreas de gasto contempladas en la liquidación del presupuesto de la Comunidad, la de Sanidad, educación y cultura, con 5.927 millones de euros, supone el 56% del gasto total en 2018, habiéndose incrementado un 3% con respecto a 2015. Por otra parte, el mayor aumento de gasto en el periodo fiscalizado, tanto en términos absolutos como relativos, corresponde a los 326 millones destinados a sufragar la amortización y los gastos financieros de la Deuda pública, que ha aumentado un 33% y alcanza los 1.326 millones de euros en 2018, un 12% del total. También crece, un 11%, el área de Protección y promoción social, hasta llegar a los 1.160 millones. Por el contrario el gasto en Sectores económicos baja en 233 millones, el mayor descenso de todas las áreas presupuestarias con un 10%, situándose en 2.023 millones en 2018. Los gastos menos significativos son los de Servicios de carácter general y los de Justicia, defensa y seguridad que representan el 2% y el 0,1%, respectivamente.

Si se analizan las políticas de gasto de las áreas anteriores, Sanidad con 3.714 millones, es la que mayor peso relativo supone, con un 35%. Ha experimentado una tendencia ascendente, incrementándose un 3%. A continuación le sigue, Educación, cuyo gasto asciende a 2.123 millones y supone un 20%, con un incremento del 5%, siendo la política que más aumenta en términos absolutos, 96 millones, al margen de la Deuda pública. 

Recomendaciones. El informe realiza 4 recomendaciones orientadas fundamentalmente a observar, vigilar y en su caso realizar actuaciones tendentes a corregir el comportamiento y evolución de determinadas magnitudes e indicadores. En todo caso, debe tenerse en cuenta que los efectos que pueda causar la pandemia generada por la Covid-19 no aparecen recogidos.