Consejo de Cuentas de Castilla y León

El objetivo de este trabajo de mandato legal, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones 2018, es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna. Asimismo, presenta las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras a nivel agregado y verifica el cumplimiento de la remisión de información sobre la contratación administrativa.

Conclusiones. Los resultados del trabajo quedan reflejados en un total de 33 conclusiones referidas al sector público local de Castilla y León, que está integrado por un total de 4.751 entidades locales y 191 entes dependientes.

Rendición de cuentas. A 31 de diciembre de 2018 (fecha de cierre a efectos del análisis del informe) rindió la cuenta general de 2017 un total de 3.667 entidades locales, que representan el 77,2% del total, lo que supone un ligero incremento respecto al 76,6% alcanzado en el ejercicio anterior.

La rendición de cuentas de los ayuntamientos disminuye 3,1 puntos porcentuales, al pasar del 82,7% correspondiente a las cuentas de 2016 al 79,6% de las relativas a 2017. La comparación por comunidades autónomas, pone de manifiesto que Castilla y León presenta valores ligeramente superiores a la media nacional (78,3%), pero cada vez más alejados de los mejores resultados 

(cinco comunidades se sitúan entre el 88% y el 97%). En el origen de estas diferencias se encuentra la adopción, por parte de estas últimas, de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones a la rendición de cuentas.

En referencia a los incumplimientos, tomando como referencia el periodo 2012-2017, hay 231 ayuntamientos, el 10,3% del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios y, entre ellos, 36 que no han rendido ninguna. De estos últimos, 1 municipio tiene más de 1.000 habitantes, 4 entre 500 y 1.000 y los 31 restantes son menores de 500 habitantes, la mitad de ellos con menos de 100.

En cuanto a la evolución de la rendición de cuentas de las entidades locales menores, está relacionada con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que permitió pasar de índices mínimos (1,3% en 2008) a un 94,4% en la cuenta de 2013, con datos a cierre de los ejercicios. Sin embargo, posteriormente se produce un retroceso significativo, situándose dicho índice en el 76,5% para la cuenta de 2017, si bien mejora en 3,5 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras. En relación al total de las cuentas rendidas de 2017, en conjunto, el presupuesto agregado de ingresos de las entidades locales

de la comunidad ascendió a 3.552,5 millones y el de gastos a 3.544,9 millones, con un superávit global de 7,5 millones.

Los municipios gestionan en torno al 70% del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales. Por su parte, las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 26% del total. El resto de entidades locales en conjunto gestionó un 4%.

En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, en la práctica totalidad de las entidades locales (99,2%) resultó positivo, alcanzando el importe agregado total 1.159,6 millones de euros. Además, en el periodo analizado (2014-2017) presenta una trayectoria ascendente en todos los ejercicios, con un crecimiento global del 34,4%.

Asimismo, los fondos líquidos de tesorería experimentan también una tendencia creciente en dicho periodo, con un incremento del 37,2% en términos agregados, hasta alcanzar 1.302 millones de euros. En el caso de los ayuntamientos el crecimiento es un 55%.

En cuanto al pasivo financiero, en 2017 descendió un 13,5% el importe de la deuda viva de las entidades locales, que de forma agregada sumaba 959 millones de euros. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 60,4% y a las diputaciones el 15,7%. La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2014 y 2017 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios del periodo, con una disminución global del 32,5%.

Contratación administrativa. Las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, certificación negativa. Al cierre de 2017, un total de 3.558 entes del sector público local (74,9% del total) habían remitido la información contractual, habiéndose producido una mejora con relación al ejercicio anterior  de 3,7 puntos.

Según la información comunicada, en 2017 se formalizaron 1.413 contratos  por las entidades locales de la Comunidad (con exclusión de los contratos menores), con un importe de adjudicación de 286 millones de euros. Atendiendo al objeto del contrato, los de mayor peso son los contratos de obras y los de servicios.

Recomendaciones. Teniendo en cuenta los resultados del informe, el Consejo de Cuentas considera que mantienen su vigencia las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos (OCEX) con fecha 21 de junio de 2017: “Declaración sobre las medidas para estimular la rendición de cuentas de las Entidades Locales” y “Declaración sobre las modificaciones legales para promover la reducción de los plazos de rendición de las cuentas del Sector Público”.

Enlace al informe completo: Informe anual sobre las cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2017