Consejo de Cuentas de Castilla y León

Los órganos de control externo de las administraciones (Cámara de Cuentas de Aragón y Consejo de Cuentas de Castilla y León) han sido hoy taxativos al sostener que el trabajo que realizan podría mejorar ostensiblemente si se llevan a cabo por los Parlamentos autonómicos diferentes modificaciones normativas y se impulsan medidas para reforzarlos en cuanto a medios y personal.

Así se ha destacado hoy en la jornada "Acercando las instituciones a la sociedad" que, organizada por las Cortes de Castilla y León y Diario de León, ha tenido como centro del debate al Consejo de Cuentas de la Comunidad de Castilla y León. En el club de prensa del referido rotativo se han dado cita los presidentes del órgano de control de Aragón, la Cámara de Cuentas, y del Consejo de Cuentas, con sede en Palencia, Alfonso Peña y Mario Amilivia, respectivamente. El lema del coloquio, con entrada libre, "El control externo como garantía de una buena administración".

Amilivia puso de manifiesto que estos órganos suponen "una garantía de una buena administración, de calidad democrática, de transparencia, de mejor control del dinero público y de una buena gestión de las administraciones", por lo que "para hablar en España de buenas administraciones, el debate no está en cuestionar su independencia, sino en fortalecer a estos órganos de control externo". Para el ex alcalde de León, también expresidente del Consejo Consultivo autonómico, "tienen que existir mecanismos de control tanto previos como a posteriori que garanticen el derecho a una buena administración y que eviten el fraude y la corrupción".

También reivindicó ante el preside nte del Parlamento autonómico una regulación que permita que las comparecencias en las Cortes se sincronicen lo más ajustadamente posible a la aprobación de los informes de fiscalización. Además, se reflexionó sobre la posibilidad de implementar multas coercitivas y la retención condicionada de pagos y subvenciones a las administraciones que no rindan cuentas. La realidad, expuso, es que aquellos órganos de control que estimulan con estas medidas a las administraciones están consiguiendo mejores indicadores de rendimiento, cuestión a tener muy en cuenta.

En este sentido, Amilivia apuntó que este año la rendición de cuentas del ejercicio 2018 "va peor que el año pasado", por lo que reclamó un ejercicio de responsabilidad al conjunto del sector público de la Comunidad para que cumplan con esta obligación, cuyo plazo legal expira el próximo 31 de octubre.

El debate ha girado en torno a la historia y trayectoria de estos órganos, nacidos de la arquitectura descentralizadora propugnada desde la Constitución del 78. Aunque complementario con el Tribunal de Cuentas del Reino de España en relación con algunos de los informes realizados a lo largo del ejercicio, Mario Amilivia precisó que en dos décadas el Tribunal de Cuentas realizó apenas 49 informes de fiscalización relacionados con Castilla y León, frente a los más de 180 aprobados por el Consejo de Cuentas desde el año 2003. Teniendo en cuenta, además, que el Tribunal de Cuerntas nos fiscalizaba las entidades locales menores ni municipios de tamaño inferior a los 5.000 habitantes. El trabajo que realiza el Consejo "es un plus de garantía democrática para Castilla y León, un plus de derecho a una buena administración, un órgano de transparencia, un instrumenro de fiscalización (sobre un montante de 15.000 millones de euros, el 75% correspondiente al Ejecutivo autronómico) y un instrumento de control político", generando todo ello un "impacto económico" que se materializa en la mejora de la gestión de las administraciones y en el ahorro de dinero público. 

Por tanto, abogó por zanjar el debate en torno a estos órganos de control: "La queja del enfermo no es el nombre de su enfermedad....El camino no es limitar a las instituciones, sino el remedio, la cura de la enfermedad", reflexionó Amilivia.

Amilivia coincidió con Peña en la idoneidad de potenciar las fiscalizaciones de rendimiento u operativas porque contienen un análisis y conclusiones y recomendaciones sobre asuntos de candente actualidad. También se puso sobre el tapete lo atípico que resulta que el Consejo de Cuentas de Castilla y León sea el único órgano de control OCEx que no aprueba su propio Plan Anual de Fiscalizaciones (lo hacen las Cortes), siendo el único que no lo hace. En este sentido, Amilivia desgranó que entre las próximas fiscalizaciones a realizar figura la relativa a la despoblación en la Comunidad.

Han asistido al debate, entre otras autoridades, el alcalde de León, José Antonio Díez, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el delegados territorial, Juan Martínez. Así como representantes del mundo empresarial y sindical de León.