El presidente del Consejo expone en el Congreso de los Diputados la fiscalización de la contratación autonómica vinculada a la COVID
- Amilivia recuerda que, en opinión del órgano autonómico de control externo, la Administración cumplió razonablemente con la legalidad aplicable a la tramitación de emergencia en la contratación vinculada a la crisis sanitaria
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, compareció ayer por la tarde en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los procesos de contratación de material sanitario durante la pandemia.
Amilivia expuso las cuestiones fundamentales de la fiscalización de la contratación pública, vinculada a la COVID-19, celebrada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2020. Informe que fue publicado el 19 de diciembre de 2022.
El propósito de este trabajo, expuso, fue la realización de una fiscalización de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los contratos definidos en el ámbito objetivo y temporal, verificando la observancia de las prescripciones que rigen su adecuada formalización y registro en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación.
En opinión del Consejo de Cuentas, la Administración autonómica cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la tramitación de emergencia en la contratación vinculada a la pandemia adjudicada en 2020, excepto por determinadas salvedades que recoge el informe.
En la comparecencia, subrayó las principales recomendaciones que realizó el Consejo de Cuentas a la Administración. En esta línea, el registro adecuado de toda la contratación de emergencia en el Registro Público de Contratos de Castilla y León, detallando la que tiene su causa en la pandemia; o el cumplimiento de las obligaciones de publicidad de las adjudicaciones y formalizaciones de los contratos de emergencia.
Preguntado al respecto sobre las medidas que podrían adoptarse para mejorar estos procesos de contratación, Amilivia se mostró favorable a que, en su caso, se cambie la ley a fin de que las empresas deban acreditar su solvencia en los contratos de emergencia.
También comparecieron ayer los máximos responsables de los órganos fiscalizadores del País Vasco y Galicia.
